El procurador general, Pablo Tonelli, apeló este martes el fallo de la jueza en lo contencioso y administrativo Patricia López Vergara. El mismo ordenó al Gobierno porteño: "Abstenerse de llevar adelante cualquier acción tendiente a desalojar o levantar de cualquier forma la instalación de sendas carpas instaladas con el logo Compromiso K".
Según el texto de la apelación, la sentencia es nula por carecer de una "adecuada y suficiente fundamentación jurídica". Otra base que se alega para la medida es que "el sistema de permiso administrativo previo, no sólo es válido constitucionalmente, sino que resguarda y protege la libertad de expresión". Esto último hace referencia a lo que ya había mencionado el jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta acerca de que si no fuera necesario el permiso se derivaría en un uso abusivo del espacio público. El texto aclara que lo que se sanciona es la instalación de las carpas, no la reunión ni la libre expresión de los grupos kirchneristas.
"La demora que implica la tramitación de un permiso para poder llevar adelante una reunión o manifestación como la que se discute es insignificante y enteramente razonable", es otra de las razones planteadas en la apelación. Luego agrega: "Otros sectores de opinión que han querido llevar a cabo acciones similares en la misma plaza, tramitaron el permiso correspondiente sin demoras y se encuentran actualmente llevando a cabo su manifestación".
El cuarto argumento que se expone es que "de confirmarse la sentencia apelada, lo que se estaría haciendo sería convalidar un accionar desplegado con total desprecio por las formas legales y por los procedimientos esenciales que hacen a la vigencia efectiva del estado de derecho". En este sentido, se afirma que la "actora", actuó según la lógica de los "hechos consumados". Esto refleja lo comentado por el mismo Tonelli a este medio de que el principal motivador para estas apelaciones es que la medida no siente un precedente jurídico en la ciudad.
"Mientras tanto, otros grupos de opinión han preferido optar por el camino de la legalidad ¿Cuál es el resultado que le ofrece el estado?. Deben esperar a que se procese su solicitud, y luego encontrarse con que el lugar más visible está ocupado debiendo conformarse con un sitio menos útil", continúa el documento. Luego concluye: "O bien se castiga a quien ha violado la ley y se premia a quien la ha cumplido, o bien se envía a la sociedad el mensaje de que el estado es inerme y en nuestra patria prevalecen la "viveza" o la fuerza".
El fundamento final presentado por la apelación afirma que la posición sostenida por el Gobierno de la Ciudad se encuentra avalada por fallos del máximo tribunal de Argentina y de los Estados Unidos. De esta forma plantea precedentes legales que avalan la posición del gobierno en contra de lo dictado tanto por López Vergara como por Gallardo.
