A las diez de la mañana de este martes, el Salón Presidente Perón de la Legislatura porteña contaba con una masiva y poco habitual presencia de diputados porteños. La numerosa concurrencia fue motivada por la participación del procurador General de la Ciudad, Pablo Tonelli, a la reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, en la cual se dispuesto a responder los requerimientos de los legisladores en todo aquello vinculado a las recusaciones masivas (más de 350) contra el titular del Juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Andrés Gallardo.
"El origen de este episodio es una causa iniciada por la Asociación Civil Casa Amarilla -una solicitud de amparo por mora para la adjudicación de viviendas por parte del IVC-. Gallardo ordenó al IVC asignar adjudicatarios a los solicitantes, ordenó reactivar las obras y embargó 14 millones de pesos, los cuales fueron transferidos a la cuenta de su juzgado. Consideramos que la medida era excesiva, recusamos al magistrado y apelamos lo dispuesto. La recusación fue aceptada; la Cámara consideró que el juez había prejuzgado y destacó el error de Gallardo por no haber corrido traslado y privado a la Ciudad de su defensa", describió Tonelli a modo de introducción y explicación de los antecedentes y fundamentos de la causa por daños y perjuicios que inició la Ciudad contra el juez y contra la Asociación Civil Casa Amarilla por considerar "innecesaria la transferencia de fondos embargados".
En la demanda por daños, la Ciudad plantea un resarcimiento de 138 mil pesos. Al haber un pleito pendiente entre las partes (la Ciudad y el Juez) por la causa por daños y perjuicios, la Procuración resolvió recusar al magistrado en "aquellas causas donde la Ciudad sea parte demandada", dejándole a Gallardo todas aquellas en las que el Gobierno porteño es demandante -las ejecuciones fiscales-.
"Los justiciables no padecen mora alguna en sus causas, ya que pasan a ser tramitadas por otros jueces. Si la Cámara no hiciera lugar a nuestro planteo volverían al juez Gallardo. No es la Procuración quien aparta al juez, quién deberá resolver el apartamiento es al Cámara", subrayó Tonelli.
Tras resaltar que el pasado lunes, la Fiscal de Cámara dictaminó y consideró procedentes los pedidos de recusación contra el magistrado, el Procurador General porteño se dispuso a escuchar y responder las preguntas de los legisladores.
El primero en tomar la palabra fue Pablo Failde (FpV) quien luego de manifestar la preocupación de su bloque, destacó que del código procesal administrativo porteño "no surgen prima facie" entre las causales de recusación aquellas argumentadas por la Procuración. "Pleito pendiente no es el caso, ya que el pleito en cuestión fue iniciado por la Ciudad, se creó una causa a posteriori", dijo el legislador. "La medida es temeraria y maliciosa. Esto deriva en un problema institucional. Se han recusado causas en las que el juez falló a favor de la Ciudad. ¿La decisión la tomó solo o recibió instrucción de un superior? ¿Van a recusar a todos los jueces que emitan fallos que no les gusten? Si la Cámara rechaza masivamente generará costas para la Ciudad que se deberán pagar. Esto sería un papelón, un mamarracho", agregó.
"No importa quién es la parte actuante, y el fundamento es el inciso 3 del artículo 11. Es unánime la doctrina y la jurisprudencia, no hay duda que hay pleito pendiente, y en la legislación local no es una exigencia que el pleito esté iniciado con anterioridad. No lo hemos recusado porque no nos de la razón, únicamente porque hay un pleito pendiente, nada tiene que ver con el contenido de lo actuado por ese u otros jueces. Es posible que algún abogado se haya equivocado y haya recusado en causas con sentencia, pero mi directiva fue recusar en todas las causas donde la Ciudad sea demandada. Gallardo tiene 45 mil causas, lejos estaría que el juzgado quede vacío", respondió Tonelli. Y subrayó: "La decisión la tomé yo. Nadie me lo pidió ni obligó. La demanda que iniciamos es seria y fundada y constituye un ejercicio del deber de la Procuración".
El diputado Marcelo Meis (PRO) cuestionó "la razonabilidad" del traslado de los fondos embargados al juzgado, a lo que el responsable del patrocinio letrado de la Ciudad subrayó que "podrían haberse inmovilizado los fondos pero no privando a la Ciudad de ellos". "El traslado carece de lógica", dijo.
Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) calificó de "inaceptable" un juicio por daños y perjuicios contra un juez. "Este acto, en mi opinión, no podría ser menos que temerario. Cuando un juez no funciona hay mecanismos para separarlo del cargo. Es la primera vez en la historia en que el Ejecutivo hace recusaciones sin causa valiéndose de un juicio por daños. Con este antecedente, los vecinos podrían iniciar un juicio por daños y perjuicios contra cada legislador que votó una ley que luego se haya declarada inconstitucional", destacó.
Pablo Tonelli, destacó que "en todos los códigos de procedimientos (excepto en la Ciudad) existe la facultad de recusación sin causa". "Hay que atender la posibilidad de que ni no iniciáramos una causa por daños y perjuicios estaríamos avalando la impunidad. Si la Justicia resuelve que la actuación ha sido legítima no le generará ningún perjuicio económico al juez", expresó.
