El presidente del consorcio, Enrique Clutterbuck, acusó al Gobierno porteño de que "no respetó ningún procedimiento administrativo" para rescindir el contrato de concesión de la Autopista Illia y que esto configura "una lisa y llana confiscación de bienes, que está prohibida por la Constitución Nacional". Paralelamente, el empresario planteó que el Decreto 149/03 -por el que se realizó la reestatización de la autopista- "padece de numerosos vicios que lo tornan nulo, de nulidad absoluta e insanable", aunque no abundó en explicaciones acerca de las razones de esta nulidad.
UNA VIRULENTA SOLICITADA
La solicitada -que fue publicada a toda página en los matutinos mencionados- fue titulada: "La arbitraria e ilegítima confiscación de la concesión de la Autopista Illia", y en ella la empresa denuncia que el Gobierno "no respetó el procedimiento establecido para rescindir el contrato"; que es falso que haya habido fraude en la confección del Decreto 3135/98; que es falso que COVIMET no haya cumplido el contrato y que también es falso que no exista la documentación que el Gobierno asegura que no existe.
Finalmente, en sus últimos párrafos, el tono de la solicitada se vuelve amenazante. "Es evidente que las consecuencias patrimoniales que seguramente se derivarán del conflicto parecerían no preocupar a la actual administración. Serán entonces una pesada herencia para los contribuyentes y los futuros gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires", anticipa la empresa, descontando una segura victoria en los estrados judiciales.
EL "LOBBY" SALVAJE DE LA C.A.C.
Paralelamente, en un comunicado de prensa, la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) alertó "sobre la falta de ‘seguridad jurídica’ de las empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después que la empresa COVIMET viera rescindir su concesión sin cumplirse los plazos legales y contractuales correspondientes".
Los empresarios le enviaron al jefe de Gobierno porteño una misiva, en la que le dejaron conocer la "Declaración del 110º Consejo Federal" de la cámara. En esta declaración, la institución comunica que "ha recibido de algunas empresas asociadas a la institución, una nota en la que se pone de manifiesto las circunstancias que presuntamente afectan a los intereses contractuales de Covimet Sociedad Anónima".
Los constructores aclararon que "este Consejo Federal desea aclarar que bajo ningún concepto intenta ingresar en el debate contractual, para el cual carece de elementos y antecedentes", sino que "el objetivo de esta declaración se circunscribe a la salvaguarda de principios básicos que derivan del Estado de Derecho y que se proyectan hacia el derecho de los contratos".
A continuación, la cámara plantea que ha recibido quejas de su empresa asociada -COVIMET- de que "no han sido considerados sus reiterados pedidos de vista salvo una vista parcial de un informe del Centro Argentino de Ingenieros" y que "no se los ha intimado para el cumplimiento y/o descargo de las imputaciones de incumplimiento que se les formuló".
Luego, con un lenguaje específicamente técnico, declara que "en este caso pareciera que ni siquiera se ha oído a la concesionaria involucrada, en inobservancia así del principio pilar del ‘Debido Proceso Adjetivo’ contenido expresamente en el artículo 22, inciso f, del Decreto 1570/97, de Procedimientos Administrativos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, derivación del derecho de defensa en juicio y debido proceso contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y sus normas concordantes del Derecho Supranacional, a tenor de los Pactos Internacionales incorporados a nuestra Constitución por imperio de lo establecido en el artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna".
UNA CARTA QUE NO ES DE AMOR PARA IBARRA
Posteriomente, la Cámara le envió una carta al jefe de Gobierno, en la que el organismo gremial de los empresarios le comunicó que les "ha causado honda preocupación el aparente abandono de principios de jerarquía constitucional en el proceso de rescisión de una importante concesión de obra pública".
La carta significa la formalización del "lobby" de la cámara a favor de COVIMET y está firmada por su apoderado, José Alberto Vissio, que le comunica a Ibarra que se la envía "siguiendo expresas instrucciones del Consejo Federal".
FATALA DIJO QUE "ESTO ES UNA ESTAFA Y UN FRAUDE"
El secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, dijo por su parte que "rechazo en todos sus términos las palabras del gerente de COVIMET. Nosotros cumplimos con todos los procedimientos administrativos. Esto es un espacio público, aquí, cada vez que hay que dar un paso importante se le pide su opinión a la Procuración General, que es el órgano que asesora legalmente al Gobierno".
"Hasta estos momentos -prosiguió el secretario- la empresa no presentó ninguna prueba ante la Justicia. Lo único que es seguro es que esto es una estafa y un fraude contra el Gobierno y contra los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires".
"Lo que pasó en el caso de la concesión de la Autopista Illia es que se produjo la repetición de la costumbre de no respetar los contratos en la que incurrieron los empresarios, amparados en que siempre aparece algún funcionario que se los soluciona. El problema es que esta vez el Gobierno de Ibarra se negó a hacerlo y esto les hizo crujir el sistema".
