Servicios públicos deficientes y empresas privadas que juegan con sus propias reglas e incumplen los contratos con el Estado se transforman en moneda corriente cuando el control escasea. En la Ciudad de Buenos Aires, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos Privatizados es el organismo encargado de vigilar estas prestaciones. Sin embargo, aunque su presidente de turno tenga buena voluntad, el Ente muchas veces no puede cumplir con la misión de controlar, ya que el marco legal en el que debe operar lo ata de manos y le permite mirar sólo lo que está en la superficie, dejando para nunca lo más importante. Encima, su planta de controladores es escasa para las tareas que debe desarrollar.
Lisandro Ferrali asumió el comando del Ente en febrero de este año y enseguida comenzó a lidiar con las tareas de un organismo destinado a controlar sólo algunos servicios, proponiendo castigos porque no puede imponerlos, salvo en contadas ocasiones. Lo primero que debió resolver el entonces flamante funcionario fue la carencia de personal dedicado al control. ?Cuando llegamos había 28 inspectores sobre 300 empleados. ¡En un organismo de control! ?se exaspera?. Desde entonces empezamos a hacer un trabajo de capacitación sobre el personal y ahora existe un cuerpo de casi 100 controladores?.
Incluso, una de las principales funciones que cumple el ente que conduce Ferrali, que es la de hacer cumplir el contrato más importante de Buenos Aires, el de recolección de los residuos sólidos urbanos en la Ciudad, está recortada por los convenios que firmó el propio Gobierno porteño con las empresas privadas Iatasa Ambiental y Latin Consult y con la estatal Ceamse, que relevan el trabajo de los concesionarios y envían sus informes a la Dirección General de Limpieza para que tome las medidas correspondientes.
?Nosotros ?explica Ferrali? controlamos los 13 servicios que están contemplados en la Ley N° 210, que es la que rige las funciones del Ente. De todos modos, cuando detectamos irregularidades en el servicio de recolección de residuos, podemos aplicar multas a las empresas que brindan el servicio en las cinco zonas que están privatizadas. En la zona en la que la recolección está a cargo de la Ciudad ?la zona 5, que es la que está en los alrededores del Bajo Flores? relevamos y enviamos el informe al Ministerio de Espacio Público, porque sería un contrasentido multar al Estado?.
?De todos modos ?agrega el funcionario? nos gustaría que nos traspasaran el servicio de control de las zonas 1 y 3 ?las que supervisan Iatasa y Latin Consult?, porque lo haríamos incluso mejor que ellos, que de todos modos no lo hacen mal. Lo que sí, teniendo en cuenta que se les paga un millón y medio de pesos por año, aproximadamente, nuestro presupuesto sería menor, porque nos arreglaríamos pagando los salarios de 48 personas y el equipamiento correspondiente?.
El segundo contrato en importancia que el Ente controla es el de alumbrado público, que está a cargo de cuatro empresas privadas, que le dejan al Estado la operación de la misma zona en la que éste también recoge la basura: la que se conoce como zona 5. ?En total tenemos que controlar más de 100 mil luminarias. Aquí también hacemos los informes y podemos multar a las empresas que no cumplen con el contrato. Nosotros levantamos infracciones cuando hay ausencia de alumbrado en la noche o cuando las luminarias están encendidas durante el día.?
SUBTERRÁNEOS AMANTES DE LA CLANDESTINIDAD
En el caso de la supervisión del servicio de los subterráneos, reaparece en escena el gran estigma de los 90: una empresa de servicios públicos que contrata a más abogados que ingenieros, con el fin de hacer rendir al máximo el contrato. ?En este caso ?explica Ferrali?, nosotros podemos controlar sólo las instalaciones y el material rodante, pero no el servicio, que está a cargo de la Nación. Pero tropezamos con un problema: Metrovías apela constantemente nuestra competencia ante la Cámara en los Contencioso Administrativo y ante el Tribunal Superior de Justicia, con el argumento de que la jurisdicción que le corresponde es la del ámbito federal.? ?Está claro que la única intención de la concesionaria es ?embarrar la cancha?, por lo que presentan una excesiva batería de recursos judiciales, que suelen dilatar ?in aeternum? la cuestión de fondo. Tal es la actitud y tan constante el sistema, que puede ser que la Justicia adopte a la brevedad el temperamento de llamarle la atención a la empresa?, informa el funcionario, no sin cierto mal humor.
TRANSPORTES DESCONTROLADOS
En el rubro de los transportes continúa la paradoja: lo importante le es ajeno al Ente, ya que no controla las licencias de los taxis. Tampoco los recorridos y la frecuencia del servicio de colectivos; ni siquiera supervisa la verificación vehicular, una materia en la que la Ciudad está en falta al no haberla implementado como se hizo en casi todo el país.
?En el caso de los colectivos, nosotros sólo miramos las deficiencias en las paradas, las terminales ilegales y el funcionamiento de las luces de los vehículos, porque las emisiones de humo las controla la Agencia de Protección Ambiental. No controlamos ni la frecuencia del servicio ni los recorridos?, informa el controlador.