El legislador del Frente para la Victoria, Sebastián Gramajo, luego de señalar que "el juicio de daños debería ser posterior al juri de enjuiciamiento", trajo a la mesa de discusión la relación entre la causa por daños, las recusaciones masivas y la citación a una audiencia en el juzgado de Gallardo a funcionarios porteños relacionados por sus responsabilidades a la muerte de un bebé de 4 meses en el centro de evacuados del incendio de la Villa El Cartón.
"No tiene nada que ver la causa por la muerte del bebé en Villa Cartón con las recusaciones", remarcó Tonelli. Y agregó: "El juez Gallardo suele convocar a audiencias al Jefe de Gobierno, a la Vicejefa, a los Ministros. Nosotros hemos hecho planteos procesales diciendo que esas citaciones no proceden. Si el juez quiere citar a alguien del Gobierno porque es parte actora, la parte es la Procuración. Si cita funcionarios en calidad de testigos, debe remitir el interrogatorio previamente, y si lo hace como peritos, ellos deberían aceptar el cargo. El juez nunca resolvió este planteo. El juicio político procede en casos de mal desempeño, no es lo mismo que un caso puntual de un error del juez. No es la función de la Procuración promover el juicio político, pero sí lo es la defensa de los intereses de la Ciudad".
Alicia Bello (FpV) preguntó el por qué de mantener las causas de ejecuciones fiscales en el juzgado de Gallardo. Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad) planteó críticas a la lógica procesal utilizada por la Procuración; y Liliana Parada (Igualdad Social) calificó de "impecables" las "líneas argumentativas" pero remarcó que el recurso procesal utilizado "puede ser una chicana jurídica".
"Lo felicitaría si no fuera un poder del Estado. Una demanda por daños por un hecho lícito es una mala praxis, por lo tanto ameritaba un proceso por mal desempeño y una denuncia ante el Consejo de la Magistratura", señaló Parada.
"Gallardo ha resuelto en algunos casos concretos con un criterio más político que jurídico, y no ha actuado con la debida imparcialidad. No generalizo, lo digo en causas puntuales", expresó el Procurador.
"La demanda puede estar fundada jurídicamente pero no está tratando el tema de fondo de esa causa por la demanda de la Asociación Civil Casa Amarilla", dijo el presidente de la Comisión de Vivienda, Facundo Di Filippo. "El IVC tomó la decisión hace 10 días de dar de baja el programa Casa Amarilla y hay una intención del Club Boca Juniors de quedarse con esos terrenos. ¿Por qué la Procuración demanda a la asociación civil?".
"La demandamos porque consideramos que la demanda de ellos generó un perjuicio para la Ciudad y solicitó el embargo, eso no limita el accionar de la asociación civil en sede administrativa o judicial", respondió el funcionario porteño.
Gonzalo Ruanova (Diálogo por Buenos Aires) subrayó que "en la Ciudad no existe la posibilidad de utilizar la recusación sin causa", definió como "artilugios" las medidas tomadas por la Procuración y planteó que esta situación generará la "modificación de la ley de amparo, de las medidas cautelares y de la Ley 7".
"Rechazo el término artilugio, hemos hecho uso del código de procedimiento", dijo.
"Esto es una medida política y no una medida jurídica", aseguró Aníbal Ibarra. "No le creo que Gallardo no lo incomode, muchas decisiones del juez pueden ser disparatadas y eso puede incomodar. La decisión de Gallardo por Casa Amarilla es la única decisión judicial que generó daños a la Ciudad… yo creo que no. Pero no se tomaron medidas contra todos. No es un artilugio, es una trampa institucional o abuso de poder. La obsesión de Macri eran esos tres terrenos… ¿Van a demandar a todos los jueces que generen daños a la Ciudad con sus fallos?", preguntó el ex Jefe de Gobierno porteño.
"No coincido con sus consideraciones", dijo Tonelli. "Estamos dispuestos a demandar por daños y perjuicios a todos los que creemos que provocan un daño a la Ciudad", agregó.
Finalizando la reunión, Martín Hourest se cuestionó sobre qué pasaría si la Cámara rechaza las recusaciones y si en ese caso renunciaría a su cargo. "Debería estar sentado el Ministro de Justicia o el Jefe de Gabinete y no usted. Los intereses de la Ciudad también tienen que ver con la defensa de las instituciones y los derechos de su gente, y no sólo de sus cuentas bancarias", manifestó el legislador.
"Si la Cámara no resuelve a favor nuestro acataremos la decisión de la Justicia. No es el caso una renuncia. Es como si un legislador tuviera que renunciar porque no se aprueba una ley que promueve", concluyó.
El presidente de la Comisión de Justicia, Martín Borrelli, aclaró a nuestro medio que la presencia del subsecretario de Justicia de la Ciudad, Daniel Presti, fue en respuesta a una invitación de la comisión y "en apoyo al Procurador", pero que no era el objetivo de su presencia responder preguntas. También calificó de "positiva" la reunión y celebró que "los legisladores hayan podido preguntar todo lo que quisieron y escuchar las respuestas".
