La Justicia Federal detectó que el contrato firmado el Gobierno nacional con el laboratorio AstraZeneca por la provisión de vacunas contra el coronavirus no incluyó ninguna “penalidad o astreintes” en caso de que la provisión de dosis se incumpla.
El dato, que se desprende de los documentos firmados por ambas partes, le da una ventaja notable a AstraZeneca sobre todo porque según el contrato deberían entregar a fin de julio el total de las 22.400.000 vacunas comprometidas. Hasta ahora solo mandó unas 6.200.000 y no hay chances de que pueda cumplir con lo pautado. Si existiera una cláusula de penalidad el laboratorio debería compensar al país por los fuertes incumplimientos.
En el gobierno sostienen que ese calendario formaba parte de un “anexo” tentativo. Según esa interpretación, habiendo destinado a la Argentina cargamentos con 6 millones de vacunas en el primer semestre, no hubo incumplimientos por parte del laboratorio.
El fiscal Guillermo Marijuan, que lleva la causa que investiga el contrato con AstraZeneca, detectó el beneficio para la empresa cuando empezó a leer por completo todos los puntos de lo que firmaron ambas partes.
La respuesta llegó cuando analizaron el contrato y observaron que no había cláusulas de penalidad frente al incumplimiento del cronograma de entrega.
Fuentes judiciales le confirmaron a Perfil que no solo no hay penalidades por los atrasos sino tampoco “cláusula de astreintes”. Este último concepto, explicaron, refiere a las sanciones “valuadas en dinero contra el deudor que se demora en el cumplimiento de una orden judicial” y exige que pague el deudor una suma de dinero por día, semana o meses en que se retrasa en el cumplimiento de lo acordado.
Desde la Justicia señalaron que es un hecho “de suma gravedad” la falta de una cláusula de compensación ya que el único perjudicado es el Estado. Creen que puede haber un perjuicio para el erario público por los incumplimientos. Un dato no menor es que el Estado nacional pagó el 60% del contrato con AstraZeneca, unos 53.817.410 dólares de los 89.700.000 dólares comprometidos.
Pero lo cierto es que las demoras en la entrega de vacunas no solo afectan económicamente al Estado. También generan “un retraso en el plan de vacunación”, sostienen en la Justicia.
La causa que investiga Marijuan arrancó por una denuncia ante el marcado retraso de las entregas. El propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió las demoras del laboratorio cuando declaró como testigo ante el fiscal.
En el expediente están involucradas figuras de peso. Aparecen el ex ministro de Salud, Ginés González García, y el empresario Hugo Sigman que maneja el el laboratorio mAbxience y que firmó contratos con AstraZeneca para fabricar componentes de la vacuna en el país. Sigman y Ginés García tienen una vieja relación de amistad. De hecho, hace pocas semanas, los fotografiaron tomando un café en el lobby de un hotel en Madrid.
El fiscal le ordenó al Ministerio de Salud que le informe cuántas dosis de las que produce ese laboratorio van ingresando al país. Marijuán quiere saber si el Gobierno sabía anticipadamente que no se iban a poder cumplir con los plazos de entrega y aún así firmó pagando cifras millonarias.
Marijuan ya tiene acreditados los retrasos. Según el cronograma que le entregaron, en marzo debían haber llegado 2.382.000 de vacunas, 4.040.000 en abril y la misma cantidad al mes siguiente. En junio se esperaba un lote de 3.451.000 y el mayor cargamento era para julio, con 8.518.000 vacunas.