Luego de varios fallos judiciales adversos, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, decretó que quienes tengan sentencias penales firmes no podrán sacar el registro de conductor profesional.
Debido a que no había reglamentación al respecto, hasta ahora el Registro Civil denegaba estas solicitudes, pero el Tribunal Superior de Justicia porteño indicó en varias oportunidades que eran ilegales estas decisiones, siempre y cuando las condenas que hayan recibido los automovilistas no estuvieran ligadas al transporte escolar u otra clase de registros profesionales.
A partir del decreto de Ibarra, el Gobierno de la Ciudad podrá denegarle el registro a quienes tengan antecedentes penales por abuso deshonesto, violación, privación ilegítima de la libertad, secuestro extorsivo, homicidio doloso, lesiones graves y gravísimas dolosas, robo cometido con armas, por delitos con automotores o por otros delitos que hubiesen sido cometidos con la utilización de un vehículo afectado a servicio público.
Asimismo, el decreto establece que, a los fines de evaluar la información remitida por el Registro Nacional de Reincidencia, debe considerarse únicamente las sentencias condenatorias firmes cuyo registro no hayan caducado.
