La supuesta entrega al Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de 15.800 dólares por parte de Transportes Automotores D’Tur para acceder a un contrato de servicio de control satelital de los residuos porteños, está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo de Guillermo Carvajar, Secretaría 110, a cargo de María Cecilia Perzan. La causa judicial fue iniciada el 20 de septiembre por una denuncia en la Cámara Penal del entonces presidente del organismo de control, Néstor Vicente, y por otra radicada luego por el apoderado de la empresa.
Los primeros días de septiembre, el Ente de la Ciudad recibió una carta documento enviada por D’Tur, en la que le solicitan que devuelva la suma entregada como garantía. Pero, debido a que en el organismo desconocían las razones de la demanda, la oficina de asuntos judiciales del Ente llamó a la abogada que firmó la misiva.
Al no encontrarla le dejaron un mensaje. Sin embargo en vez de llamar a quienes se habían intentado comunicarse con ella, la abogada telefoneó directamente Vicente para mantener una reunión a solas, a la que el ex titular del organismo de control se negó.
En la carta documento D’Tur acusa al jefe de Servicios Públicos en la Vía Pública, Enrique Maldonado, y al secretario general, Mario La Rocca. Pero en la causa judicial también se involucra a la jefa de Administración y Finanzas del Ente, Roxana Pérez, debido a que su nombre es el que figura en los recibos firmados pero no sellados. La Justicia está realizando pericias caligráficas sobre el recibo, debido a que Pérez manifestó que no era su firma -aunque era semejante- y que ella nunca dejaba de sellar los escritos que firmaba.
Estas irregularidades, sumadas a que ninguno de los acusados tenía poder de firma -debido a que esta potestad es exclusiva del directorio y del presidente-, a que en un allanamiento la Justicia detectó que D’Tur no funciona en el lugar donde indican los documentos, a que el Ente no realiza este tipo de control diario y que existirían flagrantes contradicciones entre las declaraciones de los empleados de la empresa, hacen prever que el magistrado dictará el sobreseimiento de los funcionarios porteños.
"Lo único que tienen claro es la cifra que demandan", dijo La Rocca, en alusión a las supuestas contradicciones en que habría incurrido el apoderado de la empresa. El secretario general además sostuvo que los funcionarios del Ente pusieron en manos de la Justicia toda la documentación que se les solicitó y que las declaraciones que hicieron fueron espontáneas debido a que están interesados en que las denuncias se aclaren. En diálogo con NOTICIAS URBANAS La Rocca aseguró que tanto él como los otros funcionarios involucrados mantienen la confianza del directorio.
La Rocca y Pérez dudan si el móvil que tuvo la empresa para realizar esta demanda es político o económico, y sobre si existió alguien dentro del organismo de control porteño que suministró sus datos a D’Tur. Además ambos coincidieron en que esperan que la Justicia llegue "hasta las últimas consecuencias" porque no quieren que su carrera en la administración pública se vea manchada por una demanda que consideran "burda" y "extraña".
