La interna judicial porteña entre Germán Garavano y Daniel Angelici encontró en una resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi un lugar para exponerse. Una causa por amenazas iniciada en abril de 2011 por el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA) contra el actual presidente de Boca Juniors e histórico propietario de bingos se convertirá en terreno fértil para la disputa entre el Fiscal General y el operador judicial del macrismo, luego que el juez federal resolviera declararse incompetente y girar el expediente a la justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.
Si bien aún no se conoce el juzgado porteño en el que recaerá la causa iniciada por Ariel Fassione en representación de dos empleados de bingos propiedad de Angelici, donde se denuncian supuestas amenazas y presuntas tareas de espionaje contra empleados que realizaron una protesta, tanto el radicalismo-PRO como los sectores vinculados al Fiscal General porteño expresaron su interés y sorpresa por el pase del expediente a la justicia porteña.
Las relaciones con las que Angelici cuenta entre los jueces en lo PCyF de la Ciudad motivó la preocupación del sector denunciante. ?El Tano tiene varios amigos jueces en ese fuero, para muestra basta el nombramiento de Javier Buján como subsecretario de Justicia o el apoyo del ?angelicismo? a Ricardo Baldomar como candidato a consejero. Si la causa cae en algún juzgado amigo no va a pasar nada?, reconoció una voz vinculada a la causa, que también destacó que ?el juez que toque también puede impactar en la tarea de la fiscalía?.
En el fuero PCyF de la Ciudad los fiscales juegan un rol protagónico ya que son los que arman la acusación, investigan y recogen la prueba, por lo que entre los radicales macristas, que la causa pase a manos de fiscales liderados por Germán Garavano también genera cierta preocupación, a la cual se suma la posibilidad que el azar, tan benéfico con Angelici por años, le juegue una mala pasada dejando la causa en manos de algún juez de la línea del Fiscal General.
La causa enmarcada en infracción al artículo 149 bis del Código Penal prevé una pena de prisión de seis meses a dos años para quien se encuentre culpable de efectuar amenazas para alarmar o amedrentar a uno o mas personas.
