La decisión del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, de derogar el decreto por el cual había designado a Cristian Auguadra como miembro del Directorio del Banco Ciudad reavivó una lucha de poder que primó en la institución bancaria, básicamente, durante los años ’80 y ’90. Los fundamentos del decreto -que alcanza también a Mirta Botzman- establecen que "está completo el porcentaje de directores sin experiencia bancaria en el Banco".
Auguadra -joven contador público- había sido propuesto para ocupar ese cargo por el macrismo luego de que el anterior candidato, Gustavo Grasso, no obtuviera el acuerdo de la Junta de Ética y Organismos de Control de la Legislatura a raíz de un proceso judicial en el que estaba involucrado y que había sido denunciado, en su momento, por la líder de Unión por Todos, Patricia Bullrich.
Ni bien se conoció la decisión de Ibarra, Auguadra envió a los legisladores porteños una carta en la que denunciaba una serie de presuntas irregularidades en el Banco Ciudad que les manifestó tanto al presidente de la institución, Eduardo Hecker, como al titular del Banco Central de la Nación, Martín Redrado. Los hechos están relacionadas principalmente con la adquisición de títulos públicos por un monto superior al diez por ciento que establece la Carta Orgánica del Banco.
Auguadra no hizo más que repetir los cuestionamientos judiciales que hicieron, algunos años atrás, dos ex empleados del Banco, Miguel Corsani y Juan José Shinca, quien estuvo relacionado con la denuncia que generó el procesamiento de Pedro Pou y otros ex funcionarios del Banco Central y de los bancos Nación y Ciudad de Buenos Aires que participaron en la escandalosa liquidación del Banco Medefin.
La presentación de Corsani fue desestimada en octubre del 2001 por el juez federal Sergio Torres, el mismo que dictó el procesamiento en primera instancia de Pou y compañía. Torres estimó: "La investigación se encuentra concluida, sin haberse podido acreditar ninguno de los extremos que invocara el denunciante, motivo por el cual se impone la desestimación de la denuncia, por no constituir delito los hechos en que se funda".
A su vez, la demanda de Shinca -hecha en 2002- recayó en el Juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y, en este caso, fue por una presunta estafa del Ciudad al Banco Central en el cobro de redescuentos. Shinca cuestionó al ex presidente del Banco, Roberto Feletti (hoy secretario de Obras y Servicios Públicos) y a los ex directores que acompañaron su gestión por el supuesto ilícito. Fuentes judiciales aseguraron que "si bien la Cámara ratificó el pedido de indagatoria a las personas denunciadas, por el escaso avance que ha tenido la causa es muy factible que se desestime".
Pero Shinca, Corsani y Auguadra no fueron los únicos que realizaron denuncias en contra del Ciudad. Enrique Lella (ex empleado del Ciudad) y Eduardo Flores Maini (presidente de Trepic SA, Transmetro SA, ECOL SA, ASEO SA, Saframa SA, vicepresidente de Lodimet SA, y ex presidente de Manliba) han enviado una importante cantidad de Cartas Documento en las que mencionan, entre otras cosas, un informe de la Auditoría General de la Ciudad donde se establece que se incumplió la Carta Orgánica del Banco Ciudad.
En efecto, ese informe existe y afirma que "hubo excesos en las tenencias de títulos públicos nacionales contabilizados en cuentas de inversión respecto de los porcentajes máximos establecidos en la Carta Orgánica que ascienden al 5.620 por ciento". Pero también sostiene que "este límite impuesto resulta exiguo y alejado de la realidad del mercado y de las políticas implementadas por el banco para la administración de los recursos, por lo que debería ser actualizado".
En este sentido, la Legislatura porteña está pronta a debatir un proyecto por el cual se modifica la Carta Orgánica del Banco, promovido a instancias del Poder Ejecutivo y del ex director bancario y actual legislador, Diego Santilli. Corsani envió una nota a los diputados en la cual afirma que "con esta reforma buscan eliminar la regulación de la tenencia máxima de títulos públicos y así evadir sus responsabilidades".
Sin embargo, uno de los involucrados afirmó: "Todo el mundo sabe que si hubiera delito (lo cual es una verdadera elucubración), la modificación posterior de una norma no cambia nada, porque no es retroactivo. Son barbaridades que dicen irresponsablemente".
MUCHAS DENUNCIAS, UN SOLO PROMOTOR
Según los miembros del Banco Ciudad hubo una serie de irregularidades en la entidad financiera que se produjeron principalmente desde la década del ’70 hasta 1991, fecha en que renunció Jorge Mauro. Aquí aparece un personaje clave para las actuales autoridades del Ciudad, ya que aseguran que es el promotor de todas las denuncias que se han presentado contra el Banco, no sólo por el tenor de similar contenido de las mismas sino también porque muchas de las cartas documento enviadas partieron de la misma dirección.
