La Justicia de la Ciudad crece, y en los últimos tiempos lo está haciendo a un ritmo acelerado gracias a la transferencia de competencias penales, el mayor acceso al servicio por parte de los ciudadanos y a la mayor recaudación, que toca también a la actividad judicial. Pero la velocidad de funciones no se corresponde con la velocidad en el nombramiento de funcionarios por concurso. Fundados en la lentitud que ha caracterizado al Consejo de la Magistratura de la Ciudad a la hora de seleccionar candidatos, y en la urgencia que hoy tiene la Ciudad para poner en funcionamiento nuevos juzgados, fiscalías, defensorías y asesorías tutelares, los diputados Martín Borrelli (PRO) y Juan Manuel Olmos (Frente para la Victoria) presentaron dos proyectos para designar provisoriamente jueces y magistrados del Ministerio Público.
"La designación definitiva de funcionarios judiciales y del Ministerio Público, dadas las características propias del proceso de selección de los mismos -un intricado sistema de concurso de antecedentes y oposición, que supone necesariamente la conformación de jurados, la toma de exámenes, el chequeo de esos antecedentes y sobre todo medios impugnativos en todas sus etapas- resulta por naturaleza de extrema lentitud", reconoció Borrelli. Y, luego de remarcar que en la Comisión de Justicia que él preside "existen proyectos con este espíritu de hace más de tres años", manifestó que la propuesta se presentó debido a que "en la Legislatura no encontrábamos una acción concreta del Consejo de la Magistratura para acelerar los tiempos de los concursos".
"Es una solución alternativa y temporaria hasta tanto se normalicen las designaciones. Nadie pone en duda que seleccionar magistrados que permanezcan en sus funciones por tiempo indeterminado no puede sino hacerse conforme a un concurso público sustanciado ante el órgano competente", destacó Olmos. Y agregó: "Si el Consejo de la Magistratura acotara los tiempos de los concursos, para que no sean eternos, los nombramientos transitorios no tendrían sentido".
Ante esta situación, el Consejo de la Magistratura cargado de energías renovadas tras la asunción de los nuevos representantes del estamento judicial y ante la posibilidad de perder autonomía y una de sus funciones prioritarias (seleccionar magistrados), resolvió trabajar para acotar los tiempos de los concursos.
"Nos hemos puesto una agenda muy estricta. Establecimos 45 días para debatir y consensuar la reforma del reglamento de concursos de integrantes del Ministerio Público, y 60 días para hacer lo mismo con el de jueces", describió a NU la presidenta de la Comisión de Selección de Jueces, María Teresa Moya. "Todos los consejeros estamos convencidos que acelerar los tiempos de los procesos es posible e indispensable. Ya se han presentado varios proyectos y estamos en pleno debate. Confío que en pocos días, ya tengamos consensuadas las modificaciones. Yo presenté una propuesta que puede reducir a 4 meses y 10 días -desde la aprobación del reglamento y de la convocatoria, hasta la publicación de la orden de mérito definitiva- los concursos para fiscales, defensores y asesores", dijo la consejera.
"Estamos en pleno debate pero ya hicimos cosas para reducir tiempos", destacó ante este medio la consejera y camarista, Nélida Mabel Daniele. "Hemos modificado el reglamento para el funcionamiento de los jurados y dispuesto que el sorteo entre las listas de expertos para la integración de los tribunales que evalúan los concursos, se realice en acto público ante el Secretario de la Comisión de Selección de Jueces como fedatario y no ante el Escribano General del Gobierno de la Ciudad. Con esta simple modificación hemos reducido en 6 meses el proceso".
En opinión de la jueza, "los concursos para designar magistrados pueden acotarse a 6 meses", dando preponderancia a "la oralidad en los exámenes, poniendo plazos a las correcciones y realizando la revisión para la aceptación de los candidatos inscriptos sólo cuando estos superen en número lo razonable".
"En todos los proyectos se reestablece la prueba oral técnica en audiencia pública para todos los fueros, independientemente de la entrevista personal", destacó el consejero Julio De Giovanni (autor la primera propuesta presentada para agilizar el proceso de selección). "Yo soy partidario de crear un capítulo especial para el Fuero Contravencional y de Faltas para que la prueba escrita tenga una incidencia menor a la prueba oral en el puntaje, ya que los procedimientos en dicho fuero son orales. También propongo que la entrevista tenga puntaje ya que antes no lo tenía. El análisis de los antecedentes laborales y académicos los realiza el Consejo y la entrevista también; las pruebas orales y escritas son responsabilidad de los jurados. Mi propuesta plantea que la entrevista y los antecedentes representen el 50 por ciento del puntaje, y los exámenes el otro 50. Se está planteando la discusión por el porcentaje de los antecedentes, algunos proponen que la experiencia tenga mayor puntaje y otros que lo académico tenga mejor valuación. Lo bueno es mixturar, para lograr un criterio amplio que permita el ingreso de gente de afuera y el ascenso dentro del Poder Judicial".
Uno de los puntos que más dificulta la celeridad del proceso es la gran cantidad de instancias impugnatorias, por tal motivo, hay proyectos que postulan una sola instancia final para impugnar y otros que las reducen a dos o tres. "Para acelerar los tiempos se pueden superponer instancias con un cierto criterio lógico, se pueden estar corrigiendo antecedentes y paralelamente tomar la prueba escrita", agregó De Giovanni. "Hace años que la Legislatura está esperando la modificación del reglamento de concursos. Saber que se está trabajando sobre este tema es una muy buena noticia. Bienvenida la iniciativa", celebró Borrelli. Y, tras manifestar que "muchas veces se ha dicho esto, pero no se ha concretado", el legislador aseguró: "Si vemos los resultados, caerían por abstractas nuestras iniciativas".
"En 15 días tendremos resultados", aseguraron desde el Consejo.
