El próximo lunes 26, a las 18, en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias Económicas, el Ministerio Público Tutelar (MPT) presentará el libro "Programa Ciudadanía Porteña. ¿Con todo derecho?", en el que se releva y analiza el modo en que funciona el principal programa de transferencias monetarias condicionadas de la Ciudad de Buenos Aires.
Con 258.874 beneficiarios, de los cuales el 48 por ciento son niños, niñas y adolescentes, no tardaron en manifestarse las diferentes consultas y reclamos de los habitantes en las oficinas de atención descentralizada del MPT que sirvieron como puntapié para comenzar a investigar las fortalezas y debilidades de este programa creado mediante la Ley Nº 1878/2005.
"Si bien el programa representa un avance por parte del Estado local en el reconocimiento de su obligación de proteger a la población más vulnerable, presenta contradicciones y ambigüedades tanto en su diseño como en su implementación", enuncia el MPT como anticipo del libro.
Y continúa: "El hecho de que su decreto reglamentario no establezca mayores precisiones en relación a su ejecución, y delegue en el ministerio de Desarrollo Social la facultad de dictar los actos administrativos que resulten necesarios, abre un margen para su manejo discrecional que causa irregularidades que afectan a actuales y potenciales beneficiarios/as".
"Se desprende del análisis -se agrega- que uno de los problemas más notables que tiene el programa en su forma de implementación es el carácter punitivo de las condicionalidades que impone a los beneficiarios/as. El incumplimiento de alguna de ellas, como puede ser la asistencia a la escuela de los niños/as de la familia, implica una baja automática del beneficio. La gravedad de este sistema reside en que permite que se vulnere el derecho a la alimentación en nombre del derecho a la educación, entre otras paradojas".
"Esta situación -se expresa en el comunicado- es incompatible con la búsqueda de garantizar los derechos fundamentales para la población que no cuenta con recursos suficientes. Entonces, la pregunta obligada a realizar es: ¿qué se puede hacer para que las condicionalidades no se conviertan en medidas punitivas en desmedro de los derechos básicos? ¿Qué alternativas se pueden encontrar a los procedimientos punitivos?"
Con esta nueva publicación, el MPT intenta hacer "un llamado de atención frente a la falta de sujeción a las normas del debido proceso en la gestión del programa, siempre teniendo como premisa el monitoreo y control de la política pública local".
"La ausencia de notificación de las decisiones de los actos administrativos y la falta de acceso a la información relativa a los mecanismos mediante los que se disponen las altas y bajas son algunas de las irregularidades detectadas. Las consultas y reclamos de los habitantes sirvieron a modo de alerta y fueron examinados en pos de sistematizar y revelar las falencias de este Programa que, aunque representa un avance en su afán por intentar cubrir derechos esenciales, aún no ha logrado satisfacer los objetivos que se propone", concluyen.
El MPT decidió realizar este análisis con la asistencia técnica del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP).
Durante la presentación, Laura Musa (asesora General Tutelar de la Ciudad), Corina Rodríguez Enríquez (investigadora del CIEPP), y Ana Lanziani (coordinadora de las Oficinas de Atención Descentralizada del MPT), presentarán las principales conclusiones del trabajo de relevamiento realizado, para luego dar lugar a una mesa debate en la que participarán Aldo Neri, Diego Morales -integrante del CELS-, las legisladoras Diana Maffía y Gabriela Alegre; el especialista en políticas públicas Aldo Isuani; el economista Tomás Raffo, entre otros expertos en la temática.
"Ciudadanía Porteña. Con todo derecho" consiste en una prestación monetaria mensual no retributiva que debe ser utilizada para la compra de alimentos, productos de limpieza e higiene, útiles escolares y material de combustión para la cocción. Se otorga a los integrantes de hogares en situación de vulnerabilidad socio-económica a cambio del cumplimiento de ciertas condicionalidades.