Según varias fuentes consultadas, "Mauro -quien abandonó el Ciudad luego de un sumario del que salió ileso- tenía estrecha relación con el Grupo Yabrán y en la actualidad opera como testaferro del Grupo Macri. Mientras ellos usufructuaron sus posiciones jerárquicas en el Ciudad, el banco pagaba servicios sustancialmente superiores a los del resto del sistema, en áreas tales como las de correo (OCASA) y transporte (Juncadella)".
En ese sentido, hay una anécdota de diciembre de 1989 -época en la que Carlos Grosso y Hugo Santilli competían en la interna del PJ Capital- en la que, según fuentes ligadas al ex intendente, "el sindicalista y el titular del gremio, Juan José Zanola, le hizo saber a Grosso que Yabrán estaba dispuesto a aportar 500.000 pesos para la interna y dos millones de pesos para las elecciones generales", con la condición de que si era intendente de la Ciudad mantuviera en el Banco Ciudad a un hombre suyo: Jorge Mauro. La propuesta -que también se la hizo al radicalismo- no fue aceptada por Grosso.
De todas maneras, una vez que Grosso asumió como intendente nombró como director del Ciudad a Saturnino Montero Ruiz, una persona de fuerte vinculación con Yabrán y Emir Yoma, quien fue beneficiado por un crédito del Banco que terminó acrecentando la cartera de incobrables. Luego de una serie de cortocircuitos, Grosso le pidió a Montero Ruiz que se deshiciera de Mauro, algo que finalmente ocurrió en el ’91.
Otro dato que cabe mencionar es la presencia en el Banco de Francisco Gázquez Molina, uno de los personajes claves de la colonización de Yabrán durante los años ’70 y ’80. Gázquez Molina, quien llegó a ser contador de la entidad financiera, es quien actualmente administra la fortuna del Grupo Yabrán, lo cual ha sido reflejado por varios medios periodísticos y por libros que se han encargado de relatar vida y obra de este personaje polémico de la vida empresarial y política de nuestro país.
Consultado por NOTICIAS URBANAS, Gustavo Mauro -sobrino de Jorge y actual titular de la empresa La Lacteo- aseguró: "Nunca conocí a Alfredo Yabrán, no tuve con él ni con ninguna empresa que se atribuyó a su propiedad, ningún tipo de relación comercial, laboral o social. Entiendo que la versión es maliciosa y busca ocultar la verdadera relación con las empresas del Grupo Yabrán de las actuales autoridades del Ciudad".
Y disparó: "Una prueba de ello es que OCA continúa brindando los servicios postales del Banco y no el correo oficial argentino, como aconsejaría la transparencia que requiere una entidad oficial. Es más, resulta significativo que el actual gerente de Riesgo Crediticio, Eduardo Riveiro, fue nada menos que síndico y contador de OCA".
Asesores de Hecker confirmaron que "OCA sigue trabajando con el Banco, pero eso se debe a que Mauricio Macri retiró el pliego que había presentado Correo Argentino durante el 2003, porque había salido en los medios diciendo que ninguna empresa vinculada con él iba a estar contratada por el Gobierno de la Ciudad si él era elegido Jefe de Gobierno".
Otro de los argumentos que esgrimen los Mauro es que "si se produjeron tantas irregularidades, ¿cómo es que el gerente general del Banco fue el mismo por 26 años?" Se refieren a Hugo Albarello, quien se jubiló hace un par de meses pero igualmente fue nombrado asesor del actual presidente del Ciudad y lo acompañó hace un par de meses en un viaje que se realizó a Japón junto al nuevo gerente general, Marcelo Pose.
La designación de Albarello (que cobra 10.000 pesos mensuales) como asesor de Hecker fue defendida por colaboradores del presidente del Banco. "Tiene casi 30 años de experiencia en el cargo y además es nada maás ni nada menos que el vicepresidente de la Red Link (la cadena de Bancos de los diferentes Estados). Es un hombre absolutamente necesario para encarar este período de transición".
De la misma manera, Hecker avaló el nombramiento de Pose, ya que también fue alcanzado por las denuncias de Flores Maini. En una carta documento enviada al Banco Ciudad, se cuestiona a Pose, entre otras razones, por tener una caja de seguridad conjunta con Mónica Almada, ex directora del Banco tristemente célebre por haber saltado el corralito financiero.
