La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) rechazó un proyecto de ley, aprobado este miércoles en general por los senadores nacionales, que establece multas para las FM "truchas". A través de un comunicado, Utpba expresó que "con el pretexto de impedir un presunto delito de acción pública, se consumaría un nuevo ajuste represivo a la libertad de expresión en el espacio radioeléctrico de las emisoras de Frecuencia Modulada (FM) y se arrasarían miles de fuentes de trabajo periodísticas y pequeñas empresas que sostienen la comunicación comunitaria y regional en todo el país".
La cuestionada iniciativa establece, mediante una modificación del Código penal, una serie de penas y multas para los que ejercen el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión por medio de frecuencias "no autorizadas" de radiodifusión. La iniciativa, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, seguramente obtendrá su aprobación definitiva en la próxima sesión de la Cámara Alta del Congreso de la Nación, que aún debe tratarla en particular, es decir, artículo por artículo.
La Utpba, junto a los trabajadores de prensa de las radios FM, ratificaron el estado de alerta, acción y movilización en defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la libre circulación de ideas. Denuncian que, de ponerse en práctica este proyecto de ley, estarían en riesgo más de 50.000 puestos de trabajo pertenecientes a emisoras comunales, provinciales, universitarias, cooperativas y de organizaciones sociales.
"El propósito declarado de clausurar emisoras y sancionar penalmente a radiodifusores que no estén ‘debidamente autorizadas por el Estado’ constituye la culminación de una prolongada campaña de sectores del poder económico dominante, de multimedios de la comunicación y de grupos políticos partidarios, para apropiarse de las frecuencias, hoy puestas al servicio del derecho a la información de la gente", sostienen.
Para la institución que agrupa a los trabajadores de prensa esta acción representa un paso más en el proceso de concentración de la propiedad y la centralización informativa de los medios de comunicación social. "El proyecto legislativo es parte del intento inocultable de utilizar una situación jurídica provocada por los mismos gobiernos y parlamentos posteriores a la dictadura militar que, primero, no modificaron la ley de radiodifusión de 1980, basada en la doctrina de la "seguridad nacional" y segundo, no completaron nunca, a pesar de haber iniciado numerosos procesos de apertura de concursos, la normalización del espacio ocupado desde hace muchos años por millares de pequeñas FM", afirman en el comunicado.
Otra de las quejas que se desprenden del mismo es que "nunca los trabajadores de prensa y sus organizaciones participaron de ningún ámbito de análisis y resolución sobre las formas democráticas en las que deben funcionar las emisoras de mediana o baja potencia".
También se denuncia que la aprobación definitiva de este proyecto por parte del Senado de la Nación, "sustraería a las provincias los medios de comunicación en manos de radiodifusores locales y al servicio de sus comunidades, con el agravamiento del desempleo de sus trabajadores, y además reimplantaría en ese sector del periodismo los peores rasgos de la doctrina de la seguridad nacional".
