La Legislatura trató y aprobó por 29 votos a favor y 10 en contra esta madrugada, el proyecto de ley de Uniones Civiles que contempla otorgarles derechos vinculados con la seguridad social, similares a los que tienen los matrimonios, a las parejas de distinto o del mismo sexo que se inscriban en un registro. La propuesta fue incluida en el orden del día en el cuarto lugar de las preferencias con despacho. Para presionar por su tratamiento, un grupo de manifestantes de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), liderados por su presidente, César Cigliuti, concurrió al Parlamento porteño y se mantuvo al pie del cañón hasta altas horas de la noche, una vez que los diputados no aceptaron alterar el orden del día tal como proponía la bullanguera barra del corazoncito rojo.
También desde la otra vereda se hicieron presentes, con la complicidad de algún legislador, algunos grupitos de jóvenes que se oponían al proyecto pero en ningún momento pasó mas que algún grito. Finalmente, después que distintos diputados le hicieron entender a Cigliuti y Cía que lo iban a tratar pero a su debido tiempo, y que el propio vicepresidente los "retara" por el exceso de presión, la CHA y sus aliados, se tranquilizaron un poco.
El proyecto de uniones civiles fue redactado por la jueza Graciela Medina, presentado en la Legislatura por el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliuti, y Flavio Rapisardi y tomado como propio por el diputado porteño Roque Bellomo (FG) entre otros. También el legislador Enrique Rodríguez (Forja 2001) presentó una propuesta similar.
Ambas iniciativas fueron enviadas a las comisiones legislativas de Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Éstas emitieron tres despachos en minoría. El que tuvo más consenso fue votado por los diputados Héctor Costanzo (UCR), Oscar Moscariello (PDP), Raúl Puy (PS), Enrique Rodríguez (Forja 2001), Roque Bellomo (FG), Alicia Pierini (PJ), Irma Gerch (UCR), Roy Cortina (PS), Luis García Conde (ARI), Lía Méndez (PH) y Jorge Altamira (PO).
Este despacho -que fue la base del que se aprobó- propone que se establezca un registro de uniones civiles en el que podrán inscribirse las personas con independencia de su sexo u orientación sexual, que -salvo que entre sus integrantes haya descendencia común- hayan convivido en una relación de afectividad estable por un período mínimo de dos años -que deberá ser probado por al menos dos testigos- y que residan en la Ciudad de Buenos Aires desde por lo menos dos años antes a la fecha de solicitud de inscripción.
Según este despacho, no podrán establecer una unión civil los menores de edad, los parientes por consanguinidad ascendiente y descendiente, los hermanos o medio hermanos, los parientes por adopción, los que estén unidos en matrimonio y los declarados incapaces. También se plantea que la unión civil podrá ser disuelta por mutuo acuerdo, voluntad unilateral de uno de los miembros de la unión civil -en este caso bastaría con la acreditación de uno de los integrantes de la pareja de que ha notificado al otro su voluntad de disolverla- o matrimonio posterior o muerte de uno de los integrantes. A los registrados se les otorgarán los mismos derechos, obligaciones y beneficios que los cónyuges con respecto a toda la normativa dictada por la Ciudad.
Otro despacho en minoría fue votado por la legisladora Juliana Marino (Peronismo Independiente), pero retiró el mismo a la hora de votar en particular. Las diferencias fundamentales con el anterior son que propone eliminar el plazo de dos años de convivencia previo al registro y que establece que la disolución de la unión por mutuo acuerdo o por voluntad de uno de los miembros recién pueda registrarse después del período que establece la legislación de fondo para el divorcio vincular. En cuanto a los derechos y obligaciones de los registrados, los equipara con los establecidos por la normativa de la Ciudad para los "convivientes".
En contra del proyecto se firmaron dos despachos en minoría. Son los de los legisladores radicales Jorge Enríquez y Fernando Caeiro, quienes solicitaron su archivo. Esto también fue pedido por el diputado Ricardo Busacca (Partido Popular Cristiano), quien no integra ninguna de las comisiones en las que se trató el proyecto, mediante una observación al despacho. Por este mismo método, el legislador Abel Latendorf (Piquete Socialista) pidió la aprobación del proyecto.
LOS TRES MÁS DUROS OPOSITORES
Aunque el proyecto de ley de uniones civiles no contempla la posibilidad de permitir el casamiento entre parejas homosexuales -sólo le extiende a los convivientes, sean del mismo sexo o no, los mismos derechos laborales y de seguridad social que a los matrimonios- y no toca temas de derecho civil, como la adopción o la sucesión, que sólo pueden ser modificados por ley nacional, algunos sostienen el argumento de que, de ser sancionada la norma, ésta sería inconstitucional. Ésta es la postura del diputado porteño Ricardo Busacca, quien manifestó que "si la Legislatura aprueba el proyecto de ley, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, tendrá que vetarlo ya que el artículo 75 de la Constitución Nacional dice expresamente que es el Congreso de la Nación a quien compete legislar en esta materia".
"No es mi intención condenar la homosexualidad en sí misma, sino que no estoy de acuerdo con la prédica y apoyo que se hace sobre su práctica, dado que se trata de un desorden contrario a la naturaleza humana", aseguró el legislador, valorando negativamente la práctica que, un momento atrás, había afirmado "no condenar".
Por su parte, el legislador Fernando Caeiro coincidió en que "el ámbito para tratar esto es el Congreso Nacional, no la Legislatura". Más cauto que su par, aclaró que no se halla en contra de las parejas homosexuales, sino del aspecto formal de la ley y argumentó que su aplicabilidad sería "muy limitada".
El diputado porteño Jorge Enríquez, que se postula para jefe de Gobierno y, en campaña, intenta captar los votos de la derecha, fue más allá y aseveró: "se está embozando esto para llegar al matrimonio homosexual y que después mamá tenga barba. Y esto a mí me cae muy mal".
Para Enríquez, avanzar sobre el proyecto de estas características en un momento de crisis como éste, "con el hambre como una realidad tangible y con una frágil institucionalidad", es inoportuno. "Los argentinos necesitamos encontrar nuestros grandes denominadores comunes, postergando los aspectos más particulares de las ideas de cada uno a fin de no fomentar divisiones que hoy serían nefastas", dijo el legislador.
Luego, como Busacca, hizo hincapié en la teoría del orden natural. "La humanidad siempre entendió al matrimonio como lo que aparece naturalmente: la unión de un hombre y una mujer. Las normas reconocieron un dato de la realidad, no lo crearon. La iniciativa en tratamiento constituye a todas luces un primer paso para alcanzar ese objetivo contra natura", señaló Enríquez. Tanto Enríquez como Busacca utilizaron argumentos similares para fundamentar su pedido de archivo del proyecto.
Al ser difundidos los conceptos del primero través de este medio, Enríquez se hizo acreedor de un escrache realizado por la CHA el 28 de junio, pero también recibió adhesiones de algunos conspicuos exponentes de la derecha porteña que comenzaron a percibirlo como su candidato.