"Pose tiene una relevante trayectoria en esta institución, habiendo incluso sido el inmediato inferior jerárquico del Gerente General durante un período de tiempo. Carece de antecedentes penales y nunca fue vinculado con la causa penal que se tramitó por la cancelación de un plazo fijo por parte de Almada", aclaró Hecker.
Personas allegadas a los Mauro también acusan a las autoridades del Ciudad de haberse sumado al reciclaje de funcionarios que se produjo post Cromañón. "A Miguel Figueroa que fue separado de Verificaciones y Habilitaciones y lo tomaron en el Banco con un sueldo de 4.000 pesos mensuales". Esto fue reconocido por funcionarios del Ciudad que aseguraron que "además de no estar imputado en ninguna causa, tiene más de 20 años de experiencia bancaria, en el Banco Francés tuvo resultados notables y su currículum está a disposición de quien quiera consultarlo".
RELACIONES PELIGROSAS
Hasta el momento se ha nombrado a Jorge Mauro, Gustavo Mauro, Miguel Corsani, Juan José Shinca, Enrique Lella y Eduardo Flores Maini. Excepto los Mauro, los demás personajes de esta historia parecen no tener vinculaciones claras entre sí. Sin embargo, las apariencias engañan.
Shinca, Lella y Corsani fueron empleados del Banco Ciudad, echados en los ’90. Este último le organizó un acto a Macri cuando era candidato a jefe de Gobierno porteño al que concurrieron, entre otros, Jorge y Gustavo Mauro. Sin ir más lejos, cuando el nombramiento de Grasso en el Banco Ciudad comenzó a tambalear y antes de proponer a Auguadra, desde el macrismo se impulsó a Miguel Varela.
Varela fue subgerente del Banco Ciudad hasta que Fernando de la Rúa asumió como jefe de Gobierno porteño y Horacio Chighizola como presidente de la entidad bancaria, a instancias de Adalberto Rodríguez Giavarini, por ese entonces secretario de Hacienda porteño y su socio en el estudio jurídico.
En ese momento, fuentes cercanas a Varela aseguraron que "sin duda es un hombre que conoce el funcionamiento del Banco y nunca se la ha probado ninguna irregularidad. Lo único que se comentó es que era la mano derecha de Jorge Mauro, una persona que durante años trabajó en el Banco Ciudad y que se dijo, respondía a Alfredo Yabrán".
Por otra parte, una nota enviada por Hecker al jefe de Gobierno afirma que "Lella envió cartas documento atacando al Área Legal y de Recupero de Créditos, remitiéndolas desde el domicilio situado en 25 de mayo 432 5º piso y 6º piso. Llamativamente, ese mismo domicilio corresponde a las cartas documento enviadas por Gustavo Mauro en las que amenaza al Directorio con potenciales querellas criminales, centrando su eje en este caso en otras áreas vinculadas a sistemas".
Flores Maini es directivo de empresas del Grupo Macri y de estrechas vinculaciones con el grupo Mauro. Incluso ha sido directivo de las mismas empresas del Grupo Macri con Néstor Grindetti, uno de los directores designados en el Ciudad a solicitud del presidente de Boca Juniors.
Por último, cabe mencionar un episodio reciente que relaciona al Grupo Mauro con el Banco Ciudad y con una empresa que tiene dentro de sus accionarios al Grupo Macri. Se trata de la compra por parte de Moebius Cueros (Mauro) de un campo en Rojas, que fue rematado por el Ciudad en enero pasado. Para poder realizar esta transacción, la empresa Alicopá (Macri) le prestó a Moebius (una empresa cuyo capital es de 12.000 pesos) la suma de 5.200.000 pesos. Como garante de la operación salió La Lacteo, una empresa de Gustavo Mauro que antes pertenecía al Grupo Macri.
Según fuentes del Banco Central "la Oficina de Información Financiera está investigando esta operación por una sospecha de lavado de dinero". Esta posibilidad fue totalmente desmentida por Gustavo Mauro, quien negó que haya ninguna maniobra extraña detrás de la compra del campo y que no será utilizado para la disposición final de residuos como trascendió en algunos medios.
Más allá del complejo entramado, no es casual que el momento elegido para reanudar las denuncias a la institución el Banco Ciudad es mientras este atraviesa una situación holgada de liquidez y solvencia.
"En el año 2004, la entidad financiera obtuvo utilidades superiores a los 100 millones de pesos y todo indica que este año serán superiores. Este es, sin duda, un mecanismo de presión para intentar posicionarse nuevamente en el Banco y manejarlo como lo han hecho antes", concluyó Hecker.
