El caso de la historia de la deuda externa argentina tiene límites muy difusos en algunas materias. Los acreedores litigan en tribunales en los que juegan con ventaja, embargan bienes del Estado, financian campañas de desprestigio contra gobernantes que no se mantienen sumisos a su peticiones y exigencias y ejecutan un constante asedio mediático muy bien pago contra casi todos los países del Tercer Mundo.
Pero, si los deudores provienen del hemisferio norte, las reglas de juego se modifican de manera radical. Nuestro país tiene sobrada experiencia en el tema. Por de pronto, los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra le adeudaban a la Argentina, según los asientos contables del fin de la Segunda Guerra Mundial, una gran suma por abastecimientos no pagados.
El entonces presidente argentino, Juan Domingo Perón lo relataba de esta manera en esos años: “En 1946 la deuda de los Estados Unidos era aproximadamente de dos mil millones, y la de Gran Bretaña, de unos tres mil quinientos (117 millones de libras). La Argentina, acreedora de ambos, dispuso emplear tales saldos en la adquisición de manufacturas indispensables. Fue así que procedió a disponer del oro y dólares acumulados, al tiempo que gestionaba el desbloqueo de los saldos en libras esterlinas”.
Luego, el exmandatario nacional prevenía acerca de la actitud que tomaron ambos países, antes aparentes socios entusiastas de nuestro país. “Lo primero pudo realizarse a duras penas, como mencionamos antes, a costa de uno de los fraudes más abominables que registra la historia de las relaciones económicas internacionales. Lo segundo se estableció al firmar solemnemente dos tratados sucesivos con el gobierno de S.M. Británica, en los cuales éste se comprometía a mantener la convertibilidad de la libra esterlina”.
Completando la maniobra, las cosas no resultaron como era de prever. “Para Argentina, celosa cumplidora de sus pactos y compromisos internacionales -continuaba el general Perón-, era inconcebible el pensamiento que el Gobierno de Su Majestad Británica, comprometido en acuerdos y pactos solemnes a mantener la convertibilidad de las libras bloqueadas, pudiera unilateralmente violar los compromisos. Sin embargo, a mediados de 1947, decreta unilateralmente la cesación de tal obligación financiera. En ellos se ve la mano intencionada de ciertos círculos estadounidenses, pues no es un secreto para nadie que tal medida no pudo ser tomada por el gobierno inglés sin el acuerdo o la presión mencionada”.
¿El resultado? Sencillo, ya que ambas potencias habían salido fortalecidas de la guerra contra el Eje Berlín-Roma-Tokyo. “Se trataba intencionalmente de perjudicar a la Argentina en su crédito, haciéndola aparecer como deudora morosa y, en consecuencia, cortarle el crédito y difamarla por todos los medios”, advertía Perón, que conocía las consecuencias de tomar decisiones gubernamentales que iban en el camino de proteger la Justicia Social, la Libertad Económica y la Soberanía Política.
A continuación, relataba Perón que la cesación de la convertibilidad de la libra esterlina al patrón oro fue coincidente con el lanzamiento del Plan Marshall, un programa de reconstrucción de una Europa devastada por la guerra, que se llevó las vidas de alrededor de 55 millones de personas, la mayoría civiles.
Según los términos debatidos por el Senado de los Estados Unidos, existía la decisión de adquirir en Argentina una gran cantidad de alimentos, necesarios para abastecer a Europa, varios de cuyos países se encontraban al borde de la hambruna. Paralelamente, funcionarios de la embajada de EEUU y de la Economic Cooperation Administration -el organismo creado para administrar el Plan Marshall- otorgaron una serie de garantías a la Argentina de que en este país se iban a colocar grandes órdenes de compra, al mismo tiempo que se solicitaba a las autoridades de nuestro país que se reservara para este fin la totalidad de la producción agrícola-ganadera.
Aprobado el Plan Marshall el tres de abril de 1948, llegó a Buenos Aires el enviado del presidente Harry Truman, llamado Struve Hensel, que, relataba Perón “ante el estupor del Gobierno argentino y del propio embajador de los Estados Unidos, señor Bruce, manifiesta que tal plan es simplemente financiero y que en la Argentina no se compraría nada. Se había consumado el más triste episodio de mala fe, del incumplimiento y de la falsedad internacionales”.
