La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). que reveló serias deficiencias en la planificación, control y transparencia de los aportes del Gobierno de la Ciudad destinados a mejorar las condiciones ambientales de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Entre los principales hallazgos, se destaca que no se informa de manera clara la apertura programática de las inversiones, lo que impide identificar y evaluar las acciones vinculadas al saneamiento. “No se puede monitorear lo que no se mide. La falta de metas físicas asociadas a los programas hace imposible establecer un marco de referencia que oriente la ejecución y control del plan”, señaló el auditor general de la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz.
Además, el informe señala que tanto la Corporación Buenos Aires Sur como Autopistas Urbanas (AUSA) no identificaron en sus presupuestos las acciones previstas para el año auditado y esto genera que no se puedan controlar los fondos públicos.
El informe también alerta sobre la falta de avances concretos en dos líneas clave del PISA: el Plan Sanitario de Emergencia y la Urbanización de villas y asentamientos precarios. En el primer caso, no se llevaron adelante investigaciones esenciales para el diagnóstico sanitario de niños y niñas menores de 6 años, como el estado nutricional, desarrollo cognitivo y las enfermedades respiratorias. En cuanto a la urbanización, no se ejecutaron obras de vivienda nueva en toda el área de la Cuenca y gran parte de la población continúa viviendo en condiciones de alto riesgo ambiental. “En el periodo auditado solo se entregaron 2 soluciones habitacionales de las 1251 previstas en el Convenio. A este ritmo, la relocalización es una promesa vacía, como decimos todos los años al hacer este informe, no son errores es una decisión política”, remarcó Teszkiewicz.
En termino de presupuestarios, se ejecutaron más 62 mil millones de pesos de acciones no vinculadas al PISA, que fueron registradas como inversiones del saneamiento, al tiempo que la ejecución presupuestaria del programa, fue apenas el 38,47%. Pero el porcentaje real es menor porque se registran inversiones en programas que no se corresponden con los criterios definidos en el Manual de Información y Control Presupuestario PISA aprobado por Resolución de la ACUMAR N° 295/2014.
Por otra parte, no se ha avanzado en dar cumplimiento a la obligación de identificar de modo especial los montos destinados a vivienda nueva o mejoramientos en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo de acuerdo a lo ordenado en la sentencia del 16/12/2021.
Otra preocupación destacada por la AGCBA es la cantidad de modificaciones en la estructura orgánico-funcional, lo que impacta negativamente en el cumplimiento de las responsabilidades primarias. También se identificaron inconsistencias entre la información provista por los organismos auditados y la que maneja ACUMAR.
Por último, se observó que no se cumplieron los aportes correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental establecido por la Ley 26.168, y que los créditos destinados a Gastos de Capital quedaron reducidos a cero, mientras que los Gastos Corrientes sufrieron una pérdida del 75%.
“Es evidente que el Pro no prioriza el saneamiento ambiental ni la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Cuenca. Se trata de una deuda histórica que sigue creciendo por falta de voluntad política y transparencia en la gestión. Esta necesidad que surgió como respuesta a una exigencia judicial, a más de quince años de la sentencia y con al menos dos siglos de contaminación, sigue siendo una deuda con la calidad de vida de los habitantes y con la recomposición del agua, el suelo y el aire de la Cuenca.”, concluyó Teszkiewicz.
