"Desde diciembre de 1997 a marzo de 1998 se les efectuó a los trabajadores de la Legislatura una retención del 3 por ciento de sus salarios y de aportes patronales de la Ciudad, que fueron depositados en un plazo fijo a nombre del secretario administrativo. ¿Qué pasó con el dinero?", se preguntan los dirigentes del sindicato de la Asociación Única de Empleados Legislativos y Entes Afines de la Ciudad de Buenos Aires (AUPLEA). Los gremialistas se refieren al período previo a la contratación de la prestadora de medicina prepaga Provincia Salud en el que, sin embargo, se realizaron las mencionadas retenciones.
Haciendo un poco de historia, en marzo de 1998 se produjo la sanción de la Ley 9 y la contratación de Provincia Salud. Dos meses más tarde se eligieron los dos representantes de los trabajadores en el Consejo de Administración, que no asumieron, ya que, a través de la Resolución 6/98 se prorrogó sin plazo la constitución del Consejo. La administración quedó en manos exclusivas del secretario administrativo en aquel período, Ariel Schifrin.
Luego, en agosto de 2000, se sancionó la Resolución 286/00, mediante la cual se creó una Dirección General Fuera de Nivel, a cargo de Nelly Ramírez y se sancionó un Estatuto, cuando la Ley 9 establecía que el Estatuto debía ser sancionado por el Consejo de Administración.
El secretario general de AUPLEA, Marcelo Pellegrino, y el secretario adjunto, José Luis Akabani, estiman que, "a pesar de no haber habido nunca una auditoría, para esa fecha existiría una cifra de alrededor de 2.500.000 en las arcas de la Obra Social". Hasta abril o mayo del 2001 se pagaron 13 -en lugar de 12- cuotas anuales a Provincia Salud, cuando por gestión de Ramírez, durante el mandato de Jorge Enríquez al frente de la Legislatura, se suprimió la cuota suplementaria.
En noviembre del 2002 se sancionó la ley 930 que creó el Servicio de Salud y Asistencia Social como estructura fuera de nivel, es decir, que forma parte de la Legislatura y tiene autarquía financiera administrativa y financiera, pero no identidad jurídica. Para ese momento había acumulados casi 14.000.000 de pesos.
En agosto del 2003 el Servicio de Salud habría contratado personal por cuenta propia usando fondos del salario de los trabajadores. El entonces vicepresidente primero Cristian Caram emtió un decreto otorgándole a los miembros del Consejo de Administración 1.000 pesos mensuales, algo que va en contra del espíritu de la ley 930, que expresamente dice que sus integrantes no cobrarán salario alguno ni se les reconocerán gastos de representación.
Según trascendidos de los sindicalistas, apenas Santiago de Estrada asumió la vicepresidencia habría anulado el suplemento de 1.000 pesos otorgado por Caram.
Existe un informe preliminar de la Auditoría General de la Ciudad, pero nunca se emitió el informe final por lo que en realidad nunca fue auditada.
Pellegrino y Akabani, en nombre de AUPLEA, le hicieron llegar este jueves por la mañana una carta al vicepresidente primero de la Legislatura, Santiago De Estrada y al secretario Administrativo, Oscar Moscariello, en la cual proponen que se intervenga el Servicio de Salud y se le solicite la renuncia a todo el Consejo de Administración y se nombre a una Junta Normalizadora que, en un plazo de 180 días, normalice la situación del Servicio de Salud.
"La suma de todas estas presuntas irregularidades descripta y que abarcan un período de más de 6 años amerita la intervención de las autoridades de la casa para resolverlo. La posible comisión de los delitos de administración fraudulenta de los fondos de los trabajadores e incumplimiento de los deberes de funcionario público amerita también, por lo menos, la realización de una auditoría externa que defina y deslinde las responsabilidades", esgrimen desde el gremio.
Los sindicalistas afirman que "el dinero descontado del salario y el aporte patronal es parte del salario y, por lo tanto, pertenece a los trabajadores, según reza la Ley 23.660 de Obras Sociales".
En la carta, AUPLEA propone que se haga una propuesta de modificación y/o derogación, si fuera necesario, de la ley 930 y que se convoque a un concurso para la realización de una auditoría externa de todo el proceso que abarque desde diciembre del ’97 hasta diciembre del 2003. También solicitan a las autoridades de la Legislatura que redacten una propuesta de Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación Pública de la Asistencia en Salud. Finalmente, que el actual Consejo de Administración haga cesar o transfiera a la órbita de la Legislatura a los trabajadores del Servicio de Salud que "estén percibiendo sus haberes del dinero de los trabajadores" y que se se abstenga de realizar cualquier acción que en el presente o futuro afecte los fondos que pertenecen a los empleados legislativos.
