El Gobierno nacional presentó ante la Justicia Federal una denuncia que define como una “operación de inteligencia” destinada a desestabilizar al Poder Ejecutivo en plena campaña electoral. Según el vocero Manuel Adorni, lo sucedido no fue una simple filtración, sino un ataque ilegal, planificado y dirigido.
La presentación judicial —firmada por Fernando Soto, director nacional de Normativa del Ministerio de Seguridad— solicita medidas cautelares urgentes, entre ellas, la suspensión de la difusión de estos registros y la colaboración del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para impedir su propagación.
El juzgado federal a cargo del juez subrogante Julián Ercolini recibió la denuncia, la cual sostiene que la operación implicó la “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados” de Karina Milei y otros funcionarios, violando la Ley de Inteligencia.
Entre los señalados como sospechosos de orquestar esta acción de espionaje figuran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, identificado como operador judicial cercano a un exdirector de la SIDE.
La gravedad de la situación radica en que la Corte advierte sobre la amenaza institucional: las grabaciones podrían haber sido realizadas incluso en el interior de la Casa Rosada, lo que se interpretaría como una vulneración inédita de la seguridad estatal.
Si bien el contenido del audio no exhibe irregularidades, el foco del Gobierno reside en la invasión a la privacidad de una funcionaria clave. La Casa Rosada considera que el objetivo es sembrar paranoia y desconfianza, amedrentando al gabinete.
El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.
Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar…
— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025
Qué dice la denuncia
El Ministerio de Seguridad Nacional, a través de su Director de Normativa, Fernando Oscar Soto, presentó una denuncia penal ante la justicia federal por “la producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo Nacional”. El escrito, realizado por instrucción de la ministra Patricia Bullrich, advierte que “naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como ejercicio de la libertad de prensa”.
La presentación sostiene que se trata de una “burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”, con el objetivo de “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral”. Como medida cautelar, se solicita la prohibición de difusión y circulación de los registros obtenidos, en resguardo de la legalidad y la transparencia democrática.
Uno de los puntos más graves señalados es la posible ejecución de parte de la maniobra dentro de la Casa Rosada. “La mera posibilidad de que se hubieran realizado grabaciones encubiertas dentro de la sede del Poder Ejecutivo Federal […] otorga a la maniobra una gravedad inusitada”, advierte el texto.
Además, se denuncia que los audios fueron difundidos en el tramo más álgido de la campaña electoral, con el fin de “enrarecer el clima preelectoral y generar violencia durante las apariciones públicas de los funcionarios espiados”.
El increíble pedido de Bullrich
Bullrich pidió que se allanen los domicilios de “Franco Bindi Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico y todo otro interviniente sin fueros parlamentarios, a fin de secuestrar dispositivos electrónicos (computadoras, notebooks, teléfonos, discos externos, pendrives) y documentación vinculada a las maniobras descriptas, de las cuales pueda determinarse quiénes fueron los organizadores y partícipes de los delitos cometidos”.
En la denuncia, Bullrich habla de “maniobra golpista”. Bindi es el esposo de la diputada Marcela Pagano. Se trata de un empresario dueño de medios de comunicación. La primera en vincularlo con esta historia fue la legisladora de La Libertad Avanza Lilia Lemoine. “Es un personaje ubicado desde hace años en la intersección entre política, medios e inteligencia”, dice la denuncia.
A Jorge Rial Bullrich lo califica como un “tradicional operador mediático” y señaló que el periodista “adelantó la existencia de videos durante el transcurso de su propio programa” en referencia a la presentación que se hizo de la investigación.
La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada.
Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión.
Fin. pic.twitter.com/v1H1doG7jb
— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025
