En la segunda etapa del alegato por Gustavo Torres, ex funcionario ibarrista, intentó desmoronar los alertas expedidos al Gobierno capitalino antes del incendio que significó la mayor tragedia no natural de este país.
El abogado Carlos Cruz al volver del receso de una hora recordó, y aseguró, que su defendido ?se llevó en la madrugada del 31 de 2004 expedientes? de la Dirección de Fiscalización y Control (DGFyC) porque los quería entregar a la justicia. ?De acuerdo a un sumario administrativo no se perdió ningún expediente?. Ese sumario administrativo nunca fue expuesto por la defensa en el debate, y menos aún se puede verificar alguna constancia escrita en la que se haya asentado a horas de producirse el incendio de Cromañón que Torres junto a su asesores se llevaron cientos de expedientes como testificaron diferentes personas.
Saldado su olvido Cruz dio paso a su colega Pablo Lafuente. Éste empezó a machacar sobre los ?supuestos alertas? sobre la peligrosidad de los locales bailables clase C.
Fue enumerando cada alerta y vapuleándolas. ?La revista Llegas a Buenos Aires donde se publicó la promoción del recital de Callejeros en Cromañòn como bengalero no llegó nunca a la DGFyC, solo a Turismo?.
Por el alerta del defensor adjunto, Gustavo Lesbegueris, consideró que ?fue un informe dirigido a la dirección general de seguridad privada por la violación a la ley 118?.
?Las actuaciones policiales por recitales de Callejeros en Obras y Excursionista pasaron por la justicia contravencional y no por DGFyC?. Respecto al informe de la Auditoría General ?ese informe lo remitió a Dirección de Habilitación y Permisos Torres, y llegó el 24 de noviembre?, lo contestaron luego del incendio, y justificó el retraso Lafuente con que ?tenían problemas estructurales como todas las áreas?.
Lo más duro de la defensa fue contra el testigo y defensor adjunto Atilio Alimena. Éste emitió varias actuaciones y resoluciones por el tema boliches, y puntualmente se habló de la resolución 2022/03 y la actuación 631 Dijeron que ?hubo dos Alimena. Uno antes de Cromañón y otro posterior. Alimena tardó tres meses en reunirse con Fiszbin (Fabiana, subsecretario de Control Comunal). Luego pidió clausuras en la resolución 2022 del 2003 cuando Torres no estaba. Y cambia de criterio porque solicita intimaciones recién en agosto de 2004? y para rematar en las justificaciones el abogado eligió la frase ?la UPI (a cargo de la otra funcionaria acusada Ana María Fernández) obvio no tenía personal para responder. Entonces lo contestó Torres pero recién en noviembre?.
En este punto el querellante José Iglesias respondió ?que mintieron y fue un desastre el alegato. La actuación 631 nunca estuvo en la caja azul?. Los abogados del ex funcionario Torres había señalado que la actuación no la conocía por estar en la caja azul, la cual apareció llamativamente después de la tragedia. Y sin cansarse en la defensa señalaron a la actual responsable de la DGFyC, Vanesa Berkowski, ?como quien conocía la actuación 631? y no se lo trasmitió al entonces superior hoy sentado en el banquillo de los acusados.
La actual jerarca de inspecciones del gobierno PRO no fue la única olvidadiza. ?Ana María Fernández no trasmitió su esfuerzo de trabajo a Torres?. Fernández es quien ocupó la Unidad Polivalente de Inspecciones y luego del 31 de agosto de 2004 fue segunda de la DGFyC.
EPISODIO ROBO DE BANDERA
Este martes al finalizar el juicio en la mismísima puerta del máximo tribunal del país se robaron una bandera de los padres de Cromañón. Sobre la calle Lavalle en unas vallas a menos de un metro de varios policías robaron la bandera con el lema ?prohibido Callejeros?.
Este cronista estuvo consultando a los máximos funcionarios policiales del Palacio de Tribunales. La respuesta fue ?que seguramente se la robaron entre sí los padres?. Esta opinión que no tiene denuncia ni prueba concreta que respalde es sostenida por la autoridades policiales y trasmitida por igual a su tropa.
NOTICIAS URBANAS desde hace un año en cada audiencia convive con los familiares. Tal clasificación al estilo de barras bravas se de de patadas con los mismos jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 que felicitaron el comportamiento de los familiares.
La denuncia en la comisaría 3º no tiene sentido porque filmaciones no hay en la cuadra y de testigos son dos empleados del servicio médico apostados en una ambulancia. Ellos solo vieron una mujer con dos chicos llevarse la bandera.
