A partir de una denuncia sobre irregularidades en el contrato entre Oca y la Dirección General de Rentas del legislador porteño Jorge Argüello (PJ), la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires emitió el 28 de octubre una resolución y radicó una causa penal ante la Justicia.
En la presentación judicial, realizada ese mismo día en el Juzgado de Instrucción Nº 32 -a cargo de Carlos Luis María Bourell-, la Defensoría reclamó que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública, por considerar que la Ciudad contrató en forma directa a OCA y porque ésta podría haber pagado sobreprecios por el servicio de correo.
El contrato con OCA se inició en enero de 1998 y vencía en diciembre de 1999 con posibilidad de prorrogarse un año. El 7 de junio de ese año, dos meses antes de que asumiera Aníbal Ibarra la Jefatura porteña, se firmó un decreto que extendió el uso del servicio hasta diciembre de 2000.
En tanto, recién vencido el contrato se inició el proceso de licitación para adjudicar este servicio, pero como los plazos se extendían, el subsecretario de Ingresos Públicos, José Luis D’Ipolito realizó una compulsa de precios y contrató en forma directa nuevamente a OCA.
Debido a que la partida presupuestaria que supone este servicio es ampliamente superior a la que la ley exige para que sea obligatoria la licitación pública, es que la Defensoría no justifica la medida tomada por D’Ipólito. Además sostiene que es dudoso que el precio conseguido en su momento por el funcionario porteño sea el mejor de la plaza, ya que otros municipios del Gran Buenos Aires pagan sumas bastante inferiores.
Esta irregularidad en la impresión y distribución de las facturas de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires alcanza el monto de más de 14 millones de pesos anuales.
La defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira, sostuvo -en la resolución- que a traves de la investigación que ella encabezó "se verificó la prestación durante el año 2001 por parte de la firma Oca de un servicio por una cifra varias veces millonaria sin marco reglamentario alguno por el cual regir la prestación del servicio, con lo que no se le puede imputar, por ejemplo, incumplimiento contractual por una deficiente prestación ya que no existió ningún contrato durante la mayor parte de la prestación hasta que el Decreto nº 1659/GCBA/2001 de fecha 24 de octubre de 2001 autorizó, sin decirlo expresamente, la contratación retroactiva de dicho servicio".
De esta manera se originó "la Orden de Compra nº 161/2001 emitida el 26 de octubre de 2001 para contratar servicios que `se inciará(n) a partir del día 1 de enero de 2001 y se extenderá(n) hasta el 31 de diciembre de 2001 o fecha anterior en que se haga cargo del servicio quien resulte adjudicatario de la licitación´", informó la ombusdman de la Ciudad.
"En otras palabras -afirmó Oliveira-, se fraguó una falsa contratación directa de servicios que ya no eran urgentes pues habían sido recibidos prácticamente en su totalidad, sin que se hubiese verificado en modo alguno su efectiva prestación y sin que fuera posible dar cumplimiento a las características del servicio conforme a los términos de la orden de compra".
Por otra parte, la Defensoría también denunció que actualmente el Gobierno de la Ciudad abona 0,62 pesos por carta simple, mientras que en La Matanza el costo es de 0,41, en Lomas de Zamora de 0,33 y en Lanús de 0,31. Además, también informó que el Correo Argentino tiene una promoción cuyo precio es de 35 centavos por unidad, casi la mitad del valor pagado a OCA.
En esta última resolución, al igual que en una carta documento enviada en diciembre de 2001, Oliveira la exigió al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, que suspendiera el trámite de la licitación pública para modificar los requisitos que impedían una competencia abierta y transparente. Pero hasta la fecha no tuvo ninguna respuesta. "A principios del año 2002 el Gobierno porteño convocó finalmente a una Licitación pero fue hecha a medida de la empresa OCA, impidiendo la libre competencia de otras empresas", concluyó Oliveira.
Por todas estas irregularidades, D’Ipólito y el director general de Rentas, Alejandro Otero, fueron interrogados el 31 de octubre de 2001 en la Legislatura. Pero debido a que las explicaciones de los funcionarios no convencieron a Argüello, éste se presentó a la Defensoría, que luego realizó la presentación judicial.
