En la sesión de este jueves sólo podrán ingresar al recinto dos personas por legislador, hasta completar los 120 lugares que rodean las 60 bancas. Los medios de comunicación deberán acreditarse en la Secretaría de Prensa de la Legislatura porteña para poder acceder al recinto. Esto fue acordado el miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria.
La intención de limitar el acceso de público a las sesiones surge a partir de lo acontecido el pasado martes en la Legislatura porteña. En esa ocasión, trabajadores de Metrovías ingresaron al recinto parlamentario para presenciar la sesión en la que se trataba la insistencia a la Ley por la reinstauración de la jornada reducida de 6 horas que vetó el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Luego se registraron incidentes entre ellos y los legisladores.
La decisión de restringir el acceso, que por supuesto no fue unánime, fue rechazada de plano por algunos sectores que exigen que se cumpla la Constitución de la Ciudad que establece que las sesiones deben ser públicas. En cambio otras bancadas argumentan que debe prevenirse la posibilidad de nuevos incidentes como los ocurridos el martes pasado.
El vicepresidente segundo de la Legislatura, Julio Vitobello (PJ), aseguró que "dado los incidentes que se produjeron en la última sesión me parece una buena medida preventiva, porque si no se toman recaudos va a ser imposible sesionar nuevamente".
El presidente del bloque de la UCR, Fernando Caeiro, consideró que "en virtud de los hechos, es una medida imprescindible para garantizar el funcionamiento y la integridad física de los legisladores. Además, de esta manera no se está violando la Constitución, porque no se prohíbe el ingreso de las personas, sino que se hace un acceso controlado".
El diputado Jorge Giorno (Interbloque Porteño) expresó que "nosotros impulsábamos que, en caso de incidentes, se haga cumplir el artículo 290 del Reglamento Interno de la Legislatura que establece que se desaloje la sala y, si es necesario, se convoque a la fuerza pública. El acceso restringido es un parche que se les ocurrió porque el vicepresidente primero, Cristian Caram, dijo que no iba a pagar el costo político de desalojar el recinto. De todas maneras, no se estaría violando la Constitución porque allí se establece que las sesiones son públicas y no con público. Lo cual se soluciona poniendo un pantalla gigante en uno de los Salones del Palacio y listo".
Por su parte, el diputado porteño Abel Latendorf (Piquete Socialista) manifestó su repudio por tal resolución y advirtió que se trata de "establecer el estado de sitio en lo que debería ser un Cabildo abierto. En un acto autoritario e ilegal, se decidió desconocer la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que prevé que todas las sesiones de la Legislatura son públicas según lo establecido en su artículo 74, y se restringió el libre acceso al recinto en una maniobra oficial para prohibir la participación ciudadana y la transparencia parlamentaria".
En el mismo sentido el titular del bloque del ARI, Rául Puy (PSD), sostuvo que "nosotros nos opusimos a que se tomara esta medida, y solicitamos que se cumpla la Constitución, que dice que las sesiones sean públicas. De todas maneras creemos necesario que se cree un registro de ingreso y las medidas necesarias para prevenir cualquier incidente".
Por el contrario, el presidente del bloque del Frente Grande, Marcelo Vensentini, señaló que "esto no es una restricción del ingreso sino una forma de garantizar la igualdad de oportunidades. Si hay 120 lugares disponibles, se deben repartir equitativamente para que el ingreso sea igualitario".
