La resolución de la jueza porteña Elena Liberatori prohibiendo la instalación de cámaras de seguridad en establecimientos educativos de la Ciudad continúa generando polémica. Sobre el tema, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, remarcó que el fallo no es general sino que únicamente afecta a dos escuelas.
"Tenemos 1200 escuelas y esto se va a instalar en 92, hay dos en las que la jueza no permite, en el resto si se va a implementar el plan", afirmó el ministro por Radio 10, remarcando que estas escuelas fueron incluídas en el programa porque ?pidieron medidas de prevención y de seguridad?.
Bullrich relató que el programa incluye no sólo edificios escolares sino también del Gobierno de la Ciudad y que responde a la prevención de hechos violentos. ?Han tenido actos de vandalismo y robo de computadoras o teléfonos. Se planteó cámaras de seguridad que apunten para afuera del edificio. Le presentamos a la jueza Liberatore un escrito con el protocolo de cámaras. El objetivo es cuidar el edificio y el material", afirmó el funcionario porteño, comentando también que en la zona sur de la Ciudad ?en una escuela tienen que lidiar con bandas que quieren vender drogas dentro de la escuela?.
Tras destacar que el denunciante que inició la acción de amparo ?fue candidato opositor?, Bullrich afirmó que en la causa ?hay un componente político?.
"Quieren agitar a los alumnos, las cámaras no son para los colegios que fueron tomados, son colegios que nos pidieron las cámaras porque sufrieron hechos de vandalismo o robos?, subrayó Bullrich.
Y concluyó: "Lo que queremos es cuidar mejor a las escuelas. Se genera un debate sobre si la cámara tiene que estar afuera del colegio en lugar de discutir modelos educativos, reducir la violencia escolar, trabajar como sociedad para mejorar las condiciones como los chicos aprenden y los maestros enseñan. El progresismo busca progresar, decir que esto es progresismo es bastardear la palabra".
Por su parte, en diálogo con radio Belgrano, el gremialista Alejandro Demichelis, secretario adjunto de UTE-CTERA Capital expresó su posición en contra del plan.
"Poner cámaras en un espacio donde hay menores me parece una violación al derecho de la privacidad, a la intimidad. No nos parece que tienen que estar dentro de la escuela?, dijo.
"Por otro lado, hay que decir que desde el Gobierno han habido escuchas ilegales, cosa que genera suspicacia. Estamos de acuerdo con la jueza Liberatori que hay que seguir manteniendo la privacidad?, finalizó.
