¿En qué pueden coincidir legisladores macristas, radicales, belicistas, de Izquierda Unida y del ARI? En un proyecto de ley que promueve que el Gobierno de la Ciudad intervenga en "forma urgente" en las zonas conocidas como "El Pueblito" y "Barrio Comandante Tomás Espora", de Nueva Pompeya. De prosperar la iniciativa parlamentaria -presentada la semana pasada-, el lugar sería declarado en emergencia ambiental, edilicia y vial, de forma tal que se comiencen a realizar obras que reviertan el "estado de absoluto abandono".
Los diputados porteños sostienen que esta zona, delimitada por las avenidas Amancio Alcorta y Sáenz, la margen norte del Riachuelo y la calle Iguazú, padece los efectos de fábricas que no son controladas por las autoridades gubernamentales y que podrían estar contaminando el ambiente por "el empleo irregular de sustancias tóxicas no permitidas". Además señalan que empresas privadas avanzaron sobre la costa del Riachuelo, cerrando su acceso. Y que ocuparon, "aparentemente sin los permisos de usos y habilitaciones correspondientes", muchos de los terrenos y construcciones expropiados por la Ciudad hace algunos años para la construcción de la avenida 27 de febrero.
"En los últimos tiempos, la empresa Baesa S.A. (Pepsi y Quilmes) ha instalado su centro de distribución de mercaderías en los alrededores y, como consecuencia de ello, es constante el tránsito de camiones con acoplados, con cargas que superan las 12 toneladas por las calles del barrio, en flagrante violación de la normativa vigente. El resultado de esta situación es el desorden generalizado, la falta de seguridad para las personas, además de la rotura permanente de aceras, veredas y cordones particularmente en las esquinas, así como las grietas y fisuras producidas en los frentes de las viviendas", afirmaron los legisladores.
"A la congestión permanente en el tránsito -agregaron-, motivo por el cual las líneas de colectivo se niegan a ingresar al barrio, se suman los ruidos molestos producto de las actividades desarrolladas por estas empresas y otras subsidiarias de ellas, las que a cualquier hora del día y de la noche no cesan sus tareas, sin respetar los horarios de carga y descarga ni las pertinentes aislaciones acústicas de sus establecimientos".
De ser aprobado el proyecto, inmediatamente se deberán hacer estudios de polución ambiental, contaminación acústica y riesgo epidemiológico; y relevamientos sobre las industrias de la zona, los inmuebles del Gobierno de la Ciudad y el estado de deterioro de las casas, calles y veredas. Además, se crearán comisiones conjuntas de vecinos y funcionarios para inspeccionar las obras que se realizarán.
Luego, el Poder Ejecutivo porteño tendrá que poner en marcha un plan de obras para reparar todos los daños causados en las veredas, calles y viviendas, por la circulación de camiones de gran porte. A los funcionarios también les corresponderá diseñar y construir una avenida costera que desvíe el tránsito pesado para evitar que vuelvan a producirse fisuras.
Los autores del proyecto son Beatriz Baltroc (MAP), Eduardo Peduto (ARI), Jorge Srur (PJ), Miguel Doy (Juntos por Buenos Aires), Oscar Moscariello (Juntos por Buenos Aires), Marcela Larrosa (UCR), Rubén Campos (UCR), Patricio Echegaray (Izquierda Unida) y Vilma Ripoll (Izquierda Unida). "Ante los reiterados e infructuosos reclamos y denuncias efectuados por los vecinos y algunas de las asociaciones que los agrupan y ante el marcado deterioro físico y ambiental del barrio en su conjunto, es que hemos consensuado este proyecto de ley", expresaron los legisladores en los fundamentos de su iniciativa parlamentaria.
