Este viernes 28, a las 18, distintas organizaciones de derechos humanos, organiza la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), marcharán a "15 años de la detención y muerte de Walter Bulacio", desde el Congreso a Plaza de Mayo.
La desaparición física de Walter Bulacio fue un 19 de abril de 1991. Había sido detenido sin orden judicial por efectivos policiales de la comisaría 33° durante una razzia afuera del estadio de Obras. Esa noche los Redonditos de Ricota daban un recital. Una semana después fallecía Walter, de 17 años, en el Sanatorio Mitre.
La causa judicial estuvo en manos de alrededor de 30 magistrados de primera instancia, pero la Sala Sexta de la Cámara del Crimen sobreseyó definitivamente al único imputado, el ex comisario Miguel Ángel Espósito, jefe de la comisaría 33, y dio por prescripta la acción penal en noviembre de 2002. Según los datos aportados por Fabián Sliwa, exagente de la comisaría, el comisario Miguel Ángel Esposito le pegó hasta dejarlo inconciente.
Ante la decisión de la Cámara del Crimen, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
La CIDH condenó entonces por primera vez al Estado argentino por violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia y consideró que la muerte de Bulacio se debió a la violencia policial, un delito considerado de lesa humanidad e imprescriptible que debe seguir investigándose hasta encontrar a los culpables.
El tribunal también ordenó que se modificaran leyes y prácticas policiales para evitar violaciones personales y que se indemnice a la familia Bulacio con 400 mil dólares.
La Corte Suprema de Justicia el año pasado decidió reabrir la causa por la privación ilegal de la libertad y la muerte de Bulacio. Actualmente la causa se encuentra tramitándose en la Cámara del Crimen.
La abogada y militante de CORREPI, María del Carmen Verdú, explicó a NOTICIAS URBANAS la aplicación del Código Contravencional porteño.
"Desde 1996, gracias a la sanción del Código de Convivencia por parte de los legisladores porteños, a los demorados en la Capital se les aplican penas como si hubieran cometido un delito. La pena máxima es de 30 días de prisión; la cárcel se ubica debajo de la Cámara Criminal porteña. El desorden, la sospecha de merodeo, la prostitución, la venta ambulante y la ocupación de la vía pública son considerados delitos", manifestó Verdú.
