Aquellos inquilinos afectados por fraudes o estafas de parte de inmobiliarias podrán denunciar las irregularidades de cada caso en un informe que está elaborado el Centro Argentino de Transparencia Inmobiliaria (CATI). El organismo convoca para este martes a las 13 a una reunión que se realizará en Sánchez de Bustamante 1644, edificio al que se lo conoce como caso emblemático por la lucha de sus habitantes contra la estafa; lugar que finalmente fue clausurado.
El trabajo que la agrupación viene realizando consiste en llamar a inquilinos afectados por publicidad engañosa o estafas por parte de intermediarios de los alquileres a los que denominó "inmobiliarias buitres" a reportar sus casos por cláusulas abusivas, emisiones de monóxido de carbono y retención indebida de dinero como reservas y señas que no se devuelven al cliente.
Ricardo Tondo, presidente del CATI, aseguró en declaraciones a la prensa que van a empezar a denunciar a las inmobiliarias que engañan a los inquilinos con "cobros indebidos por gastos administrativos injustificables, cobros fraudulentos o impagos sobre la Ley de sellos y garantías extorsivas", entre otras cuestiones.
Entre los casos más comunes de irregularidades en viviendas ofrecidas en alquiler, el centro de Transparencia Inmobiliaria detectó la "entrega de propiedades con fugas de gas o monóxido de carbono", vicios ocultos como "humedades, fallas eléctricas o derrumbes potenciales" y la "retención indebida de dinero, como reservas o señas que no se devuelven al cliente".
Asimismo, reportaron "cláusulas abusivas como pesificación en dólares al valor del mercado negro, indexaciones prohibidas por ley, expensas inverificables", "cobros indebidos y garantías extorsivas como exigir garantías de parientes consanguíneos residentes en la misma localidad del bien alquilado".
"Devolución fraudulenta de depósitos, recepción de propiedades de mala fe ad-referéndum de revisiones futuras, dando pie al cobro de posibles daños y perjuicios por reparaciones o lucros cesantes, inflados o lisa y llanamente inexistentes", fueron las otras fallas.
Tondo estimó que en la ciudad "un 80 por ciento de los edificios están en problemas y se alquilan igual, casi sin controles oficiales".
PROYECTO EN LA LEGISLATURA:
El diputado Aníbal Ibarra, del Frente Progresista Popular, presentó en el Parlamento un proyecto de ley de regulación de locaciones urbanas. Busca dar un marco regulatorio y de acceso a derechos a quienes quieran alquilar en la Ciudad.
La iniciativa pretende regular un mercado que se ha ido distorsionando de la mano de especulación inmobiliaria, en perjuicio de los inquilinos. La propuesta, si es aprobada, fijará el valor de los alquileres en no más de 0,7 por ciento del Valor Inmobiliario de Referencia (VIR), un coeficiente que utiliza la administración porteña para calcular la tasa de ABL; triplica la carga impositiva sobre los inmuebles que estén desocupados durante más de un año, con el fin de promover la oferta y con el dinero obtenido propone crear un fondo que será destinado a otorgar garantías en respaldo de las obligaciones de los inquilinos y a subsidiar hasta el 50 por ciento del contrato de las familias que nunca hayan alquilado un inmueble para vivienda.
