Varios de los cuestionamientos que se han repetido en los últimos días tienen que ver con cómo se protege a la infancia en la Ciudad de Buenos Aires y cuáles son las garantías que tienen los menores de edad frente a los distintos órdenes institucionales que imperan en el territorio porteño. Esta misma pregunta se debe haber realizado la defensora oficial del menor Facundo Ezequiel Rojas, ya que pidió ante la Justicia que se declare la incompetencia de la Ciudad en lo que respecta a la portación de armas en caso de menores de edad.
Esta petición fue rechazada de plano por la Asesoría General Adjunta de Menores, mediante una serie de argumentos esgrimidos por asesora general tutelar adjunta, Ángeles Burundarena, quien aseguró que "es necesario destacar la composición tripartita que tiene el Ministerio Público en la Ciudad, que no tiene antecedentes a nivel nacional ni de las jurisdicciones provinciales, con tres cabezas de áreas: Fiscalía General, Defensoría General y Asesoría General Tutelar, precisamente para que una rama del Ministerio puede atender exclusivamente las cuestiones vinculadas a los niños, niñas y adolescentes".
En la presentación realizada ante el juez que entiende en la causa Facundo Rojas por el delito de portación de armas, la funcionaria manifiesta que "las leyes nacionales 10.903 de Patronato y 22.278 citadas -por la defensora oficial del menor en cuestión- como referentes válidos para consagrar la preocupación del Estado en orden al encauzamiento que se otorga a la persecución de los delitos cometidos por menores son manifiestamente incompatibles y se han superado por el entramado constitucional, institucional y legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, para la atención de la infancia en conflicto con la ley penal".
Consultada por NOTICIAS URBANAS, Burundarena afirmó que "desde la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que incorpora todos los tratados de Derechos Humanos a su novedosa legislación, rigen en la Ciudad leyes modernas que realmente transmiten el nuevo paradigma que visualiza a la infancia como portadora de derechos, y no como situación de personas a proteger por la discrecionalidad del Estado. La Ley de Patronato de 1919 quería dar solución a toda una infancia pauperizada, de posguerra. Ahora se promueve a los niños como ciudadanos adultos capaz de ejercer sus derechos mediante un abogado de menores, un representante de un organismo administrativo o de un asesor tutelar. Por lo tanto, en la Ciudad, el tratamiento de la infancia no aparece como la visión tutelar de qué es lo que el juez dice que es mejor para el niño porque está probado que el Poder Judicial no puede combatir problemas estructurales como puede ser la pobreza".
Para la funcionaria "debe haber políticas públicas que tiendan a dar respuesta a esta problemática. En la Ciudad de Buenos Aires existe el organismo previsto en el artículo 39 de la Constitución que es el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual está enmarcado en la ley 114 (Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) que crea como órganos intermedios de promoción de derechos a las defensorías zonales que representan una institución importantísima que hay que fortalecer y promocionar. El ciudadano tiene que ir al organismo público de su barrio a contar sus dificultades y hacer cumplir sus derechos".
"Por ejemplo -agregó- el hecho de que estas defensorías zonales puedan otorgar guardas convivenciales no necesariamente a algunos de los padres sino a los vecinos significativos que se hayan hecho cargo de ese niño, es muy importante. Muchas familias de gran corazón recibieron en su seno a un niño en situación de vulnerabilidad ajeno a su grupo familiar. En esos casos hay que facilitarles la tarea y otorgarle un título (que es el de Guardador Convivencial) para que pueda anotarlo en la escuela -entre otras cosas- y nadie pueda acusarlo de estar robando un chico. Este tipo de legislación existe en la Ciudad de Buenos Aires, y es totalmente acorde a la realidad social, tal como debería ser toda la normativa vigente".
Burundarena fue contundente a la hora de sostener que "el menor nunca puede ir a una comisaría", y explicó que "esta Asesoría General estableció a partir del 2000 un circuito para la intervención, en el que se dispuso que el Centro de Atención Transitorio para Contraventores (ubicado en Pillado 1051) se ampliara a todos los menores de la Ciudad que estuvieran en situación de vulnerabilidad de derechos. Es decir, si la Policía advierte que hay menores durmiendo en el banco de una plaza tiene que dar aviso al Centro de Atención Transitoria, a la guardia permanente de abogados del Consejo, a la línea 102, al Centro de Atención Ciudadana y, en último término y si lo quiere hacer, a la Asesoría General".
"Una vez hecho esto -añadió- sólo debe esperar a que vengan a buscar al menor para trasladarlo al Centro de Atención Transitoria que no es un lugar correctivo, sino que es de ingreso y egreso voluntario. Eso no significa que no se haga nada, sino que se hace y mucho. Se cita a la familia, se propone -de acuerdo a las potencialidades del menor- un proyecto de vida a corto plazo y se va tratando de construir y de acompañarlo en ese proyecto de vida. Todo es perfectible, pero el circuito está aceitado y da respuestas".
En la presentación judicial Burundarena reconoce su preocupación por la obtención de un establecimiento para el exclusivo alojamiento de las personas menores de edad y por ello realizó a la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Ciudad un pedido formal. Incluso asegura que se solicitó concretamente al Ejecutivo la realización de un convenio con el Consejo Nacional de Adolescencia y Familia para la transferencia de un instituto de Menores, algo que está contemplado en la cláusula transitoria primera de la ley 114.
Por otra parte, el lunes se lanzó desde la Secretaría de Desarrollo Social un programa de atención integral para chicos en situación de calle y Burundarena fue convocada como una de las capacitadoras. "La idea es que haya una presencia proactiva del Estado, para fortalecer los vínculos y trabajar con los chicos de la calle como se debe. Promoviéndoles las alternativas de un ingreso a la educación, a la alfabetización, al acceso a la infancia y no a ese estado de vulnerabilidad en que se encuentran. Los objetivos del programa son el respeto del derecho a la identidad, la atención primaria en salud, y el fortalecimiento de los vínculos familiares", explicó la Asesora General Adjunta de Menores.
