El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le rescindió el contrato a Tri Eco S.A., empresa encargada de la recolección, transporte y tratamiento de los residuos patogénicos en catorce hospitales de la Ciudad. El jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, tomó la decisión y la dio a publicidad en el programa "La información" -que se emite por América TV-, en donde se puso al aire un informe que demostraba que esta firma incineraba los residuos hospitalarios.
El documento fílmico se basa en la presentación judicial que realizó el jueves pasado la diputada porteña Beatriz Baltroc (ARI) en el Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Capital Federal. En este escrito, la legisladora reclamaba que se le rescindiera el contrato a Tri Eco, medida que recién fue tomada luego de que los funcionarios públicos conocieran la existencia del informe televisivo.
La incineración de los residuos patogénicos está expresamente prohibida en el articulo 35 de la Ley 154. El texto original de esta norma no incluía la prohibición, pero a raíz de una fuerte campaña pública realizada por la asociación ecologista internacional Greenpeace, los diputados modificaron la ley el 19 de febrero de 2002.
Baltroc remarcó que la norma porteña establece claramente que "a los efectos del tratamiento de los residuos patogénicos se deben utilizar métodos o sistemas que aseguren la total pérdida de su condición patogénica y la menor incidencia de impacto ambiental".
Por ello "prohíbe en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el uso de métodos o sistemas de tratamiento que emitan productos tóxicos persistentes y bioacumulativos por encima de los niveles que exige la autoridad de aplicación, y la instalación y utilización de hornos o plantas de incineración para el tratamiento de los residuos patogénicos", así como "la contratación por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de empresas incineradoras instaladas en otras jurisdicciones".
Según afirmó Ibarra, el resto de las empresas -Pelco S.A., SOMA S.A., Hábitat Ecológico S.A. y D.R.P. S.A.- adecuaron sus sistemas para trabajar con hornos de autoclave. Por estas razón se repartieron entre estas firmas los servicios que anteriormente realizaba Tri Eco, hasta tanto se realice la licitación pública.
La legisladora del ARI expresó que el Gobierno porteño debió rescindir el contrato inmediatamente después de vencido el plazo que la propia ley otorgó a las empresas para la reconversión de sus tecnologías.
"De las cuatro empresas que realizan el servicio en los hospitales de la Ciudad -destacó Baltroc-, Tri Eco es la única que no se reconvirtió. Esta situación siempre estuvo en conocimiento de las autoridades del Gobierno de la Ciudad. Es inconcebible que la ineficacia de los funcionarios, suponiendo que no existan otros intereses, atente contra la salud de la población y premie a quienes violan la Ley".
Justamente, el diputado porteño Guillermo Oliveri (PJ) había presentado este jueves un pedido de informes para conocer la forma en que se estaba aplicando la modificación a la ley de residuos patogénicos y si se había procedido a rescindir el contrato con alguna de las empresas.
En tanto, fuentes de la Secretaría de Salud porteña sostuvieron que el 17 de septiembre -un día antes que de que entrara en vigencia la nueva prohibición- mandaron cartas documento a las cinco empresas encargadas de la recolección, el tratamiento y la disposición final de los residuos hospitalarios. En aquella oportunidad Tri Eco habría manifestado su intención de tercerizar el servicio hasta tanto pudiera procesar los residuos a través del horno de autoclave.
Pero esto nunca sucedió. En la presentación judicial, Baltroc adjuntó copias de las hojas de ruta y de los remitos de entrega de los residuos patogénicos de los camiones recolectores, en los que consta el destino final de deposición: la planta de incineración de la empresa Tri Eco en el Polo Petroquímico de Dock Sud. Además, allí incluyó una secuencia de fotografías y un acta de inspección de la Policía Ecológica de Avellaneda en el momento en que la legisladora realizó el seguimiento a los camiones recolectores.
Sin embargo las denuncias de Baltroc no se circunscriben solamente a la empresa Tri Eco. "La mayoría de los residuos patogénicos están en lugares que no son los recomendados. Deberían estar en cámaras refrigeradas, pero en la inmensa mayoría de los hospitales esto no es así. Están en lugares donde les llueve arriba, suelen estar al intemperie o acumulados en cuartos abiertos", expresó la diputada porteña.
