La licitación que se dispone a convocar el Gobierno para renovar las licencias de recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) posee una serie de detalles defectuosos que deberían ser tomados en cuenta a la hora de ser aprobada por los legisladores.
Juguemos en el bosque
El primer problema que aparece en toda concesión de servicios es la manera en que el Estado va a obligar a los adjudicatarios a cumplir con el contrato que firmaron. En esta licitación, ese rubro prácticamente brilla por su ausencia.
Existe en el pliego de la licitación una referencia a los sistemas de monitoreo que llevarán los camiones y varias alusiones a la "Autoridad de Aplicación" que controlará la ejecución de los trabajos de recolección y limpieza.
Nada específico. No existe ningún equipo especializado en velar por el cumplimiento de los recovecos de un contrato que se describe en 312 páginas, sin contar con las leyes y la normativa que regula el contrato, que suma varias miles de fojas más.
Para controlar a las empresas es esperable que los inspectores conozcan, no sólo el pliego de condiciones, sino los Planes y Programas de Operaciones que presentarán las tres empresas, los planes de mantenimiento de los equipos y hasta el sistema de supervisión que utiliza los prestatarios con su propio personal, eso que permitiría, teóricamente, detectar tempranamente desperfectos de los equipos, posibles obstrucciones en las rutas de recolección y otros problemas como inundaciones repentinas.
Educar al soberano
El contrato previsto carece, en especial, de un plan para concientizar a los ciudadanos en un tema tan sensible como es el reciclado y la separación de residuos en los lugares en los que se producen.
Es más: el Gobierno no tomó en cuenta la necesidad de enseñar a los chicos a reciclar, disponiendo, para hacerlo, del sistema educativo. Para esto sería necesario el diseño de una campaña con materiales gráficos basados en el respeto y el cuidado del medio ambiente.
Los pliegos parecen confeccionados por los técnicos de las empresas, más interesados en aumentar el volumen de RSU para incrementar su facturación que en disminuir el soterramiento de basura y disminuir los costos que pagan los habitantes de la ciudad.
Ejemplo: los Programas de Difusión y Comunicación los diseñarán las propias empresas y deberán presentarlos ante la "Autoridad de Aplicación" todos los años, sesenta días antes del ?aniversario contractual?.
Aquí se entra en un conflicto de intereses, porque una empresa no puede atentar contra los propios objetivos que son el motivo de su existencia: ganar dinero prestando un servicio y cobrando por tonelada de material recogido. Y la campaña de concientización tiene como fin disminuir el volumen de residuos, no sólo para aprovechar los materiales que la industria recicla sino porque la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana-Sociedad del Estado (CEAMSE) cobra por tonelada enterrada, y reciclar significa un fuerte ahorro en ese rubro.
El ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo aseguró este miércoles en la Legislatura que va a "cumplir la Ley de Basura Cero, limpiar la Ciudad e incluir el actual sistema informal de cartoneros", escaldado por la andanada de críticas que les dispararon los diputados de la oposición y las cooperativas de cartoneros.
"Proponemos un cambio en el eje y es la implementación de la Ley de Basura Cero tal como lo establece su artículo 53, a través de la inclusión de los cartoneros", afirmó el ministro.
Entre los beneficios de esta medida, Piccardo destacó "la incorporación de un sistema informal de probada efectividad, pues los cartoneros recolectan 180 mil toneladas al año de material reciclable y la inclusión de 4.800 personas a las que el Estado proveerá de seguridad social y uniformes y con las que hará convenios y contratos y además les dará incentivos en limpieza".
Para cumplir con su promesa, Piccardo deberá modificar seriamente el pliego actual, que no contempla casi ninguno de los puntos que propone la Ley de Basura Cero.
Jugar de local es mejor
Otro de los puntos que pareciera inevitable en las licitaciones del Estado es que casi siempre se ven favorecidos los concesionarios que ya vienen prestando el servicio. En este caso, hay muchas especificaciones que sólo las pueden cumplir las cinco empresas -que ahora se reducirán a tres, en una sensata medida- que recogen las 5 mil toneladas de basura que generan los porteños.
Kravetz quiere transparencia
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Diego Kravetz, manifestó que "nosotros pedimos transparentar los procedimientos, lo que incluyó escuchar a las ONG’s, a la gente que quiere opinar y a los cartoneros en una audiencia pública, que finalmente se hará el 1º de octubre a las 9 horas".
"Juan Cabandié y Gabriela Cerrutti trabajaron con la gente de Greenpeace en el marco de la Ley de Basura Cero, porque nosotros decidimos que no vamos a votar nada que vaya en contra de esa ley. Y yo avalo el trabajo de ellos, porque pusieron mucho compromiso y lo hicieron muy bien", finalizó el diputado.
