Agenda judicial 2022: las causas de Alberto, Cristina y Macri tienen fecha

Agenda judicial 2022: las causas de Alberto, Cristina y Macri tienen fecha

El Poder Judicial comenzó a armar la agenda de procesos clave para la actualidad política.


El Poder Judicial ya estableció las fechas clave que la política va a mirar de cerca por sus protagonistas: Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Sergio Massa, Julio De Vido, Lázaro Báez y la pelea por la situación que atraviesa el Consejo de la Magistratura.

El 2022 judicial comenzará con funcionarios de este gobierno como testigos en el juicio oral y público a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el caso de la obra pública en Santa Cruz que recibían las empresas de Báez.

El 1 de febrero se retomará el juicio -que este año ingresa en su cuarto de proceso, después de su inicio en mayo de 2019- con las declaraciones del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Por otro lado, el 7 de febrero están citados el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Y el 8 de febrero el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Excepto Zannini, son todos los jefes de Gabinete que tuvo Cristina Kirchner durante sus ocho años de gobierno y fueron convocados al juicio a pedido de su defensa.

El otro juicio que se reiniciará en febrero es en el que están acusados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido -también juzgado en el caso de la obra pública- y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Será el 7 de febrero cuando continúen los alegatos de las defensas.

En el caso se juzgan cuatro hechos: el presunto enriquecimiento ilícito de Jaime, la compra de trenes chatarra a España y Portugal, un negociado en la reparación de vías del ferrocarril Belgrano Cargas y el uso personal de vehículos del estado nacional. La fiscal Grabiela Baigún pidió que De Vido sea condenado a cuatro años de prisión y Jaime a ocho años. La expectativa en el Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Py es que antes que finalice marzo haya veredicto.

En el otro extremo de la grieta. El 10 de febrero será protagonista el expresidente Mauricio Macri. Ese día su defensa debe presentar un escrito ante la Cámara Federal de Mar del Plata en la causa en la que está procesado por el espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan. Así lo fijó el tribunal para resolver la apelación. La defensa pedirá que se revoque el procesamiento. La Cámara también tiene que resolver si confirma o revoca los procesamientos de los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

En la causa se investiga si desde la AFI y con conocimiento de Macri se ordenó espiar a los familiares de las víctimas del ARA San Juan por los reclamos que le hacían al gobierno para encontrar el submarino. De hecho, en la causa constan los partes de seguimiento que hacían los espías. Pero en ese expediente está en discusión si debe seguir su trámite en la justicia bonaerense o debe pasar a Comodoro Py.

Luego de febrero se estiran las fechas judiciales hasta el 15 de abril. No se trata de causa judicial, sino de un hecho institucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró el año pasado la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros del Consejo. El máximo tribunal ordenó que el Congreso dicte una nueva ley y le dio un plazo de 120 días al Consejo para adecuarse a una nueva conformación. Pasado ese plazo deberá volver a una composición anterior de 20 integrantes, sino todo lo que haga será nulo.

El conflicto está en la dificultad, plantean en el Consejo, de poder cumplir con esos tiempos. Es que se requiere hacer elecciones para completar los estamentos de jueces y abogados. La alternativa de una nueva ley también tiene dificultades.

Otra de las fechas que tendrá importancia en el calendario político será el 26 de mayo. Ese día la Cámara Federal de Casación Penal realizará una audiencia oral para escuchar a todas las partes por las condenas a Báez y al resto de los acusados en el caso de lavado de dinero. El empresario fue condenado a a 12 años de prisión y con él sus hijos, el arrepentido Leonardo Fariña, el contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, entre otros, a distintas penas.

Casación deberá resolver si confirma o revoca las condenas. Pero además de eso el caso tiene un punto clave. La mayoría del tribunal oral que condenó a Báez dijo que el dinero que lavó provenía de la obra pública que recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y del uso de facturas falsas. La decisión de Casación también será importante sobre si ratifica, en caso que confirme las condenas, esos argumentos, los que tendrán un peso político.

Por la Cámara de Casación pasarán en 2022 otras decisiones muy importantes que involucran a Cristina Kirchner y que todavía no tienen fecha para ser tratadas. La Sala I de Casación debe fijar audiencia en las causas por la firma del memorándum de entendimiento con Irán y por los Los Sauces-Hotesur. En los dos casos la vicepresidenta fue sobreseída por los tribunales orales de las causas, las decisiones fueron apeladas que para se revoquen y se ordene hacer los juicios y llegaron a Casación que deberá fijar una fecha de audiencia y luego resolver.

El Presidente Alberto Fernández también espera que el 2022 sea un año de definiciones. Imputado en la causa por la violación de la cuarentena durante el festejo de cumpleaños en junio 2020 de la primera dama, Fabiola Yañez, en la quinta de Olivos, el Presidente espera que la justicia federal de San Isidro resuelva si acepta su pedido de conciliación penal para cerrar la causa a cambio de donar durante cuatro meses su sueldo al instituto Malbrán, luego que fue rechazado su pedido de sobreseimiento.

Otra de las causas que será protagonista y marcará pulsos en la política es la causa judicial que irrumpió en la escena a fines de 2021. Es la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por la reunión de junio de 2017 en la que Marcelo Villegas, entonces ministro de Trabajo del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, dijo que quería tener una Gestapo antisindical y adelantó que tenía todo acordado para armar una causa contra el sindicalista de La Plata Juan Pablo “Pata” Medina, en un encuentro en el que había tres funcionarios de la AFI. El juez federal Ernesto Kreplak hizo allanamientos el miércoles y jueves de la semana pasada y comenzó a analizar lo secuestrado en los procedimientos.

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