ANDIS: los peritos no pudieron recuperar los chats borrados de Spagnuolo

ANDIS: los peritos no pudieron recuperar los chats borrados de Spagnuolo

La Justicia confirmó que no se podrá acceder a los mensajes eliminados manualmente.


Los técnicos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) notificaron al juez fiscal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi que los mensajes borrados del celular de Diego Spagnuolo no pueden ser recuperados debido al método utilizado para su eliminación.

Según el informe técnico, se trató de un “borrado especial”, una maniobra distinta al procedimiento de eliminación convencional que complica la posibilidad de restaurar el contenido eliminado.

Durante un allanamiento en su hogar en Pilar, se secuestraron dos dispositivos. Uno estaba fuera de uso, sin datos relevantes; el otro, el principal, fue peritado, pero gran parte del contenido se había borrado previamente, incluyendo chats con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, se intentó acceder al celular de Emmanuel Kovalivker, empresario vinculado a Droguería Suizo Argentina. Sin embargo, el dispositivo era de última generación y el empresario se negó a proveer la clave de desbloqueo.

Se prorrogó el peritaje a otros tres celulares: los de Eduardo y Jonathan Kovalivker (padre y hermano de Emmanuel) y el de Daniel Garbellini, ex segundo de Spagnuolo en ANDIS. En este último caso, el acceso fue permitido, aunque se espera encontrar poca información útil, ya que fue incautado cuando la causa ya era pública.

La imposibilidad de recuperar los mensajes representa un duro golpe probatorio para la investigación, pues muchos audios filtrados aluden a supuestos pagos irregulares dentro de la ANDIS. La pesquisa continúa, con cruce de datos de backups y análisis de otros dispositivos, en búsqueda de reconstruir el entramado de la causa.

La causa sigue bajo secreto de sumario, extendido por 10 días hábiles más. En paralelo, defensores de los involucrados ya han planteado incidentes legales y pedidos de nulidad, mientras que la ONG Poder Ciudadano fue aceptada como querellante.

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