A Mirta Miralles, su hermana Adriana, su marido Jorge Viegas Méndez y su hija Romina, más varias madres solidarizadas con el robo, se comprometieron a hacer otra bandera que clame justicia. Seguramente se sume a los acusados en la bandera al gran ausente en los medios y la justicia, el dueño de la habilitación de Cromañón, y el local, Rafael ?Lito? Levy.
PRIMERA ETAPA DE LA AUDIENCIA
Gustavo Torres desligó sus acusaciones por la muerte de 193 personas y 1524 lesionados argumentando que comando el área que inspecciona comercios ?solo dos meses antes? de la tragedia en el boliche República de Cromañón.
La defensa del ex funcionario, que integran Carlos Cruz y Pablo Lafuente, proclamó la inocencia de Torres en base a que ?Torres no tienen que ver con las irregularidades? cometidas dentro de Cromañón. ?La policía es el órgano preventor?, alegó el joven Lafuente refutando a la defensa del comisario Miguel Ángel Belay que desligó la violación de contravenciones en las áreas inspectivas del Gobierno porteño.
La defensa respecto al control en los recitales desligó responsabilidades en otra área de Gobierno. ?Control de Espectáculos Públicos debía controlar y no la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC). Para ello Lafuente ejemplificó con un recital de Callejeros realizado en el estadio de Obras. Allí figuró para la organización del recital Espectáculos Públicos haciendo recomendaciones de seguridad como el control de la electricidad con personal, la apertura de puertas, el retiro de vallas a la media hora de empezado el show.
Por su parte Cruz aludió al "esfuerzo" de los querellantes para imputar a su defendido, ya que "hacían (en sus alegatos) citas literarias porque no tenían fundamentos jurídicos", y que en esas acusaciones "llegaron a pedir penas descabelladas", como dos acusadores particulares que reclamaron para su asistido 25 años de prisión por "homicidio simple", por dolo eventual.
En tanto que la defensa se defendió porque Torres no ?tenía competencia y además no conocía Cromañón, ni a Callejeros y por esto no hay pruebas en su contra?.
A lo largo del alegato siempre se intentó relativizar los controles que podían haber evitado la mayor tragedia no natural de este país. Para ello Cruz, con un particular visión, se refirió a que las alteraciones arquitectónicas no contribuyeron en contra, y ejemplifico sobre las puertas que conectaban el boliche con el hotel lindero. Por reglamento están prohibidas las conexiones a otro locales pero efectivamente ?favoreció a la evacuación?, lo mismo con el metraje de superficie que era mayor al que figuraba en plano.
Hasta llegaron a decir los abogados Lafuente y Cruz en defensa de Torres que los empresarios colaboran con ?las inspecciones porque quieren resolver la infracción? y que el certificado de bomberos obligatorio para que exista un recital ?es irrelevante si estaba vigente o no. Ya que en mayo el boliche se incendió estando vigente el certificado. Es meramente un papel el certificado?. De todos modos las defensas remarcaron que los inspectores no exigían el certificado de incendio.
Además se remitieron los abogados sobre el caso de Cemento. Donde los controladores de falta levantaron una clausura decidida por los inspectores. ?Impuso una multa de mil pesos y no clausuró cuando todavía no tenía renovado el certificado de bomberos?. Lo que se olvido Lafuente es que Cemento no funcionó nunca más para recitales y show. Fue clausurado de por vida al poco tiempo del incendio en Cromañón. Hoy el lugar, que fuera mítico para cierta vanguardia artística en sus orígenes, es estacionamiento de Infraestructura del Ministerio de Educación porteño.
A lo largo del juicio Gustavo Torres fue acusado por gravísimas situaciones. Un testigo expresó que por orden de Torres se secuestraron expedientes sobre Cromañón mientras en Once se había desatado un caos por la atención y búsqueda de las víctimas. Otros testigos vieron como se llevaban pilas de expedientes entre el funcionario y sus asesores, quienes violentaron una oficina del sexto piso de la sede DGFyC donde se arrojaron miles de trámites sobre inspecciones.
El último alegato del juicio entró en receso de una hora a partir de las 13.
Para el jueves las principales querellas tendrán una hora al igual que las defensas de los acusados para dar sus réplicas. En tanto que los acusados para el viernes tendrán plazos de media hora y quince minutos para decir sus "últimas palabras" ante los camaristas Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Llanos que darán a conocer el 19 de agosto el veredicto, justo cuando se cumpla un año del juicio que no se tomó descanso habitual del verano.
