El martes, la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de emergencia para Bahía Blanca provocó una fuerte reacción dentro de la Unión Cívica Radical (UCR). Los legisladores nacionales Maximiliano Abad y Karina Banfi , representantes del radicalismo por la provincia de Buenos Aires, manifestaron su rechazo a la medida y confirmaron que intentarán sostener la norma en el Congreso, al considerar que se trata de una herramienta clave para la recuperación de las zonas afectadas por el temporal ocurrido el 7 de marzo.
Ambos referentes recordaron que la Ley 27.790 fue aprobada por unanimidad en el Senado y por amplia mayoría en Diputados, y remarcaron que su contenido establece mecanismos concretos de reconstrucción para Bahía Blanca y localidades vecinas. En ese sentido, enfatizaron: “Tenemos a nuestro favor la fuerza parlamentaria, los argumentos y el sentido común para sostener un marco legal fruto de un gran acuerdo multipartidario, que representa una respuesta institucional ante una situación catastrófica”.
Desde la Casa Rosada se argumentó que el Decreto 238/25, firmado el 1 de abril, ya contemplaba el envío de 200 mil millones de pesos a la ciudad, lo que tornaría innecesaria la sanción de una nueva normativa. Sin embargo, desde el radicalismo señalaron que la ley vetada posee un alcance superior, con medidas de más largo plazo y con control legislativo sobre la implementación de los recursos.
El radicalismo insiste con la institucionalidad del Congreso
En un comunicado conjunto, Abad y Banfi recalcaron que la ley no se superpone con el decreto presidencial, sino que lo complementa y amplía. “Tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias sino de soluciones estructurales” , afirmaron. Agregaron que el Fondo Especial previsto en la ley tiene como finalidad la reconstrucción de infraestructura pública dañada y la reactivación del circuito económico local, aspectos no contemplados en la normativa del Ejecutivo.
Los radicales también destacaron el componente institucional de la ley, al señalar que contempla mecanismos de control parlamentario sobre las acciones del Gobierno. “No estamos dispuestos a renunciar a la rendición de cuentas y la transparencia, dos aspectos centrales de la democracia representativa” , expresó.
En paralelo, desde otros sectores del arco político bonaerense también se hicieron oír críticas al veto. El intendente bahiense, Federico Susbielles , adelantó que intentará mantener una conversación directa con el presidente para reconsiderar el apoyo que la Nación brindará al distrito.
La posibilidad de que la Ley 27.790 entre en vigencia aún exista, pese al veto presidencial. Para ello, se requiere que ambas Cámaras del Congreso insistan con su sanción mediante una mayoría especial de dos tercios. Desde el radicalismo confirmaron que impulsarán ese camino en los próximos días, confiados en que la magnitud del consenso político original se mantendrá.
“La emergencia en Bahía Blanca no terminó. Aún queda mucho por hacer para que millas de vecinos recuperen la normalidad. Hacen falta obras y trabajo. Estamos convencidos de que las políticas públicas transformadoras se construyen con diálogo y coordinación entre los poderes de la República”, subrayaron.
Los legisladores nacionales cerraron su comunicado con una definición política clara: “Vamos a sostener la Ley 27.790 en el Congreso Nacional, porque defender la institucionalidad es la mejor manera de ayudar a Bahía Blanca”. Mientras tanto, el debate sobre el rol del Congreso y la política de ayuda abierta a las zonas afectadas se mantiene en el centro de la escena parlamentaria.
