El gobierno de Javier Milei ha disuelto la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que fue establecida para “recolectar información” sobre el escándalo relacionado con $Libra, la criptomoneda que el Presidente promovió en sus redes sociales y que se sospecha que podría ser una estafa.
Esta decisión fue anunciada este martes por el Ejecutivo a través de la publicación del Decreto 332/2025 en el Boletín Oficial. La resolución cuenta con las firmas del Presidente y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
De acuerdo con el decreto, la información sobre el criptoactivo requerida a distintos organismos “fue remitida al Ministerio Público Fiscal” y “la tarea encomendada por el Decreto N° 114/25 fue cumplimentada”.
De acuerdo con el informe oficial, la información fue proporcionada por la Oficina Anticorrupción, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de Recaudación ARCA (anteriormente AFIP), la Casa Militar, la Dirección de Migraciones, la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la Inspección General de Justicia (IGJ), la subsecretaría de Asuntos Políticos y la Jefatura de Gabinete.
No obstante, los informes oficiales que justificarían la disolución de la unidad aún no han sido publicados, mientras el caso sigue siendo investigado por la jueza María Romilda Servini.
La UTI fue establecida por la administración libertaria el 19 de febrero, cinco días tras la publicación de Milei en X (anteriormente Twitter), donde presentó el criptoactivo. Esta acción complicó su situación y la de su hermana, Karina Milei, quien también ocupa un cargo público.
El organismo funcionaría bajo el Ministerio de Justicia, con la misión de recopilar información sobre el caso y colaborar con el poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF) durante la investigación. María Florencia Zicavo, quien en ese momento era la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia y colaboradora cercana de Cúneo Libarona, fue nombrada como la responsable del cuerpo de investigación. Además, el equipo incluía representantes de entidades especializadas en activos virtuales, delitos financieros y lavado de dinero.
Entre sus responsabilidades, la unidad contaba con la capacidad de requerir información y documentación a entidades del sector público nacional, además de solicitar datos a autoridades provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organismos internacionales mediante la mediación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El decreto que comunica la disolución de la UTI sostiene que todos esos objetivos han sido alcanzados y que las entidades estatales han proporcionado la información requerida.
Cómo avanzan las indagaciones por el caso $Libra
Además del cierre de la UTI, se han abierto expedientes en la Justicia Federal, la Oficina Anticorrupción y el Congreso Nacional. En sintonía con la medida que se divulgó este martes, el progreso de las indagaciones se ve obstaculizado por la falta de colaboración de los funcionarios del Gobierno en proporcionar información.
El asunto también ha llegado a los tribunales de EE. UU., donde un grupo de afectados ha interpuesto una demanda colectiva.
En las últimas semanas, el Gobierno también consiguió frenar la designación de los miembros de la comisión investigadora establecida en la Cámara de Diputados, la cual nunca llegó a activarse.
Simultáneamente, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, evitaron la interpelación en el Congreso, lo que resultó en la cancelación de la sesión.
A su vez, la convocatoria a la hermana del Presidente, Karina Milei, no se llevó a cabo. La secretaria General de la Presidencia está involucrada debido a su participación en las reuniones con los desarrolladores de la criptomoneda, Hayden Davis y Julián Peh.