?Si bien aún no tenemos todos los elementos técnicos para controlar las emisiones de humo y ruido, vamos a conseguirlos y a capacitar a la gente que va a hacer estos controles ?se esperanza Ferrali?. Nosotros deberíamos controlar todo el proceso, pero como no podemos hacerlo estamos tratando de implementar operativos conjuntos con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y con la Secretaría de Transportes de la Nación.?
?En cuanto a los 38 mil taxis que trabajan en la Ciudad, las licencias y la parte mecánica las controlan la empresa privada Sacta y la Dirección de Tránsito. Nosotros controlamos las paradas, la documentación y las eventuales infracciones de tránsito, que son giradas a la Unidad Administrativa de Control de Faltas para que falle.?
?En el transporte escolar hay una particularidad: sólo podemos controlar a los vehículos cuando llegan a los colegios, y es allí donde los esperamos y controlamos que todo esté en orden. Fuera de eso, sólo los detenemos para asegurarnos de que efectivamente transporten escolares y no otro tipo de pasajeros, porque no se puede parar a estos vehículos ni vacíos ni llevando a los chicos al colegio?, se preocupa el funcionario.
?También nos hacemos cargo de los semáforos y de las instalaciones de la televisión por cable, de las que debemos controlar que no haya más de cuatro postes por cuadra, por ejemplo. Además debemos supervisar las autopistas, las multas fotográficas, los parquímetros y las 27 playas de estacionamientos que están concesionadas?, enumera.
La saga de las penurias de los inspectores es tan larga que sería imposible escucharla completa. Baste decir que hasta el año pasado el propio Ministerio de Salud les negaba a los controladores el permiso para ingresar a sus dependencias para supervisar el manejo de los residuos peligrosos y patogénicos. Recién en 2009, por medio de una resolución del procurador general, les fue reconocida la potestad de ingresar en los hospitales y otros establecimientos sanitarios. ?Hoy, incluso controlamos la planta de tratamiento de la empresa SOMA S.A., en Talar de Pacheco, que es la empresa que contrató la Ciudad para hacer el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos?.
Este caso es casi un paradigma de los obstáculos que tienen sortear todos los que deben controlar la prestación de los servicios públicos, cuyas sedes intentan ser convertidas en búnkeres inexpugnables y, por lo tanto, en territorios sin ley.
DANIEL AMOROSO: "QUEREMOS EL CONTROL DEL TRÁNSITO"
Perdido en el montón de las asignaturas pendientes que aún restan para completar la autonomía porteña, el ordenamiento del tránsito es una de las prioridades que plantea el diputado Daniel Amoroso (PRO), presidente de la comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña.
?Si bien ésta es una discusión de largo aliento, que forma parte de la discusión pendiente por la autonomía de la Ciudad, nosotros venimos planteando desde hace tiempo la necesidad de tomar el control del ordenamiento del tránsito, en especial del transporte público, que utiliza el 70 por ciento de quienes ingresan a la Ciudad y se mueven por ella?, expresó el legislador porteño.
?Hay dos puntos básicos en materia de tránsito. El primero es la necesidad de disminuir la cantidad de accidentes. El segundo es el ordenamiento. Nosotros no controlamos ni los recorridos ni las paradas del transporte público, cuya supervisión corre por cuenta de la Secretaría de Transporte de la Nación y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). En nuestras conversaciones con el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, nos ha ido bien, existe una buena relación. De todos modos, como plantea el jefe de Gobierno Mauricio Macri, lo único que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos?, plantea Amoroso.
?Por esta razón, no bien asumí como presidente de la comisión de Tránsito, nos pusimos a trabajar con otros legisladores y con mi equipo para sancionar el Código correspondiente. Quiero resaltar que en esta ocasión, como en otras, la oposición entendió que ésta era una cuestión de Estado y acompañó con su voto la sanción de la ley?, agradece el diputado.
?Dentro del Código de Tránsito que sancionamos ?relata el funcionario? se creó el Cuerpo de Agentes de Tránsito, del que forman parte ya 600 agentes. De todos modos, para que cubra toda la Ciudad y cumpla con todas las funciones que tiene que cumplir, sería necesario que el cuerpo contara con unos 3.000 integrantes. El modelo que tomamos para crearlo fue el europeo-estadounidense, que separa a la policía de seguridad de los agentes de tránsito, para que cada uno cumpla sus funciones con mayor eficiencia?.
?Hace poco implementamos el BRT, que es un colectivo que, por ahora, recorre la avenida Juan B. Justo desde General Paz hasta la avenida Libertador. Es un colectivo largo, de dos secciones unidas por un fuelle que transita por el medio de la calzada y recoge pasajeros sin acercarse a las veredas. Es una iniciativa que funciona en otras ciudades del mundo, como Boston, y que puede ser una buena alternativa para mejorar la circulación en las avenidas?.
?Para optimizar el tránsito, estamos analizando una ley marco para el transporte público, que por ahora tiene 87 artículos y que antes tenía muchos más. También esperamos sancionar dentro de poco la obligatoriedad para los automovilistas de utilizar un chaleco especial, que posee cintas reflectoras. Hace poco un conductor se bajó a cambiar una goma en la avenida General Paz y otro automovilista lo atropelló y lo mató. Esos accidentes se pueden evitar y hay que legislar en ese sentido?, finalizó el sindicalista que milita en el PRO.
(NOTA PUBLICADA ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 208, DEL 01/10/09).
