El nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, ya comenzó a imponer su metodología de trabajo. A su hiperactividad, con una agenda que inicia temprano en la madrugada, le agregó una nueva política para realizar los anuncios de gestión que implica correr a Alberto Fernández para delegarlos en los ministros.
Así el Presidente no participó del anuncio de la extensión del PreViaje para jubilados el pasado viernes y, este lunes, tampoco del programa para trabajadores de casas particulares, Registradas, por el cual el Estado ayuda a pagar hasta el 50% del salario de empleadas y empleados domésticos recién contratados durante medio año. Algo que contrasta con la batería de medidas y actos diarios que encabezaba previo a las PASO.
Es más, y sobre todo en la campaña de cara a las elecciones de noviembre, Alberto Fernández tendrá una participación acotada a determinadas acciones de cercanía con grupos de personas, como ya hizo en las últimas 72 horas en distritos del conurbano bonaerense, tanto en Pilar como en Avellaneda.
En la nueva etapa de la campaña ya no se plebiscitará la gestión, en cambio, la carrera hacia las Generales se descentralizará en las provincias, y las actividades de la gestión nacional, que se pensarán en clave proselitista, serán comunicadas principalmente por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros.
La nueva metodología quedó plasmada este lunes, cuando el Presidente se reunió con los ministros Martín Guzmán (Economía), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), Claudio Moroni (Trabajo), Eduardo Hecker (presidente del Banco Nación) y Mercedes Marcó del Pont (titular de la Afip). Con estos funcionarios analizó los pormenores del anuncio del día. Luego, se grabó un video de difusión vía redes sociales y un grupo se encargó de comunicarlo a los medios acreditados en Casa Rosada y otro a los movileros apostados fuera de la sede gubernamental.
Una política inclusiva para un importante sector de la población. Con este programa el gobierno busca facilitar el acceso al trabajo registrado y ampliar el acceso a otros beneficios que mejorarán sustancialmente la calidad de vida de las trabajadoras de casas particulares. https://t.co/hlj7lWvODW
— Juan Manzur (@JuanManzurOK) September 27, 2021
Con relación al programa en sí, el objetivo principal es impulsar una mayor formalización en el sector de trabajadores de casas particulares, y recuperar puestos de trabajo que se han perdido durante la pandemia. La medida es una iniciativa conjunta de los ministerios de las Mujeres, Economía, Trabajo y AFIP.
De manera puntual, consiste en la transferencia de una suma mensual equivalente al 50 o 30% de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de la inscripción al programa, con un monto máximo del beneficio de $15.000. Tendrá una vigencia de 6 meses desde el momento del alta de la trabajadora.
Según se informó, el empleador deberá percibir ingresos mensuales inferiores al mínimo no imponible de Ganancias. Y la trabajadora deberá trabajar como mínimo 12 horas semanales y podrá estar inscripta únicamente bajo la nómina de un empleador o empleadora.
Además, el acceso al beneficio no genera incompatibilidad con otros beneficios, asignaciones y programas sociales, con excepción de la pensión no contributiva por invalidez, pensión no contributiva madre de 7 hijos y pensión no contributiva por vejez
En cuánto a la implementación, el empleador debe dar el alta a la nueva trabajadora en la AFIP, el Estado crea una cuenta sueldo (BNA) para ella y transfiere allí, de manera mensual, un porcentaje del salario neto declarado (30% o 50% según corresponda) y el empleador transferirá el porcentaje restante del salario.
Entre los requisitos del programa figura que durante los 12 meses inmediatos anteriores a la entrada en vigencia del decreto el empleador debe haber percibido en promedio mensual ingresos brutos de cualquier naturaleza iguales o inferiores al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias ($175.000). Tampoco se podrá despedir a la trabajadora para inscribirla nuevamente y el empleador está obligado a mantener el puesto de trabajo los 4 meses posteriores a la finalización del beneficio.