Asimismo denunció que, mientras que en los hospitales grandes la recolección es diaria -tal como indica la ley-, en los chicos se realiza día por medio e incluso en muchas ocasiones los camiones no pasan los fines de semana. Sin embargo las empresas cobran como si realizaran la recolección todos los días.
"Dentro del hospital -afirmó Baltroc- la recolección interna está a cargo de las empresas de limpieza que suelen tener empleados mal pagos, que en la mayoría de los casos no cuentan con guantes y barbijos".
Además, la vicepresidenta del bloque del ARI de la Legislatura informó que "la balanza para pesar los residuos la trae el camión. Pero en unas fotos que tomé de uno de ellos que recolectaba residuos en el hospital de niños, se refleja claramente que no tenía balanza".
Todas estas situaciones fueron negadas por la Secretaria de Salud de la Ciudad. La única irregularidad que reconocieron desde la oficina de prensa de esta área fue que entre los primeros meses de este año las bolsas no eran las adecuadas debido a que por la fiebre inflacionaria los proveedores no querían entregarlas.
MUÑIZ
Mediante un escrito anónimo se puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que, en el Hospital Muñiz, se estaría efectuando, periódicamente, el vuelco de líquidos tóxicos a las redes cloacales.
A raíz de esta denuncia, el 6 de febrero de 2002 funcionarios del Área de Asuntos Jurídicos y Defensa del Consumidor de la Defensoría del Pueblo -acompañados por personal de la División Medio Ambiente, de la Dirección Policía Científica de la Gendarmería Nacional, de la Dirección de Asuntos Ambientales de la Gendarmería Nacional y del Comité de Control de Infecciones creado en el ámbito de ese hospital para supervisar el tratamiento de los residuos patogénicos- realizaron un procedimiento en el lugar y detectaron graves irregularidades administrativas y de bioseguridad.
Luego la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, inició una causa judicial que actualmente está radicada en la Fiscalía Nº 3 a cargo de Guillermo Oscar Cichetti, cuyo secretario es Gustavo Letner. Está caratulada como "Oliveira, Alicia s/tráfico de mercaderías peligrosas para la salud".
El servicio de retiro, transporte, tratamiento, esterilización y disposición final de los residuos patogénicos es realizado, desde 1998, mediante un proceso de contratación directa, por una empresa privada denominada Descontaminación de Residuos Patológicos S.A. (DRP).
La Dirección del Hospital Muñiz informó que en febrero de 1998 se había realizado un concurso de precios para la contratación directa, "en forma excepcional". Allí se fijó un precio máximo de 0,95 pesos por kilogramo retirado.
En la resolución que emitió la Defensoría en junio de 2002 se advirtió que, en la pesquisa realizada en el Hospital Muñiz, se constató que desde el día anterior, la máquina de autoclave y tratamiento estaba fuera de servicio a la espera de ser reparada.
Además se detectó que a un costado del equipo se hallaban acumuladas al aire libre sin ningún resguardo de seguridad numerosa cantidad de bolsas rojas que contenían residuos provenientes del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez y del Instituto del Quemado, según lo informado por los empleados del lugar. También, que dichas bolsas se encontraban sin rotular, de modo que no se pudo determinar ni su origen, ni su fecha.
En la cloaca del sector también se observaron restos de bolsas plásticas, envases de jeringas (sin agujas), aceite, restos de guantes de látex, capuchones de agujas y frascos de vidrio provenientes, presuntamente, del lavado de los recipientes contenedores. Se decidió tomar una muestra para su posterior análisis químico, y se tomaron fotografías del lugar.
"Posteriormente -expresa la resolución-, se inspeccionó el sector de almacenamiento o acopio de los residuos generados diariamente en ese Hospital, previo a que ingresen al sector de tratamiento. Allí se observó que: 1) las bolsas se hallan almacenadas en un especie de jaulón abierto, que no guarda medidas mínimas de seguridad (no está vallado, ni convenientemente cerrado); 2) ninguna de las bolsas estaba rotulada; 3) el lugar carece de toda señalización; 3) se encontró un gato muerto en estado de avanzada descomposición."
