El régimen de protección que ofrece ayuda financiera a chicos y adolescentes en tratamiento tiene una partida más baja que la de 2023, cuando fue creado por ley. Y de los 1.007 millones presupuestados para 2025, todavía no se registra ejecución. En el mismo período, el Ejecutivo amplió 420% el dinero disponible para el rubro “conducción” del Instituto Nacional del Cáncer, que dejó de ser un organismo descentralizado del Estado.
En marzo, el Gobierno anunció que el Instituto Nacional del Cáncer dejaría de existir como un organismo descentralizado del Estado para pasar a depender directamente del Ministerio de Salud, una decisión que el comunicado oficial justificaba como una medida en pos de tener “un mayor control de las acciones y cumplir con sus funciones de una manera más eficiente”.
Sin embargo, las actividades dependientes del programa de Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer no tuvieron ninguna actualización de presupuesto respecto a 2024, y, del Régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer, garantizado por la ley 27.674, no se devengó ni un solo peso de los $ 1.007 millones que tenía disponibles para el ejercicio de 2025 ($ 500 millones menos que en 2023 en términos corrientes).
Según puede leerse en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso para este año (que nunca se aprobó), este régimen tiene el objetivo de “garantizar el acceso gratuito, adecuado y oportuno de la cobertura sanitaria desde un enfoque de derechos y en todas las fases de la enfermedad”. Entre otras cosas, contemplaba una ayuda económica provista por Anses –e implementada a través del INC– para los pacientes menores de 18 años de edad que se encontraran en tratamiento.
Según Perfil, en la distribución de las asignaciones, y según puede consultarse en los datos abiertos, el rubro orientado a la conducción y administración pasó de los $ 702 millones en 2023 a los $ 3.655 millones en 2025, mientras el de las acciones destinadas a la detección temprana de las enfermedades escalaron de los $ 205 millones en 2023 a los $ 336 millones en 2025 (63% en el mismo período). Por otro lado, el régimen de protección integral pasó de los $ 1.500 millones en 2023 –año en el que se promulgó la ley– a los $ 1.007 millones en 2025, una reducción del 33,4%.
En la proyección de gastos que el Ejecutivo preparó para la Legislatura el Régimen de protección integral del niño y adolescente con cáncer iba a contar con $ 2.312 millones ($ 1.300 millones más que lo que efectivamente se le consignó); la Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer con $ 722 millones ($ 386 millones más que los actuales) y las tareas de conducción, en cambio, iban disponer de $ 3.498. En este último caso, el presupuesto actual supera al que el Ejecutivo había ampliado en los cálculos para 2025.
Los argumentos de Milei para darlo de baja
El Instituto Nacional del Cáncer, creado por decreto en 2010, tenía el objetivo de “apoyar la formación y capacitación de investigadores en todas las áreas relacionadas con el estudio de la enfermedad y proveer los medios para el conocimiento detallado de la incidencia y localización geográfica de los distintos tumores y la efectividad de su diagnóstico y tratamiento”. El organismo confeccionó guías de cuidado para capacitación de profesionales de la salud y desarrolló el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer.
A entender de Milei, este Instituto perseguía los mismos objetivos que la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud, por lo que consideró “necesario” que, para que su trabajo sea más eficiente, sus funciones se lleven a cabo mediante una unidad integrante del Ministerio de Salud.
“El Instituto Nacional del Cáncer se transforma en unidad interna del Ministerio de Salud. Se mantienen los programas, el equipo técnico y las líneas de trabajo. Continuarán sus funciones con un perfil técnico despolitizado”, señaló el Ministerio de Salud en las redes sociales, y aclaró que este cuerpo se integrará a la Secretaría de Gestión Sanitaria, para “mejorar la coordinación y “evitar duplicaciones”.
“Los registros que el Instituto tiene a su cargo continuarán plenamente operativos bajo el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa), a cargo del Ministerio de Salud, así como el cumplimiento del Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”, indicó el decreto.