La Legislatura está compelida a designar jueces emergidos de concursos realizados por el anterior Consejo de la Magistratura que han recibido numerosas impugnaciones y cuestionamientos por irregularidades. Los nombrados serán menos de los que integran el orden de mérito que este organismo envió al Parlamento porteño, debido a que este último redujo hace dos semanas el número de magistrados necesarios para poner en funcionamiento el Fuero Contravencional y de Faltas.
Uno de los motivos principales para la toma de esta decisión fue que cuatro años después de iniciados los concursos, la Ciudad no cuenta con inmuebles necesarios para albergar a la totalidad del fuero. Este despropósito tiene su origen en las cuestionadas compras de edificios que realizó la anterior gestión, encabezada por los ex consejeros Juan Octavio Gauna, Gloria Bonatto, Carlos María Cárcova, Norberto Lorenzo, María Luisa Casas de Chamorro Vanasco y Julio Cueto Rúa. Durante sus mandatos, se adquirieron por compra directa y de urgencia dos edificios ubicados en Tacuarí 138 e Hipólito Yrigoyen 932, por los que se pagaron, respectivamente, 2.250.000 dólares y 1.550.000 dólares (más las comisiones, en ambos casos), que hasta agosto de 2002 estuvieron vacíos y desocupados.
La maniobras, plagadas de irregularidades, motivaron la apertura de una causa judicial que actualmente "duerme" en el juzgado de Ricardo Warley, quien, a pesar de las numerosas evidencias acumuladas, continúa sin impulsar la investigación ni delegarla a la fiscalía.
Cuando se renovaron las autoridades, éstas se encontraron con un panorama desolador. El inmueble de Yrigoyen fue directamente considerado "inservible" para el funcionamiento del fuero. Y pusieron sus esfuerzos en terminar las refacciones del edificio de Tacuarí 138, cuya historia de la compra merece un párrafo aparte.
EL PALOMAR II
Los 2.250.000 dólares que costó el inmueble fueron pagados íntegramente al contado en el acto de la escrituración. La tasación oficial del Banco de la Nación (con un membrete impreso) para recomendar la conveniencia de la compra resultó falsa. El Banco de la Nación informó que los supuestos tasadores consultados por el Consejo para las adquisiciones que realizó, llamados Carlos Chiappe y Valentín Barchielli, no integraban su personal.
Según la información de la Resolución 408/03 del Plenario del actual Consejo (que misteriosamente fue borrada de la página web), las maniobras fraudulentas tuvieron el siguiente desarrollo. El por entonces director de Ejecución Presupuestaria, Norberto Urfeig, -hoy exonerado de su cargo- tramitó la compra contando con una sola oferta que no pudo explicar cómo le llegó. El edificio le fue adquirido a una persona llamada Graciela Bastida. Sin embargo, cuando el Consejo aprobó la compra ésta no era la propietaria del inmueble, ya que lo adquirió casi en el mismo instante en que fue vendido al organismo encargado de seleccionar a los jueces.
En escrituras simultáneas realizadas ante la escribanía Terceño, Bastida compró el inmueble en 700.000 dólares a la firma Susalin SACIFIA y acto seguido lo vendió en 2.250.000 dólares al Consejo, es decir a 1.550.000 dólares más.
Esta señora nunca podrá acreditar que por sus manos pasaron tantos miles de dólares, porque en realidad quien asistió a escriturar y firmó en su nombre fue otro testaferro de nombre Sergio Pachano. Hoy Bastida asegura que no hizo un poder ante escribano sino que le llevaron unos papeles que no recuerda y que se los hizo firmar Raúl Bonomi, de quien era empleada.
"Más grave aún resulta esta cuestión -dice la Resolución 408/03- cuando se verifica que la Sra. Bastida, sin ser la dueña del inmueble, designó a un representante para negociar la operación con el Consejo, el Sr. Carlos Chiappe, quien en su primera nota consignó un domicilio falso que corresponde al Paseo La Plaza". Existe un recibo, con la firma de Chiappe, que acredita que cobró la comisión. El documento tiene fecha del 28 de febrero 2000, pero la boleta fue impresa en abril de ese año -dos meses después- y en una imprenta no inscripta en el Registro Fiscal de Imprentas. Este Chiappe es el mismo cuya firma figura como falso tasador del Banco Nación. Actualmente no vive ni en Miami, ni en Cancún ni en las Islas Vírgenes, sino en un geriátrico y está asustado.
En la investigación interna realizada por los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, cuyas constancias se acumularon en los sumarios 121 y 122/03, se constataron casi todas las irregularidades y los vínculos entre Bonomi y Urfeig y demás personajes del ex Consejo. Todas las pruebas fueron entregadas al juez Warley, sin que éste impulsara la investigación.
En el mismo sumario se pudo saber que el presunto agente inmobiliario Raúl Bonomi es socio de Ernesto Zwanck -así lo declara éste-, un inmobiliario del Tigre, que intermedió en la compra del edificio de Hipólito Yrigoyen 932 y cobró por eso una comisión de 56.265 dólares. El recibo resulta escrito con la misma letra que el ya mencionado de Carlos Chiappe.
Zwanck habría reconocido haber compartido la comisión con Bonomi. Las acciones cuestionadas fueron convalidadas por los dictámenes jurídicos del Dr. García Mira -hoy separado de su cargo por esta razón- y perpetradas con la firma de los ex consejeros de la Magistratura.
