El próximo jueves volverá a repetirse un encuentro entre las legisladoras porteñas María Elena Naddeo y Virginia González Gass, y el ministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti, en el marco del reclamo de finalización del plan de obras del hospital Tobar García.
Tras el encuentro celebrado el pasado 13 de febrero, y ante el interés mostrado por el Ministro, tanto las legisladoras como el jefe de la Sección Psiquiatría de Consultorios Externos del centro de salud mental infanto juvenil, Diego Friedman, concurrián a la reunión con la esperanza que se fije el nuevo plazo para la entrega final de la obra a cargo de la empresa Riva S.A, la cual se encuentra paralizada desde el mes de enero por la demora en el pago por parte del Gobierno porteño.
El contrato de las obras de refuncionalización integral del Tobar García tiene dos puntos que están pendientes de resolución, por un lado el pago de los certificados de obra que, de acuerdo al contrato suscripto entre el Gobierno y la empresa, deben ser pagados ?en un plazo de 30 días corridos a contar de la fecha de su presentación de la inspección?.
Este plazo, que no se condice con la realidad de la burocracia de la administración pública, generó que la empresa comenzara a reclamar intereses y que ante la demora en la respuesta por parte del Estado culminara con la paralización de la obra (está concluida y entregada en un 60 por ciento, y del 40 restante los trabajos también se encuentran avanzados).
El conflicto entre empresa, Gobierno y profesionales del Tobar García, surge ante la existencia explícita en el contrato de la obligación de pago en un tiempo récord (30 días) por un lado, del reclamo de intereses ante el incumplimiento de este plazo, pero también de la prohibición de obtener una prórroga del plazo en la ejecución de la obra en el caso que el Gobierno demore sus pagos al contratista. En otras palabras, el contrato obliga a la empresa a entregar la obra en tiempo y forma, aún cuando los pagos e intereses por mora no se hayan concretado.
?Hasta septiembre las obras tenían un ritmo razonable, en noviembre comenzaron a demorarse y en enero se paralizaron. Es evidente el incumplimiento del contrato por parte de la empresa, pero más allá de eso, lo importante ahora es volver a imponer ritmo a la obra, definir los pagos y resolver un nuevo plazo que no. Antes de junio las obras deberían estar concluidas?, remarcó Friedman a NU.
La empresa adjudicataria de la obra presupuestó en su momento un costo total de obra por 11.500.000 pesos. Ante las demoras en los pagos, y los intereses reclamados, la contratista culminará la obra percibiendo una suma mayor a la propuesta y por la cual ganó la licitación. Un precio que, de haberlo expuesto al inicio del proceso licitatorio, difícilmente hubiera sido aceptado por el Gobierno como la mejor oferta. Viveza criolla, vericuetos legales o grietas del sistema que deberían ser reparadas para evitar el escurrimiento de fondos públicos. La solución, tan simple como un plazo de pago a contratistas acorde con la realidad de la administración pública.
