La legisladora Sandra Bergenfeld (Frente Compromiso para el Cambio) presentó un proyecto de ley regular la actividad de los cuidacoches. La iniciativa plantea la creación de un "Registro de Cuidadores de Vehículos en la Vía Pública", que dependa del Gobierno de la Ciudad y que permita identificar a las personas que realizan esta actividad y evitar posibles abusos en contra de los propietarios de vehículos.
La semana pasada, el subsecretario porteño de Seguridad Urbana, Enrique Carelli, había manifestado similares intenciones. Pero, a diferencia del proyecto de la legisladora macrista, había propuesto que la administración de la actividad quedara en manos de alguna ONG.
"Yo no coincido -sostuvo Bergenfeld a NOTICIAS URBANAS- dado que el Gobierno no puede ni debe seguir deslindando su responsabilidad en la ciudadanía. Además se puede prestar a favoritismos en la elección de la fundación que va a administrar a los cuidacoches". Este jueves ambos se reunieron para tratar el tema.
En su proyecto, la diputada planteó que sólo puedan ingresar al registro personas mayores de 18 años, nativas o naturalizadas argentinas, con al menos un año de residencia en la Ciudad de Buenos Aires y que no hayan sido condenadas con sentencia firme por delitos contra la propiedad -de ningún tipo- o por delitos contra la vida del tipo no excarcelable. También propuso que puedan inscribirse aquellas personas que se beneficien con el plan jefes y jefas de familia, para que ejerzan como contraprestación a la comunidad "servicios informales de seguridad".
Según la iniciativa, cada cuidador deberá identificarse con un chaleco -con el número con el que fue registrado por el Gobierno- y con una credencial que tenga su foto, datos y números de DNI y del registro de inscripción. Y ninguno podrá exigir dinero por su actividad -algo que, aunque no se cumple, está prohibido en el Código Contravencional- sino solicitarlo "a voluntad". En caso de que a algún cuidador se le iniciara una causa judicial por los delitos tipificados en el proyecto o relacionados con la actividad, se plantea su suspensión hasta la sentencia definitiva -un punto conflictivo, ya que podría ir en contra de la presunción de inocencia- y en caso de culpabilidad, su baja.
También se promueve en el proyecto que los cuidadores de vehículos sólo puedan ejercer la actividad en las zonas que no estén asignadas con anterioridad a los vendedores de tarjetas comprendidos por la Ordenanza N° 36.261, o las que posean parquímetros o máquinas tickeadoras en los horarios en los que éstas funcionan habitualmente.
Como autoridad de aplicación se propone a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y como organismos de contralor, a los CGP’s y a las asociaciones vecinales referentes del barrio y registradas conforme a derecho.