El informe técnico confeccionado por la Dirección de Protección Civil y Asuntos Ambientales de la Gendarmería Nacional, a pedido de la Defensoría, también expresa que el depósito "se encontraba colmado en su capacidad, y que las bolsas se volcaban al exterior del recinto por una ventana trasera". En la parte posterior del recinto se observaron tiradas a la intemperie, bolsas rojas con residuos que provenían del Instituto del Quemado y que "la cámara fría se hallaba colmada su capacidad, con bolsas y a la espera de la reparación del autoclave".
UDAONDO
Los diputados porteños, Vilma Ripoll (IU), Miguel Doy (Forja 2001) y Beatriz Bealtroc (ARI) denunciaron, a principios de julio de este año, que en el Hospital Udaondo se acumulan las bolsas rojas con los residuos patogénicos en los pasillos, las salas y los baños del nosocomio. "En una visita efectuada al Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo hemos verificado la acumulación de bolsas rojas con residuos patogénicos a un costado del pasillo abierto, lugar de circulación libre", afirmaron los legisladores en los fundamentos del pedido de informes.
"La recolección por parte de la empresa contratada, Tri – Eco, se efectúa tres veces por semana. Esto implica una violación a la Ley 154 que estipula que el almacenamiento de residuos patogénicos no podrá superar las 24 horas", concluyeron los diputados porteños.
¿LIMPIA BUENOS AIRES?
El director del Hospital General de Agudos Cosme Argerich, Donato Spacavento, denunció públicamente serias irregularidades en el servicio de recolección de los residuos patogénicos de esa institución. En declaraciones realizadas el 11 de septiembre en el programa "Puntos de Vista" -que se transmite por La Red- el médico -que en ese entonces estaba hace tres meses está al frente del nosocomio- acusó a la empresa "Limpia Buenos Aires" de no entregar las bolsas de residuos con el grosor establecido para prevenir accidentes.
"Increíblemente, al recorrer el hospital por denuncia de los propios trabajadores, vimos que entregaban, en vez de descartadores, botellas de plástico de gaseosas, que se usaban con ese fin", relató Spacavento.
Debido a los graves incumplimientos, a lo largo de los tres primeros meses de gestión el director del Argerich impuso multas, que primero fueron de 10 mil pesos, luego 13 mil pesos y de 20 mil pesos.
A través de una resolución, Oliveira también había llamado la atención sobre esta empresa e incluso había reclamado que se le rescindiera el contrato y que se la excluyera de las licitaciones públicas por un tiempo prudencial. Actualmente la empresa ya no se encarga de la limpieza del hospital.
TRI ECO VS GREENPEACE
En mayo de 2001, Greenpeace inició una campaña pública para denunciar que en el horno incinerador de la empresa Tri Eco S.A. se habían detectado cenizas "almacenadas precariamente" que eran" fuertemente tóxicas". Además se encontraron en sedimentos esparcidos en los alrededores, altos niveles de plomo, cadmio, cromo, cobre y zinc.
"La paradoja es que son los propios residuos de los hospitales los que provocan nuevos problemas de salud en la población", manifestó en un acto realizado en el Obelisco porteño la bióloga Verónica Odriozola, coordinadora de la campaña de Tóxicos de Greenpeace Argentina.
Las dioxinas son compuestos producidos involuntariamente que persisten por períodos prolongados en el medio ambiente sin degradarse y se acumulan en los tejidos de los organismos vivos. Las concentraciones de dioxinas aumentan en los animales que se encuentran en los eslabones superiores de las cadenas alimentarias.
"Los incineradores que estaban en los propios hospitales fueron cerrados en los últimos años por la contaminación que generaban, pero en lugar de elegirse caminos más seguros, se trasladó la incineración a empresas del conurbano y el resto del país", afirmó Odriozola. "Lejos de haberse solucionado el problema, se siguen emitiendo sustancias muy tóxicas que arriesgan la salud de todos, ya que estos contaminantes viajan largas distancias desde su fuente original", indicó en aquélla oportunidad la bióloga de Greenpeace.
Esta campaña pública culminó el 19 de febrero de 2002, cuando la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad las reformas a la ley de residuos patogénicos. La cual, como confirman los hechos mencionados, no se cumple.
