La Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda., legítima dueña del 70 por ciento del edificio del ex PADELAI, logró un importante punto a favor en las acciones legales que lleva adelante para recuperar el inmueble. Una pericia de la Gendarmería Nacional, recientemente realizada para establecer el verdadero estado del edificio, determinó la inexistencia de peligro estructural de derrumbe. Precisamente el inminente desmoronamiento del inmueble había sido la excusa que motivó el brutal desalojo ordenado por el Gobierno de la Ciudad, que no tenía potestad para tomar esta medida a menos que se verificara tal situación.
Los dudosos estudios en los que el Gobierno porteño se basó para decidir el desalojo fueron cuestionados por los abogados del estudio Carlos Cossio, patrocinante de la Cooperativa, quienes iniciaron una causa penal por presunta falsedad ideológica. En la misma, que recayó en el Juzgado Nacional de Instrucción Nº 16, a cargo del juez Marcelo Layus -secretaría Rofrano-, están imputados el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra; la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela González Gass; la titular de la Unidad Ejecutora Nº 3, Alicia Vasconcellos; el subsecretario de Gestión Operativa de la Secretaría de Hacienda, Fernando Calvo y el escribano general de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Víctor Gaitán.
En una causa paralela que, por la restitución del edificio, la Cooperativa inició en el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº 3, a cargo del juez Treacy, sus letrados patrocinantes presentaron un escrito en el que se da cuenta de estos resultados y de la designación de su nuevo consejo de administración, realizada el 20 de marzo. Este segundo hecho garantiza la existencia de la entidad, cuyas acciones desde hace casi cinco años no pueden registradas en el INAES debido a que en el 2000 fueron robados sus libros de actas y el organismo aún se niega a entregarles nuevos libros a los socios.
En 1990 el Concejo Deliberante de la Ciudad sancionó la ordenanza 44.522, que fue promulgada por el decreto 5.813, mediante la cual se autorizó el reciclaje del predio conocido como ex PADELAI. A su vez, la ordenanza 44.838 aprobó un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa, por el cual quedó la titularidad del inmueble repartida un 30 por ciento para el Estado porteño y un 70 por ciento para la los socios de la entidad vecinal. Esta norma fue promulgada el 18 de enero de 1991.
En el escrito presentado por los abogados de la Cooperativa, se hace saber al juez que Aníbal Ibarra, cuando era concejal, firmó en 1995 un proyecto de resolución en el que se exigía a la Municipalidad que cumpliera con lo pautado en la ordenanza 44.838. Ibarra había fundamentado su propuesta diciendo: "Este Convenio fue aprobado por la Ordenanza N° 44.838 y promulgada el 18 de enero de 1991. A casi 5 (cinco) años de su promulgación nada se ha realizado y los vecinos, legítimos propietarios del edificio por poseer la escritura pública correspondiente peticionan ante las autoridades que pueda darse comienzo a las obras previstas a fin de darles la posibilidad de acceder a una vivienda digna, cumpliéndose así con lo que estipula el Convenio y las Ordenanzas antes mencionados".
Por ese motivo, los abogados de la Cooperativa aseguran que el jefe de Gobierno conocía bien la situación y que, pese a eso, actuó de manera contraria a lo que él mismo había afirmado años atrás. También remarcan que Ibarra, a través del decreto 1621 del año 2000, dispuso la asignación de sumas millonarias para reubicar a la gente del ex PADELAI y, de esta manera, llevó adelante una operatoria que desconoció el acuerdo, ya que ese dinero tendría que haber sido utilizado para reciclar el edificio, tal como estaba pautado en la normativa. El destino de ese dinero -6.000.000 de dólares- fue también motivo del inicio de la causa penal que investiga el juez Layus.
