Los primeros minutos del 8 de diciembre se marcaban en los relojes y mientras el intenso sonido de las cornetas y bombos no dejaban de sonar (es más, se recrudecería hora a hora), comenzaban los legisladores de la Ciudad a tratar dos de los temas más esperados de la jornada: la modificación del texto del artículo 83 del Código Contravencional y la regulación de las actividades feriales, que verían el final, cerca de las 4 de la mañana.
Ambos proyectos, hasta la tarde del día 7 de diciembre, serían tratados en continuado pero no juntos, sin embargo, con el correr de la jornada, fue elaborándose un proyecto consensuado en el que ambas iniciativas irían atadas y, en la que, el bloque oficialista había "limado" el proyecto original y excluido de la contravención a los vendedores ambulantes de baratijas y artesanías, a aquellos que no constituyan una competencia desleal con el comercio establecido, y a los artistas callejeros, en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria.
Con el proyecto sobre sus bancas, fueron varios los diputados que manifestaron su posición en contrario al tratamiento de ambos temas atados. Laura García Tuñón, Delia Bisutti, Francisco "Tito" Nenna, Aníbal Ibarra, y la legisladora Rocío Sánchez Andía, fueron parte de ese suceder de críticas. Siendo la última quien pidiera más claramente: "Retiren del proyecto que estamos tratando el artículo 12 y 15 (modificación del Código), porque sino deberé oponerme. Porque yo sí quiero tratar la regularización de las actividades feriales, en la que he trabajado fuertemente".
Los pedidos y las quejas fueron oídos, pero ya no tenidos en cuenta por el oficialismo que sostuvo a través de Patricio Di Stéfano, Helio Rebot, y Álvaro González, las motivaciones que impulsaban las medidas a tomar, y sobre todo el rechazo al comercio ilegal. El presidente de la Comisión de Presupuesto, en una de sus últimas intervenciones parlamentarias, leyó una encuesta realizada a vecinos porteños en la que la ciudadanía encuestada ratificaba la voluntad de trasladar los "manteros" a espacios feriantes y lo contraproducentes que eran a los comercios de la zona. "Sepan lo que piensan los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires", cerró.
Cerca de las 3 de la mañana, el proyecto debió volver a ser consensuado en un cuarto intermedio que duró media hora y en el que parecía que todo volvía cero porque el PRO no conseguía con el nuevo texto mantener los acuerdos, sin embargo, la reunión de varios jefes de bloque y una nueva redacción hizo que los legisladores de la Ciudad volvieran a sesionar y pasaran a votar. Con el apoyo de 15 legisladores opositores, el oficialismo consiguió 41 votos a favor. Juan Pablo Arenaza, Adriana Montes (CC); Daniel Amoroso, Mónica Lubertino (Unión federal); Gabriela Cerrutti, Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, María Elena Naddeo, Raúl Puy, Aníbal Ibarra (Encuentro Progresista y Popular); Rubén Campos, Claudio Presman (UCR); Mateo Romeo, Claudio Palmeyro, Silvina Pedreira (Bloque Peronista); Juan Cabandié, (Frente para la Victoria), y Julio Raffo (Proyecto Sur), votaron a favor de la norma junto al PRO.
El proyecto aprobado describe 30 emplazamientos para las ferias en la Ciudad: Parque Rivadavia; Parque Centenario; Plazoleta Santa Fé; Plaza Primera Junta; Parque Los Andes; Plaza Lavalle; Plazoleta Tango; Plaza Houssay; Parque Patricios; Plaza Julio Cortazar; Parque Lezama; Parque Saavedra; Plaza Palermo Viejo; Parque Avellaneda; Paseo El Retiro de Costanera Sur; Humberto 1º; Recoleta; Parque Alberdi; Parque Chacabuco; Paseo Defensa; Plazoleta Joaquín Sánchez; Plaza Roque Saénz Peña; Pasaje Giuffra; Feria Honduras; Plaza Dorrego; Paseo La Recova; Plaza Riccheri; Plaza Diagonal Sur; Plaza Roberto Alrt; y Calle Defensa.
En estos lugares se prohíbe expresamente la venta y reventa de artículos industrializados y/o a gran escala en las ferias reguladas. Además, -se establece en el proyecto- no podrá ejercerse el comercio en la vía pública sin permiso. "Toda persona que quiera ejercerlo deberá inscribirse a tales fines en el registro que corresponda según la normativa vigente".
Las multas, a quien realice actividades lucrativas no autorizadas, van de 500 a 1000 pesos; y de 10 mil a 60 mil pesos, a quien las organice.
En tanto, en respecto de la polémica modificación del artículo 83, a sugerencia de Aníbal Ibarra, quedó redactada de la siguiente manera: "No constituye contravención la venta ambulante, en la vía o en transportes públicos de baratijas o artesanías, y en general, la venta que no constituya una competencia desleal con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros, en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria".
En otros aspectos, también se crea una comisión legislativa compuesta por tres representantes legislativos, tres representantes de quienes actualmente venden en la calle Perú (entre Rivadavia y Alsina), y tres del Poder Ejecutivo para, en 120 días, encontrar una resolución sobre la ocupación del espacio público en el área descripta.
