El Gabinete de Alternativas para Buenos Aires que conduce Patricia Bullrich (Unión por Todos) le solicitó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) -ex Comisión Municipal de la Vivienda (CMV)-, documentación e información correspondiente a las políticas, planes y proyectos sobre las diversas instancias de la toma de decisiones. El pedido se enmarca dentro de lo establecido en la Ley 104 que garantiza el derecho de libre acceso a la información.
Según expresa un comunicado enviado por el Gabinete de Alternativas, "el problema de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires requiere de una firme decisión de políticas públicas urbanas de vivienda, con un marco jurídico estable, con transparencia, gestión, seguimiento y control de los fondos que destina el Gobierno de la Ciudad en su presupuesto anual en los planes y proyectos, en contrataciones de servicios técnicos, bienes y profesionales; en financiamientos, subsidios, donaciones y legados, en criterios de asignación, inscripción y otorgamiento de las viviendas; en definición de prioridades, controles y auditorías; en selección y toma de decisión de las unidades; en adjudicaciones, estado, entrega y controles de las viviendas".
"También es necesario implementar -continúa- políticas complementarias de empleo, salud, educación, capacitación y asistencia social con participación de los actores locales en la toma de decisión; con herramientas urbanas que regulen el Desarrollo Urbano como la Ley Marco del Plan Urbano Ambiental, el Plan Estratégico Regional y Sectorial y todo el conjunto de normas de planeamiento urbano adecuadas con el conjunto de herramientas. Todo ello es lo que permite una convivencia con conciencia urbana planificada y participativa".
Entre los cuestionamientos realizados al IVC figuran los siguientes interrogantes: "qué pasa con las 15.000 familias anotadas en la CMV desde hace mucho tiempo"; "por qué no se llama a audiencia pública según se prevé por ley por el impacto ambiental de los desarrollos urbanos de vivienda"; "por qué no se tiene en cuenta a la cantidad de familias que viven hacinadas en villas, barrios de viviendas precarias, conjuntos habitacionales, hoteles y pensiones"; "cuál es el régimen de selección de las familias que habitan dichas viviendas y su capacidad de pago".
También se preguntan "por qué no se tiene en cuenta la proporción de espacios verdes a crear en una Ciudad de más de 3.000.000 de habitantes, por qué no se evalúa el impacto de equipamiento e infraestructura que necesita el nuevo desarrollo urbano de viviendas y puede afectar el entorno existente, y por qué no se da igual trato a las familias nucleadas en cooperativas y mutuales".
NOTICIAS URBANAS dialogó con el arquitecto Manuel del Valle -responsable de esta materia en el Gabinete-, quien explicó que otra de sus inquietudes es "por qué no se organizan operatorias similares a la utilizadas con los piqueteros para rescatar a aquellos vecinos que perdieron sus viviendas por deudas hipotecarias".
"Consideramos que hay gente que viene esperando una respuesta habitacional desde hace años y no es justo que se busquen soluciones extemporáneas que dejan de lado el ordenamiento que debería seguir el ahora Instituto. Sin ir más lejos, en los últimos días se ha priorizado un tema mediático que involucra a gente que -inclusive- no tenía residencia en la Ciudad. Y así hay varios casos, nosotros por el momento hicimos presentación por cinco", concluyó Del Valle.
