Tanto la Justicia como el Gobierno de la Ciudad están realizando operativos para combatir la venta ambulante y el comercio de mercadería ilegal en el ámbito porteño. A raíz de estas medidas se produjeron una serie de enfrentamientos que pusieron en el ojo de la tormenta a la Secretaria de Gobierno y Control Comunal porteña, encargada de dar solución tanto a los reclamos de las empresas privadas -cuyo espacio se ve invadido por los puestos ambulantes- como de los vendedores afectados por la prohibición municipal.
"Nosotros tenemos una disposición absoluta para encontrar una salida y una alternativa a esta actividad, por supuesto, manteniendo la postura de que (los vendedores ilegales) no pueden volver a instalarse sobre el espacio público", manifestó la secretaria de Gobierno y Control Comunal, Silvana Giúdici. "Tratamos de lograr, en consenso con las empresas ferroviarias, un espacio privado dentro de la zona de Retiro, que las empresas cederían para el uso de los vendedores", aseguró la funcionaria.
Giúdici además sostuvo que "no podemos permitir ni la ilegalidad que supone acceder a que se instalen en la vía pública ni tampoco que se afecten las fuentes de trabajo legítimas. Por eso les estamos exigiendo (a los vendedores ambulantes) que elaboren un registro de los vendedores y proveedores, y la acreditación de la procedencia de la mercadería".
Fuentes cercanas a la funcionaria porteña afirman que se mantendrán abiertos los canales de diálogo con los vendedores y que se estudia regular la venta ambulante, una medida reclamada por mucho tiempo desde varios ámbitos.
En ese sentido, el abogado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Héctor Masquelet, señaló a su vez que "la Legislatura tiene que definir los permisos de venta ambulante; tiene que regular la actividad porque es una realidad insoslayable hoy en la Ciudad. Para mucha gente era su única fuente de ingreso y evidentemente la Legislatura tendrá que regular los permisos".
