El Ejecutivo, mediante una rueda de prensa liderada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dio a conocer la clausura y reorganización de la Dirección Nacional de Vialidad, una entidad que estaba bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo y que tenía, entre otras funciones, la responsabilidad de la construcción de carreteras. La presentación inició con un video que detallaba las denuncias de corrupción vinculadas a la causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner fue sentenciada a 6 años de prisión y actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario.
Con esa introducción, el funcionario recordó detalles de la investigación que llevó a la sentencia en contra de la ex jefa de Estado, hoy privada de su libertad. Así, rememoró que el expediente se
Adorni habló de 51 contratos de obra pública “con sobreprecios para el contratista Lázaro Báez”. “Hubo contratos públicos amañados, abandono de obras, ampliación injustificada de plazos”, enumeró, y dijo que consta en la Justicia que “hicieron una maniobra administrativa para inyectarle liquidez a Vialidad. Un instrumento para la maniobra ilegal destinada a mover recursos”.
Tras presentar los argumentos, el portavoz anunció la decisión. “El presidente Javier Milei, mediante un decreto que será publicado mañana, ha ordenado el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, así como de otros dos organismos: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, comunicó Adorni.
Y continuó: “La CNRT que pasará a denominarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas relacionadas a la fiscalización de concesiones viales”.
“El Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas”, completó.
“Es un acta de defunción a la corrupción de la Obra Pública y la firmó el presidente de la Nación”, destacó Adorni.
El funcionario también resaltó el uso de las facultades delegadas que ejerció Milei, y que vencen mañana: “Decían que aprobar las facultades delegadas era ilegal, darle superpoderes a un gobierno reaccionario, que se vendía el país, armaron una tendencia en X. La realidad es que el gobierno de Milei es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no solicitó ni decretó una prórroga a las facultades delegadas, como lo hizo el kirchnerismo hasta el fin de su mandato. Hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos causaron”.
“Son los mismos que miraron hacia otro lado cuando Alberto Fernández proclamaba la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia pública y otorgaba poderes especiales al Ejecutivo, incluyendo la creación de impuestos como el Impuesto PAIS”, añadió.
Y sentenció: “En mayo de 2021, el gobierno anterior las utilizó para aislar a los argentinos bajo el pretexto de la pandemia, dejando a los niños sin clases, cerrando actividades productivas y prohibiendo reuniones privadas. El problema no es la herramienta en sí, sino cómo se utiliza y con qué propósito”.
En este contexto, Adorni destacó que el presidente Milei empleó la herramienta que caduca mañana para proporcionar un alivio fiscal a las finanzas del Estado. “Por primera vez, las facultades delegadas se usaron para reducir la carga fiscal que sufrían los argentinos. Los 65 decretos delegados promulgados en el último año generaron un ahorro de 2 mil millones de dólares en gastos”, aseguró el portavoz.
Finalmente, Adorni subrayó que Milei no intentó extender el plazo de los llamados superpoderes. “El presidente mantuvo el respeto por la institucionalidad. Primero, porque no se prorrogó, se cumplió rigurosamente con el plazo de un año, y segundo, porque su objetivo fue implementar un plan de reformas para rescatar a Argentina de la decadencia”, afirmó.