El juicio sobre la expropiación de la compañía YPF da un nuevo giro. Recientemente, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha decidido suspender “por tiempo indefinido” la entrega del 51% de las acciones de la empresa petrolera, que estaba relacionada con un fallo de 16.099 millones de dólares a favor de los fondos buitre.
A fin de avanzar con el proceso, el tribunal estableció un calendario: el jueves 17 los demandantes deberán presentar su oposición a la suspensión, mientras que Argentina responderá el martes 22, día en que también se presentarán los alegatos sobre el pedido de suspensión. La Procuración del Tesoro celebró la medida y destacó que “ya no corren las 72 horas, no hay más riesgo de desacato”, calificando la decisión como un “gran revés en la justicia”.
La Cámara de Apelaciones señaló que, aunque los fondos Burford y Eton rechazan que se suspenda el fallo en espera de la apelación, “no se oponen a que se dicte una suspensión administrativa provisional para permitir la celebración ordenada de sesiones informativas y el examen de la moción de suspensión”.
Cómo se originó la demanda
La reclamación por la expropiación de YPF inició en abril de 2015, tres años después de que el gobierno de Cristina Kirchner retomara el control de la empresa petrolera. Aunque el caso está relacionado con la nacionalización de las acciones que pertenecían a Repsol, la demanda fue promovida por otros accionistas. Por lo tanto, quien lidera el litigio no es la firma española, sino Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen tras su quiebra en los tribunales de Madrid.
Al proceder con la nacionalización, el Estado argentino infringió el estatuto de la compañía, que regula la adquisición de acciones. Según esta norma, quien compre más del 15% debe ofrecer la misma oportunidad a todos los accionistas, pero las negociaciones se realizaron únicamente con Repsol, dejando fuera a otros tenedores.
Poco después, Preska aceptó el cálculo de intereses presentado por los expertos de Burford y ordenó establecer un monto de indemnización. A raíz de esta decisión, el Estado argentino se vio obligado a abonar una cifra multimillonaria. El total alcanzó los US$ 16.100 millones, de los cuales US$ 14.400 millones corresponden al Grupo Petersen y US$ 1.700 millones a Eton Park, otro fondo implicado en el litigio.
Esa resolución fue impugnada por ambas partes: los letrados que representan a Argentina solicitaron una revisión del criterio utilizado para calcular la cifra, mientras que los demandantes pidieron que se responsabilice a YPF como entidad, y no únicamente al Estado nacional. Ahora, la decisión está en manos de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que aún no ha fijado plazos para su resolución.