Perón remataba su artículo periodístico publicado en 1951 en el diario Democracia, afirmando que “en conclusión: queda claramente expuesto que las maquinarias del supercapitalismo internacional, no satisfecho con despojar a otras naciones de recursos indispensables para su desarrollo económico, mediante la inflación provocada; no conforme con la violación arbitraria de la palabra empeñada en documentos solemnes; no contento con el incumplimiento sistemático de las promesas y de las obligaciones formales de sus representantes, miente, miente descaradamente cuando pretende tergiversar la clara posición argentina, que ha resistido su bloqueo, su presión, su sabotaje y su difamación sistemática”.
El revés de la trama
Como es de esperar, la actitud de los dos países que tradicionalmente han comerciado con Argentina en condiciones desparejas, cambia radicalmente cuando pasan de ser acreedores a ser deudores. Aquí comienzan las especulaciones, los cambios en los acuerdos y las negativas a cumplir con lo pactado.
El 28 de enero pasado, un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos asestaba un recio golpe -uno más, entre tantos otros- a la economía y a la soberanía argentinas. Los fondos buitre (esa ave rapaz de orden de los accipitriformes) Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master consiguieron que la máxima instancia judicial estadounidense ratificara el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligaba a nuestro país a abonarles 477 millones de dólares. Si bien los supremos norteamericanos fallaron en contra del país, la cifra disminuyó -al modo de un magro consuelo- a 310 millones de la verde divisa.
El dinero saldrá del embargo de activos que están depositados en cuentas de la Reserva Federal en Nueva York, en Alemania y Suiza. Los que cobrarán son los acreedores de Argentina que se negaron a ingresar en los canjes de deuda que se realizaron en 2005, 2010 y 2016, cuando aún existían gobernantes patrióticos. La condena había sido ratificada en segunda instancia en 2022 por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, pero Argentina recurrió el fallo, que así llegó a la Corte Suprema, una institución que atesora algunos cuestionamientos, como el de la representante Alejandra Ocasio Cortéz, que en septiembre de 2023 acusó a uno de sus integrantes, Samuel Alito, al que mostró en una festiva imagen en la que se lo veía exhibiendo un salmón recién atrapado junto a un sonriente Paul Singer, el titular de Elliot Management, el fondo buitre que en 2012 intentó vanamente embargar la fragata Libertad, el buque-escuela de los cadetes de la Armada Argentina.
Paralelamente, hace un mes, el exgestor de cartera del ya mencionado fondo de cobertura Elliot Management, Jay Newman, que ahora es columnista del Financial Times, cuestionó en un artículo publicado en este medio la decisión de la también mencionada Loretta Preska, que condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares a los buitres Burford Capital Ltd. (estadounidenses) y Eton Park (ingleses).
En primer término, Newman afirmó que “los procedimientos legales deberían haber permanecido en la Argentina, ya que la disputa es puramente local y abarca un microcosmos de la sociedad y la política argentinas. Afecta prácticamente todas las facetas de la vida cívica argentina, desde su desarrollo histórico, las facultades gubernamentales, el régimen jurídico, el derecho sustantivo, la política energética y el interés público”.
De todos modos, el examigo de Paul Singer señaló también que para el cálculo de la indemnización, la controvertida jueza utilizó como patrón el valor del peso argentino en 2012, que “debido a la depreciación del peso frente al dólar durante los 12 años transcurridos desde 2012, la indemnización debería acercarse a los US$100 millones”, solamente, muy lejos del inflador que aplicó Preska.
En este punto es necesario recordar que ésta es la sucesora de otro controvertido actor político, el juez Thomas Griessa, que fue el protagonista de varios hilarantes episodios, como el que aconteció en la primera audiencia en la que estuvieron presentes los abogados del Estado argentino y los de NML Capital Ltd, los demandantes. En esta ocasión, Griesa intentó explicar los argumentos por los que había aprobado una demanda por 2.500 millones de dólares, pero no lo consiguió. El abogado de la parte demandante -autor del fallo, o al menos su propiciador- debió hacerse cargo de la perorata, ante las lagunas en el entendimiento del provecto magistrado.
Toda semejanza con la realidad que hoy asesta golpe tras golpe sobre las ya castigadas humanidades de los argentinos es simplemente casual, pero no inocua. El capitalismo del saqueo y del desastre se enseñoreó en nuestro país.
De todos modos, el peligro no provino nunca exclusivamente de los Griesa, las Preska, los Paul Singer y otros más, como Spruille Braden y Samuel Alito, sino de algunos argentinos que no llegaron del cielo, precisamente.
