En un salón colmado y en medio de aplausos, el juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Roberto Andrés Gallardo, inició una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo.
Sus primeras palabras fueron para explicar el por qué de la elección del lugar, por qué un juez recurre a la Legislatura para denunciar intromisiones de poderes.
"Fui designado y juré cumplir con mi mandato como juez de 1º instancia en la Legislatura. En estas circunstancias, considero necesario volver al origen para decirle al Poder Legislativo que sin un proceso de remoción, comienzo a ser un juez virtual. Esta conferencia tiende a activar todos los resortes legislativos para cesar con esta situación arbitraria", inició.
El evento congregó a diversas figuras de apoyo. Los diputados Martín Hourest, Liliana Parada, Verónica Gómez, Diana Maffía, Gabriela Alegre, Gonzalo Ruanova y Juan Cabandié, acompañaron de pie y a un costado de la mesa, la exposición del magistrado; el cual sólo invitó a que lo acompañe a su derecha al defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim.
Tras remarcar que su lectura de la situación sería "estrictamente jurídica" y que si "los otros poderes quieren hacer otras lecturas, que lo hagan", Gallardo manifestó: "Vengo a denunciar que a través de una maniobra procesal del Gobierno se me ha desplazado de mi función de juez. Es sorprendente la forma expresa en la que el abogado de la Constitución de la Ciudad dice ‘hicimos esto porque no queremos que este juez se encargue de temas en los que la Ciudad sea parte’. De estas declaraciones no se ha desdicho, por lo tanto es muy clara la orden política. Como no podemos o no queremos pagar el costo de un juicio político, lo dejamos regando las plantas de su despacho y le vaciamos el juzgado", remarcó.
De acuerdo a lo señalado por el magistrado, las masivas recusaciones recibidas en dos días tienen como antecedente "el incendio de Villa Cartón donde la Asesoría Tutelar y la Defensoría denunciaron violaciones reiteradas a los derechos humanos en el Centro de Evacuados de la Ciudad creado por decreto".
"El Centro de Evacuados en donde habitan 335 familias hoy cumple los requisitos para violar casi todos los derechos humanos suscriptos por nuestra constitución. Las denuncias del Ministerio Público han sido sistemáticas; un niño murió por no tener asistencia médica y 5 meses antes, la justicia ordenó un servicio médico permanente en el lugar", dijo.
Y agregó: "También lo denunció la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la única explicación del Gobierno fue que no había seguridad para sus médicos. Entonces el juzgado ordenó el control policial, pero se continuó con la afirmación que faltaba seguridad. Llegó el día en que se necesitó un médico y no había, y Javier, un niño pobre murió. El Ministerio Público pidió una audiencia de explicaciones y para exigir responsabilidades y la respuesta fue que no vino ningún funcionario y mandaron a un abogado de planta que repitió lo mismo y señaló 7 lugares donde había documentación. Se solicitó el allanamiento y secuestro de la documentación y la justicia lo ordenó".
Luego de remarcar que dichas órdenes y solicitudes fueron el antecedente para la respuesta de la Procuración recusando masivamente medidas dictadas por el magistrado, Gallardo subrayó: "Este avasallamiento del Poder Judicial es un antecedente para cualquier intervención federal. El Jefe de Gobierno lo tiene que saber. Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquier otro".
Finalizando, hizo referencia al "silencio del Jefe de Gobierno" sobre el conflicto.
"Si esta es una decisión del Procurador, puede ser removido ya por el Jefe de Gobierno, y espero que las horas nos permitan decir que esto fue la desprolijidad de un funcionario de segundo nivel. Si pasan las horas y continúa el silencio, esto será llevado al terreno personal y representará el comienzo de una práctica de disciplinamientos. Yo he completado todos los pasos que podía dar; envié notas al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Superior y a la Legislatura. Ahora me limito a esperar la respuesta institucional de los Poderes", concluyó.
La conferencia del juez porteño recibió gran número de adhesiones e importantes figuras del ámbito judicial, político y social dijeron presentes entre los que se destacaron, los consejeros de la magistratura local por el estamento de jueces, Mabel Daniele y Horacio Corti, el Defensor General de la Ciudad, y los jueces Elena Liberatori, Patricia López Vergara y Hugo Zuleta; la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, con la presencia de su titular, Julio Piumato; el Colegio Público de Abogados de la Capital; la Asociación de Abogados, Barrios de Pie, el movimiento Libres del Sur, el Frente Grande; el Partido Justicialista nacional; Los Piletones; el comedor Los Pibes y la agrupación GEN, entre otros.
Kestelboim, al concluir la conferencia señaló a NOTICIAS URBANAS que su presencia se explica en la "defensa de la independencia de poderes y el orden republicano".
"Están pretendiendo establecer la recusación sin causa. Cómo no lo han logrado aún por la vía legislativa están utilizando el peor de los caminos", remarcó el Defensor General de la Ciudad.
El legislador del Frente para la Victoria, Juan Cabandié, calificó la presentación de "muy buena". Al ser consultado sobre su sentir al no haber acompañado al magistrado en la mesa cuando fue quien solicitó el Salón Montevideo para la realización de la conferencia, el diputado comentó: "Entiendo al juez y su necesidad de dejar en claro que su denuncia se centraba en una situación judicial. Estuvo bien".
Si bien los representantes de los jueces y funcionarios del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura no hicieron apreciaciones sobre las denuncias, informaron que "se está analizando hacer una declaración o una resolución sobre el tema". "En el estamento de los jueces hay un criterio unívoco", remarcaron.
En las próximas horas podría haber una comunicación institucional del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, sin embargo el tono de la misma es lo que más se estaría discutiendo ya que como dice el dicho, "no hay que actuar en caliente". Algún consejero estaría más que molesto por haberse enterado de las acciones tomadas por la Procuración por medio de la nota formal enviada por Gallardo el pasado viernes y no con anterioridad a la presentación de las recusaciones.
