En julio de 2024, el Gobierno estableció la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIASS), una entidad a la cual se le han atribuido doce funciones en el ámbito del ministerio dirigido por Patricia Bullrich. Esta noticia suscitó debates entre los expertos en tecnología, aunque el asunto pronto fue olvidado. Un año después, resulta imposible obtener información sobre las actividades que ha realizado la unidad, la tecnología utilizada, la cantidad de personal asignado y el presupuesto que le corresponde.
La UIASS se creó a través de la resolución 710, que se publicó en el Boletín Oficial el 29 de julio de 2024. Cuando se rastrea el organismo en los sitios oficiales no se encuentra información sobre su funcionamiento. Poco después de su lanzamiento, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre y Revista Crisis presentaron solicitudes de acceso a la información para saber más sobre la unidad. En todos los casos, recibieron respuestas vagas con el argumento de que se estaban definiendo detalles.
El Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) decidió ir un paso más allá y llevó el tema a la Justicia, que obligó a las autoridades a entregar el expediente administrativo en el que se tramitó la sanción de la resolución 710/2024, que permite conocer las deliberaciones previas a la creación de la unidad. La organización tiene presentadas otras solicitudes para conocer más detalles.
La UIASS también se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación. Los legisladores de izquierda Vanina Biasi, Mónica Leticia Schlotthauer, Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca y Christian Castillo llevaron a cabo la presentación de un proyecto para derogar la resolución que dio origen a la UIASS. Este tema fue remitido a las comisiones de Seguridad Interior, Comunicaciones e Informática y Asuntos Constitucionales, pero en esta fase no se registraron avances.
📢 UN DECRETO NO PUEDE LIMITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
➡️Un Decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016. pic.twitter.com/R3CefMzMCx
— Fundación Vía Libre (@FViaLibre) September 3, 2024
El enigma de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad
De las 12 funciones asignadas a la unidad, que opera bajo la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos de la Unidad de Gabinete de Asesores, se destacan varias tareas. Entre ellas se incluye “patrullar redes sociales abiertas” para identificar a los autores de delitos o “detectar movimientos de grupos delictivos o anticipar disturbios”, así como analizar imágenes de cámaras de seguridad para “identificar actividades sospechosas o reconocer personas buscadas mediante tecnologías de reconocimiento facial”. También se menciona “crear perfiles de sospechosos o establecer conexiones entre diferentes casos” y hacer uso de drones para realizar vigilancia aérea.
Se trata de cuestiones delicadas. Por ello, es fundamental entender cómo funcionó la unidad en su primer año. Natalia Zuazo, experta en tecnología y directora de Salto Agencia, manifestó: “La utilización de la Inteligencia Artificial para predecir delitos no cuenta con evidencia concluyente en ningún lugar del mundo y en Argentina es ilegal. En la Unión Europea no está prohibida, pero los sistemas de predicción son considerados de alto riesgo. Por eso, se requiere una evaluación tanto previa como posterior”.
Siguiendo esta idea, Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, añadió: “Aún no contamos con información sobre las tecnologías que emplean, lo cual es muy grave. Por lo tanto, desconocemos cómo se llevan a cabo las auditorías y quién supervisa estas tecnologías. Se trata de sistemas que están siendo cuestionados a nivel internacional debido a que se sabe que presentan sesgos discriminatorios. Sin información, sin auditorías y sin control público, esto representa un riesgo para los derechos de las personas”.
En estos doce meses, tanto la prensa como las organizaciones de la sociedad civil hicieron esfuerzos para saber más sobre la unidad. Además de los pedidos formales, se hicieron consultas al área de Prensa del Ministerio de Seguridad, pero -como es habitual- jamás respondieron las preguntas.
Sin respuestas del Ejecutivo y sin que los asuntos progresen en el Legislativo, nadie puede determinar si la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la Seguridad realmente está operando y de qué forma lo hace.
