Dos camaristas y uno de manera parcial fallaron contra la gestión PRO que se negaba a invertir en mejoras para el Hospital de Salud Mental J. T. Borda. Noticias Urbanas accedió a la sentencia de la Sala II del fuero Contencioso Administrativo y Tributario que avala aquella que en primera instancia exigió al Gobierno de Mauricio Macri a invertir en obras y ha realizar una auditoria de la historia clínica de todos los internos en el hospital de Ramón Carillo 375, en el barrio de Barracas.
Los tres camaristas, Nélida Daniele, Carlos Balbín y Esteban Centanaro, en disidencia parcial ya que pretenden un plan parcializado para la ejecución de la sentencia, exigen al Gobierno de la Ciudad en su fallo del martes 8 a mejorar las condiciones de infraestructura (gas, cloacas y electricidad), la designación del personal técnico y profesional, implementar medidas de seguridad contra incendio, provisión de ropa de cama y mobiliario de los pacientes, además un hecho inédito que es la revisión total de las historias clínicas de los pacientes en línea con la ley de Salud Mental.
La demanda contra el PRO nació hace poco más de tres años por iniciativa del entonces asesor Tutelar de Menores e Incapaces de primera instancia, Gustavo Moreno, hoy asesor de Cámara, y un integrante del gremio SUTECBA que al tiempo se jubilaría, luego en un tercer amparo se sumaria la Asociación Profesional del Borda. La jueza de primera instancia Andrea Danas a principios de 2010 es quien falla a favor de las mejoras del hospital pero se encontró con el rechazo del macrismo a invertir en los pacientes psiquiátricos y entonces apela.
Ahora es el triunvirato de camaristas de la Sala II quienes argumentan en su sentencia que ?el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de modo inmediato y en sus niveles esenciales y, a su vez, avanzar progresivamente y no retroceder respecto de los estándares alcanzados?.
En cuanto al resto de los hospitales psiquiátricos todos tienen sentencias. La jueza Elena Liberatori ejecuta en el Carolina Tobar García, por su parte la magistrada Alejandra Petrella llegó a un acuerdo para el Braulio Moyano, y por el Alvear la jueza Danas. En común todos los amparos a favor de los pacientes fueron iniciados por la asesoría de primera instancia.
?Las investigaciones que llevamos adelante con la asesoría llevaron a estas sentencias, justamente este proceso es hoy censurado por el propio Ministerio de Salud remitiendo memorándum como el firmado por la directora de Salud Mental, María Concepción Grosso. Esperamos ahora que Macri no adopte la vergonzante decisión de apelar el fallo de la Cámara?, expresó a este medio Gustavo Moreno, el asesor Tutelar de Cámara de Apelaciones.
