Tras el reciente revés sufrido por el gobierno en el Senado con el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario, los bloques opositores de distintas tendencias convocaron una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles 8 de octubre a las 12:00. Allí pretenden debatir una agenda cuyo potencial impacto político podría tensionar aún más la gestión de Javier Milei.
El eje principal de la convocatoria es una reforma de la ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La propuesta establece que el Congreso —ambas cámaras— debe pronunciarse en hasta 90 días corridos sobre la validez de los DNU, bajo riesgo de que decaigan si no se tratan. Además, plantea que los decretos solo se mantengan si ambas cámaras los aprueban explícitamente.
De ese modo, si la iniciativa prospera, la oposición solo necesitaría mayoría en una de las cámaras para anular decretos presidenciales, lo que representaría un freno significativo al margen de acción ejecutiva sin apoyo parlamentario.
Una de las maniobras más llamativas del temario es la solicitud de remover a José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto. Se lo acusa de “incumplimiento de funciones” por tenerla cerrada varios meses, además de cuestionamientos vinculados con sus relaciones con el empresario Fred Machado, bajo investigación en EE. UU.
📄 • Diputados/as de Unión por la Patria junto a otros bloques políticos solicitamos Sesión Especial para el próximo miércoles 8 de octubre, a las 12.
Compartimos el pedido con el detalle del temario.
— Diputados UP (@Diputados_UxP) October 3, 2025
También figura en la agenda la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la posibilidad de avanzar hacia una moción de censura. Los opositores exigen explicaciones por el modo en que fue sancionada la ley de emergencia en discapacidad, cuya aplicación permanece en suspenso.
Si Francos no logra justificar una reasignación presupuestaria que permita implementar la normativa, sectores más duros advierten que no dudarán en impulsar la moción de censura contemplada en el artículo 101 de la Constitución.
Además de estos puntos centrales, la oposición pretende fijar una fecha límite para la discusión del Presupuesto 2026, evitar prórrogas del presupuesto vigente, y debatir propuestas como la declaración de nulidad del decreto 681/25 sobre discapacidad, establecer competencias del Congreso en endeudamiento externo, citar a ministros y secretarias (como Karina Milei o Mario Lugones) para que rindan cuentas sobre denuncias e irregularidades, y revisar otros decretos vinculados a importaciones, tarifas, producción y financiamiento científico.
En su conjunto, la iniciativa opositora busca acotar el poder del Ejecutivo y restaurar balances institucionales, mientras ofrece una clara advertencia política al oficialismo: sin respaldo parlamentario, gobernar mediante decretos será cada vez más cuesta arriba. La pulseada legislativa que se anticipa para el 8 de octubre podría redefinir los márgenes de gobernabilidad para el resto del mandato.
