A partir del miércoles, la Ciudad sumó una crisis institucional al quedar acéfala la Defensoría del Pueblo por la conclusión de los mandatos de los cuatro defensores adjuntos, uno de los cuales, Alejandro Nató, cuenta con un aval legislativo otorgado cuando sucedió a Alicia Oliveira.
El miércoles, en la reunión de labor parlamentaria, la diputada Delia Bisutti, del ARI -único sector de Fuerza Porteña que retrasa la votación junto a Juliana Marino-, intentó que en la sesión de este jueves se votara la prórroga de los mandatos de los adjuntos, algo que no prosperó, ya que se le opusieron todos los bloques legislativos dada la inconstitucionalidad de la propuesta. Le reprocharon en conjunto a ese subloque impedir que se cumpliera en tiempo y forma con el mandato de la Carta Magna.
Por imperio de la Constitución de la Ciudad, todo lo que que realicen los ahora ex defensores de aquí en más, carecerá de valor y será nulo de nulidad absoluta, tal como estipula el artículo cuatro de la Carta Magna porteña, que además abre caminos penales en caso de que así lo hicieran. Mientras tanto, trascendió que los adjuntos presentarían un amparo en la Justicia para que se ésta intime a la Legislatura a expedirse. Resulta poco entendible que no hagan uso de su iniciativa parlamentaria para impulsar la normalización de la institución.
A su vez, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires decidió dar inicio a la sesión especial programada para la designación del defensor del Pueblo titular y de los cuatro defensores adjuntos y pasó a cuarto intermedio para el próximo jueves 20 del corriente.
La defensa de los derechos de los ciudadanos porteños está en crisis a partir de esta situación, ya que, a pesar de que la institución se mantiene abierta al público, no se podrán firmar resoluciones hasta la designación de los nuevos defensores, por lo que la Defensoría se convertirá mientras tanto sólo en un organismo receptivo.
