El escándalo por la venta de 5 millones de barbijos a la Ciudad de Buenos Aires sigue sumando protagonistas a medida que avanza la investigación judicial. En su declaración ante la Justicia, el médico Eduardo Kaplan, uno de los intermediarios en la maniobra, mencionó a Juan Ignacio Barreiro, quien se ufanaba de sus contactos políticos y su llegada directa al clan Saadi, que gobernó la provincia de Catamarca durante las últimas décadas.
En su declaración en la causa, Kaplan contó: “Él mismo (por Barreiro) me comentó de las llegadas políticas que tenía y que su suegro era Saadi, todo un mundo de contactos políticos que para mi eran completamente lejanos”.
El médico y Barreiro se contactaron a comienzos de la pandemia. Kaplan quería vender test para el Covid-19 y barbijos, y necesitaba abrir puertas en los gobiernos provinciales y en la Ciudad. Barreiro se convirtió en un personaje clave porque lo contactó con Leonardo Morbelli, dueño de la empresa E-ZAY, una firma fantasma que no tenía antecedentes en el rubro pero cobró más $160 millones del Gobierno porteño.
En la primera charla con Kaplan, Morbelli mencionó a Barreiro como su “amigo” y “socio”. Y decidieron armar un chat de WhatsApp entre los tres para avanzar con los negocios.
El primer “negocio” registrado fue con el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. “Realizaron una compra directa de 30.000 unidades de reactivos para PCR”, aseguró Kaplan ante la Justicia. Esa operación se terminó de sellar el 27 de marzo. Apenas tres días después se firmó el contrato con el Gobierno porteño.
Por ese escándalo hay una causa judicial en trámite ante la Justicia de la Ciudad. El principal acusado es el dueño de E-ZAY. En la Ciudad aseguran que hubo varias desprolijidades producto de la situación que se estaba viviendo.
Morbelli se defiende diciendo que no hubo defraudación porque terminó entregando los barbijos, aunque ante la Justicia confirmó que no estaba habilitado por ANMAT cuando ofertó los barbijos a la Ciudad y que no estaba inscripto como proveedor. Doble irregularidad.
Sobre la relación con Kaplan, Morbelli confirmó que lo conoció en marzo de 2020, apenas unos días antes de la operación con la Ciudad. Y reconoció que nunca le terminó pagando pese a su rol de intermediario.
Luego del “negocio” con la provincia de Córdoba, Kaplan comenzó a ofrecer los productos a la Ciudad de Buenos Aires, y a las provincias de Tucumán, Mendoza, y San Luis. A raíz de esos contactos, habría llegado el pedido de los 5 millones de barbijos por parte de los funcionarios porteños.
Kaplan explicó además: “Le comenté a Barreiro y Morbelli de la demanda de barbijos de la Ciudad y Morbelli dijo tener “pisados” los barbijos solicitados, que podíamos disponer y suplir la industria nacional y también importados”. Aunque ya estaba involucrado un laboratorio de primera línea, Morbelli decidió hacer la operación a través de E-ZAY, una firma dedicada a la venta de cursos a distancia, sin antecedentes en la salud.
Kaplan fue el encargado de entregar la primer muestra de barbijos ante la Ciudad, el 29 de marzo de 2020. No lo hizo en el Ministerio de Salud sino en el domicilio personal de uno de los ex funcionarios imputados. Esa muestra se la había entregado el empresario Damián Nevi, el único que terminó preso por el escándalo.
El 2 de abril, sin consultar los antecedentes de esa firma ni recibir un solo barbijo, la Ciudad le pagó a Morbelli por adelantado $162.350.000 (eran 170 millones menos los impuestos), el 50% por ciento de los $340 millones comprometidos. Ese mismo día, el empresario le transfirió $60.500.000 a Nevi y luego hizo decenas de transferencias, algunas muy sospechosas.
Cuando la Justicia congeló la cuenta bancaria de Morbelli, se encontró con un saldo de apenas $2 millones. Varias de las transferencias fueron a una financiera llamada INSIGHT GROUP. Esa firma recibió al menos $13 millones de los $162 que pagó la Ciudad. ¿Por qué el dinero terminó en una financiera? “Morbelli era cliente de la financiera y les pidió ayuda con el tema de los barbijos”, dijeron en su entorno. De hecho, la financiera terminó ubicando entre seis y ocho empleados para encargarse de toda la logística. La coordinación de los empleados quedó a cargo de Mario Palmieri, familiar directo del dueño de la financiera, según constan en el expediente judicial.
En la cuenta bancaria de la financiera, a nombre de Gabriel Gonzalez Sagaseta y de Silvia Sutil, solo quedan $2.474.3598. La jueza Luisa Maria Escrich acaba de ratificar el embargo de esa cuenta, en el Banco Columbia, mientras dure la investigación judicial.
Morbelli sumó otras traspiés. La Municipalidad de Lanús se presentó en la causa para despegarse del empresario, que había presentado una factura por una supuesta operación por la venta de barbijos. El Municipio sostuvo que esa factura, por $7.800.000, nunca fue ingresada en sus registros y que “no existe orden de compra correspondiente a la contratación bajo ese motivo”.
La cuenta bancaria de Morbelli sigue bajo la lupa. Entre las transferencias sospechosas aparece una por $100 mil dirigida a Susana Inés Saadi, esposa de Barreiro, uno de los intermediarios del negociado. En el entorno de Morbelli no pudieron explicar los motivos de esa transferencia aunque ratificaron que Barreiro “fue parte del negocio”.
Saadi se presentó en el expediente y ofreció depositar ese mismo monto en otra cuenta para que se levante el embargo de su cuenta bancaria en el BBVA. “La cuenta mantiene un movimiento constante, no solo por mi labor profesional y comercial, sino también en donde además están vinculadas obligaciones financieras contraídas con el banco antes mencionado”, dijo ante la Justicia.
Ocurre que Saadi, con título de abogada y escribana, es titular de Registro del Automotor 16 de la Capital Federal.
El fiscal de la causa manifestó: “Ni Morbelli ni Saadi han dado alguna explicación respecto a las circunstancias que originaron la mencionada transferencia bancaria, motivo por el cual las sospechas que llevaron a solicitar la medida cautelar se mantienen inalteradas al día de hoy”.
Desde la cuenta de Morbelli también salieron decenas de transferencias sospechosas para empresas Kimbrly Clark Argentina, Auto Leasing Sa, Fundadores Sa, Guidolin Franco Ariel, Procter & Gamble Argentina SRL, Scapuccio Good Group SRL, Suavalle SRL, Agropecuaria Celta SA, Agro Bertero SA. El empresario aseguró ante la Justicia que fue un “intercambio” con esas empresas a cambio de efectivo, indispensable para comprar barbijos en las primeras semanas de la pandemia.