Mediante el decreto 2.893, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, vetó la ley 1.244 sancionada por la Legislatura el 4 de diciembre de 2003, por la cual se regulaba la prestación de juegos recreativos a través de computadoras, en locales y salones de juego en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
En los fundamentos del veto, el Ejecutivo reconoce que "comparte los objetivos del proyecto de ley -impulsado por la ex diputada del ARI y actual subsecretaria de Educación, Delia Bisutti- en cuanto éste tiende a preservar la salud física y moral de los que practican los llamados juegos en red, especialmente cuando se trate de menores de edad".
Sin embargo, considera que el Código de Habilitaciones y Verificaciones contempla los establecimientos y locales destinados al funcionamiento de aparatos de recreación, eléctricos, electromecánicos o electrónicos (videojuegos), donde se desarrollan los aspectos funcionales de la actividad, las restricciones para su localización, la concurrencia de menores y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas o de su ingreso a los locales.
Por eso, "para evitar la dispersión normativa con su secuela de superposiciones y eventuales contradicciones, es conveniente la reunión en un solo texto legal, dentro del Código de Habilitaciones y Verificaciones", dice el decreto.
Por otra parte, señala cuestionamientos puntuales a la norma. Según el Gobierno porteño, el artículo 1° debería contemplar a todos aquellos locales en los que se ofrezca el servicio de internet, tales como locutorios, cybercafés o bares temáticos, ya que los menores de edad tienen acceso a los mismos y pueden practicar juegos recreativos a través de computadoras. Además se cuestiona que las violaciones al articulado de la ley no fueron encuadradas en ninguno de los dos regímenes sancionatorios de la Ciudad de Buenos Aires, el contravencional o el de faltas, ya que la normativa transcripta no establece en forma expresa si el que viola las prohibiciones incurre en una contravención o en una falta.
Por último, el decreto asegura que el Ejecutivo, "en cuanto comparte los objetivos de la iniciativa, enviará a la Legislatura un nuevo proyecto que ordene, en forma completa, toda la normativa aplicable a la materia de que se trata". De todas maneras, esta decisión resultó inexplicable para Bisutti, ya que confirmó a NOTICIAS URBANAS que el proyecto sancionado había sido consensuado con el Gobierno, que -incluso- logró que se realizaran varias modificaciones al texto original.
