Una acción colectiva de inconstitucionalidad fue presentada contra el presidente Javier Milei, por autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025. La demanda fue impulsada por candidatos a diputados nacionales —Claudio Lozano, María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo—, junto con el abogado Fernando Cabaleiro y la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. El expediente ya tramita en el juzgado federal de Ushuaia bajo el número 41369/2025.
El decreto en cuestión faculta dos operaciones: primero, la salida de personal y medios argentinos al Ejercicio “Solidaridad”, en Chile; segundo —y de mayor controversia—, permite el ingreso de fuerzas armadas de los Estados Unidos para el Ejercicio “Tridente”, previsto entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025. Las bases afectadas serían Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. La demanda sostiene que estas autorizaciones exceden las atribuciones del Poder Ejecutivo.
Uno de los ejes del planteo es que la Constitución Nacional reserva al Congreso la facultad de autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales, según el artículo 75 inciso 28. Al decretar tal autorización sin intervención parlamentaria, el Ejecutivo estaría usurpando una competencia legislativa exclusiva. Además, se cuestiona el uso del DNU como herramienta para reglamentar una materia que debería discutirse en el ámbito legislativo.
La parte actora argumenta que el DNU sólo es constitucionalmente admisible en circunstancias excepcionales, cuando tramitar una ley resulta imposible. En este caso, sostienen que el Ejecutivo no afrontaba una situación imprevisible ni una crisis súbita, dado que el ejercicio militar era previsible y de planificación anticipada. De hecho, el propio gobierno había enviado un proyecto de ley al Congreso paralelamente al decreto, lo que sugiere que no hubo imposibilidad de legislar.
Otro punto del reclamo es que el DNU afecta principios fundamentales del sistema republicano, como la separación de poderes y la participación ciudadana. Al sustituir la voluntad del Parlamento por una decisión unilateral, se vulneran derechos como el control legislativo, las audiencias públicas y los mecanismos de deliberación democrática. En ese sentido, permitir la ejecución del ejercicio militar sin intervención del Congreso implicaría un deterioro institucional.
Como medida cautelar urgente, los demandantes solicitan la suspensión inmediata de los efectos del DNU 697/2025 en lo relativo al ejercicio “Tridente” y al ingreso de tropas estadounidenses. El temor es que, si el plan militar se pone en marcha, se consume un hecho irreversible que invalidaría cualquier fallo futuro que declare la inconstitucionalidad del decreto. En definitiva, piden que el DNU sea declarado nulo e inconstitucional, y que se impida su ejecución hasta que el Congreso intervenga.